En las cárceles en Chiapas persisten los actos de tortura y maltrato a los reos, quienes están en condiciones inhumanas y degradantes que niegan la reinserción social y violentan derechos fundamentales, expuso el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba),
Señala que, de acuerdo con información del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas a México, persisten las violaciones a los derechos humanos en los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS).
Tratos degradantes
Subraya que, desde el momento mismo de la detención, a algunas personas privadas de libertad se les somete a actos de tortura y a tratos crueles, inhumanos y degradantes, siguiendo patrones de fabricación de culpables y represión política.
Al ingresar a los CERSS, añade, los internos se enfrentan a trabajos forzados, mala alimentación, falta de atención médica, hacinamiento y constantes amenazas tanto de grupos de autogobierno internos como de las propias autoridades penitenciarias.
Subraya que a pesar de las reformas y de la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la tortura continúa siendo una práctica generalizada.
Lamentan que, a la falta de acceso a la información, tras la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), constituye una barrera para obtener datos públicos, afectando la democracia y limitando la posibilidad de mejorar las condiciones en los centros de detención.
El Frayba señala que tiene documentados 20 casos de tortura y violaciones a derechos humanos en el sistema carcelario estatal entre 2010 y 2025, de los cuales cuatro corresponden a personas privadas arbitrariamente de su libertad y torturadas por la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en Cintalapa, Frontera Comalapa, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.
Indica que las denuncias de las personas privadas de la libertad y de sus familiares revelan que la situación carcelaria es inadecuada debido a la sobrepoblación, pues existe una segregación injustificada en celdas con condiciones precarias, lo que impide a los internos y a sus familias sostenerse económicamente.
En circunstancias específicas, anota, la autoridad cobra un 10% por el ingreso de materiales y la venta de productos, utilizándolo como forma de sanción o castigo.
Siguen los traslados injustificados
Además, apunta que los traslados injustificados continúan como un problema constante que expone a los internos a situaciones de vulnerabilidad y desventaja, llegando incluso a obstaculizar la reinserción social con sus familias o el desarrollo de sus procesos penales, ya que a muchos no se les traslada junto con sus expedientes, lo que provoca el incumplimiento del principio de continuidad.
En materia de salud, indicó que los internos presentan de manera recurrente dolores de estómago y vómitos debido a la ingesta de alimentos en mal estado, sin recibir atención médica adecuada. La mayoría padece estrés postraumático y ansiedad generalizada.
Menciona que dentro de las celdas han sufrido cateos, robo de pertenencias, extorsiones tanto de otros internos como del personal del CERSS, trabajos forzados y la obligación de pagar un “impuesto” para poder utilizar las literas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas denunció que se clausuró a la Fiscalía para la Investigación del Delito de Tortura y, en abril de 2025, se instauró la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura, dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos y a la fecha, esta instancia no genera avances significativos.
Por lo anterior, exige a las autoridades mexicanas tomen acciones contra el autogobierno y la corrupción en los CERSS de Chiapas, y que las denuncias por tortura y malos tratos no queden en la impunidad, que se realicen investigaciones de oficio, prontas, exhaustivas e imparciales.
Lee: El pueblo creyente de Chiapas continuará construyendo caminos de justicia y solidaridad
