Seguridad regional, soberanía erosionada y el costo real de exigir “cabezas”
Durante semanas el debate público en México acerca de la relación con Estados Unidos se ha movido, para no variar, entre dos polos igualmente improductivos:
La defensa abstracta de la soberanía nacional frente a cualquier forma de injerencia extranjera y, en el extremo opuesto, la exigencia estadounidense de resultados inmediatos y espectaculares contra el narcotráfico, aun a costa de acciones unilaterales.
Ambas posiciones, aunque enfrentadas en apariencia, comparten una misma debilidad: evitan discutir el problema en su verdadera escala y complejidad.
El dilema central no es si México debe o no cooperar con Estados Unidos en materia de seguridad. Ese debate está superado por los hechos.
La pregunta relevante es cómo, bajo qué reglas y con qué objetivos estratégicos se está produciendo esa cooperación, y si ésta contribuye a estabilizar la región o, por el contrario, acelera procesos de descomposición institucional y violencia que terminarán pagando, como siempre, las sociedades de ambos países.
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La cooperación subordinada, un hecho normalizado
Existe hoy un consenso amplio —no sólo entre críticos del régimen, sino en buena parte de la opinión pública informada— en que el gobierno mexicano mantiene una cooperación intensa y subordinada con Estados Unidos en materia de seguridad.
Extradiciones aceleradas, intercambio de inteligencia, operaciones conjuntas y gestos políticos calculados forman parte de una dinámica que ya no se oculta ni se niega. Por el contrario, se presenta como pragmatismo responsable frente a una presión externa que no desaparecerá.
Sin embargo, esta cooperación resulta insuficiente para Washington. Para la administración de Donald Trump y para amplios sectores del establishment político y mediático estadounidense, México sigue siendo percibido, en amplios sectores de Washington, como un Estado capturado o severamente infiltrado por redes criminales, cuando no como un socio ambiguo incapaz o poco dispuesto a desmontar las estructuras criminales que alimentan la crisis de opioides.
De ahí que la presión no disminuya, sino que se intensifique, y que las amenazas de acciones unilaterales funcionen, hasta ahora, menos como un ultimátum inmediato y más como un mecanismo permanente de condicionamiento.
Soberanía: entre el dogma y la capacidad real del Estado
Buena parte del discurso oficial mexicano sigue anclado en una concepción de la soberanía forjada en otras circunstancias históricas, útil para resistir intervenciones externas, pero cada vez menos eficaz para describir la realidad material del poder estatal.
La soberanía no es una abstracción jurídica para ser invocada en comunicados inútiles, discursos nacionalistas y arengas patrióticas; es la capacidad efectiva de un Estado para ejercer control territorial, monopolizar el uso legítimo de la fuerza, garantizar derechos y hacer cumplir la ley.
Desde hace años, el Estado mexicano ha perdido esa capacidad en amplias zonas del país. Regiones enteras operan bajo regímenes criminales de facto; las economías ilegales se entrelazan con actividades productivas formales y la frontera entre poder político y crimen organizado se vuelve cada vez más porosa.
En ese contexto, apelar a la soberanía para evitar cualquier revisión profunda de la estrategia de seguridad equivale, en los hechos, a proteger el fracaso institucional.
Esto no significa aceptar sin reservas cualquier esquema impuesto desde el exterior. Significa reconocer que la soberanía que no se ejerce se convierte en un recurso retórico funcional a la impunidad, a la simulación y al crimen.
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El narcotráfico es un problema de seguridad regional, no nacional
Uno de los errores más persistentes en el debate público es tratar al narcotráfico y al crimen organizado como problemas esencialmente nacionales.
Las redes criminales contemporáneas no respetan fronteras: operan con flujos financieros transnacionales, cadenas logísticas regionales, mercados de consumo en el norte y territorios de producción y tránsito en el sur. Pretender enfrentarlas desde marcos exclusivamente nacionales no sólo es ineficaz, sino irresponsable.
Reconocer el carácter regional del problema no implica renunciar a la soberanía, sino redefinirla en términos operativos.
Una estrategia de seguridad regional bien diseñada debería basarse en corresponsabilidad real, reglas claras, mecanismos multilaterales y límites explícitos para la actuación de cada actor.
Implicaría también asumir costos políticos internos y abandonar la ficción de que el Estado mexicano puede, por sí solo, contener una amenaza que lo desborda estructuralmente. El problema es que nada de eso es lo que hoy está sobre la mesa.
Washington no busca una estrategia, busca trofeos
Lo más delicado es que para el gobierno de Trump, su gabinete de seguridad y una parte significativa de la opinión pública estadounidense, la prioridad no es la construcción paciente de un esquema de seguridad regional, la prioridad es obtener cabezas: de narcopolíticos, de líderes criminales, de figuras simbólicas que puedan presentarse como victorias contundentes ante el electorado.
La exigencia de entregar a personajes clave del entramado criminal y político mexicano responde menos a una lógica de estabilización que a una lógica punitiva y electoral.
Es una demanda comprensible desde la política interna estadounidense, pero profundamente riesgosa desde el punto de vista de la seguridad regional. Porque cortar cabezas sin un plan para gestionar las consecuencias no desmantela organizaciones: las fragmenta.
El escenario que se está incubando
La historia reciente de México ofrece lecciones. Cada vez que una organización criminal es decapitada, a falta de una estrategia integral, el resultado no es la pacificación, sino la proliferación de facciones, disputas internas, guerras territoriales y una violencia más difusa y menos controlable.
Las llamadas “mutilaciones” de estructuras criminales suelen producir, en el corto plazo, una ilusión de avance y, en el mediano, un deterioro acelerado del entorno social.
Ni el gobierno estadounidense ni el Estado mexicano en su configuración actual tienen un plan serio para gestionar ese escenario.
La entrega de narcopolíticos puede satisfacer demandas inmediatas, pero deja intactos los factores estructurales del narcotráfico: la corrupción política, la debilidad institucional, los mercados de consumo y las economías ilegales que sustituyen al Estado en vastos territorios.
Si algo así sucede, asistiremos a una nueva y desconocida escalada de violencia que ninguno de los dos gobiernos estará en condiciones de controlar, pero cuyos costos recaerán de manera desproporcionada en la población mexicana.
Sheinbaum, el tiempo prestado
La estrategia del gobierno de Claudia Sheinbaum parece orientada a ganar tiempo en espera de las elecciones intermedias.
Extradiciones masivas, cooperación silenciosa, mensajes de soberanía hacia el consumo interno y gestos de buena voluntad hacia Washington forman parte de un equilibrio precario. Sin embargo, este enfoque tiene límites.
No hay, hasta ahora, señales de una voluntad real de depuración política ni de una reforma profunda de la seguridad ni de la justicia.
Cada vez que el gobierno justifica la entrega de presos argumentando que, aun encarcelados, siguen siendo un peligro para la sociedad, está reconociendo implícitamente su incapacidad para ejercer control efectivo incluso dentro de sus propias prisiones. Es una confesión de parte del fracaso del Estado.
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En ese contexto, la posibilidad de que Estados Unidos decida actuar de manera más directa —no necesariamente mediante una invasión clásica, sino a través de un esquema de seguridad regional diseñado en Washington y ejecutado en México sin capacidad real de veto— no es una hipótesis alarmista, sino una prospectiva realista.
Cooperación sin estrategia o descomposición acelerada
La amenaza de intervención funciona, en muchos casos, mejor que la intervención misma. Pero para el actual gobierno estadounidense esa distinción es secundaria.
La presión continuará mientras no haya resultados que puedan traducirse en capital político interno. Y esos resultados, tal como hoy se conciben, pueden agravar el problema que dicen combatir.
Así, México enfrenta un dilema: o se asume, con todas sus implicaciones, la necesidad de una estrategia de seguridad regional basada en reglas, corresponsabilidad y límites claros, o se seguirá improvisando entre entregas simbólicas, presiones crecientes y una violencia que se desplaza, se fragmenta y se multiplica.
Defender la soberanía no puede seguir siendo un ejercicio retórico que oculte la incapacidad del Estado. Pero ceder a una lógica punitiva externa sin un plan de estabilización es igualmente irresponsable.
Entre ambos extremos existe un espacio estrecho y difícil de transitar: el de una política de seguridad que parta de los hechos verificables, no de los dogmas, y que tenga como prioridad no la satisfacción inmediata de gobiernos, sino la reducción sostenida del daño social.
Persistir en evitar ese debate no preservará la soberanía: sólo transferirá sus costos, cada vez mayores, a la sociedad.
