A casi una década del feminicidio de Serymar Soto Azúa, se evocó su memoria en Cuernavaca por familiares y colectivos que colocaron su imagen en el Memorial a Víctimas, como parte de una jornada de denuncia pública y exigencia de justicia.
La familia de la víctima tuvo que desplazarse por al menos cuatro entidades del país para protegerse de amenazas persistentes tras el crimen.
Durante el acto, Sandra Soto Azúa, hermana de la joven, expresó que el dolor por su pérdida no cesa y que la lucha que emprendieron busca evitar que los responsables vuelvan a las calles.
Señaló que, pese a existir una sentencia, el agresor elude la acción de la justicia mediante recursos y solicitudes de beneficios legales.
Soto advirtió que, aun con una condena de más de 46 años, persiste la posibilidad de que el responsable obtenga reducciones o beneficios, lo que mantiene en zozobra a la familia.
Por ello, hizo un llamado al gobierno federal y a los poderes legislativos para cerrar cualquier resquicio legal que permita a los feminicidas acceder a ventajas una vez que las sentencias son firmes.
Memorial y acompañamiento de colectivos
La imagen de Serymar se colocó en el altar del Memorial a Víctimas, espacio donde desde 2011 se reúnen los rostros de personas asesinadas en distintos hechos de violencia en Morelos.
Esta acción recibió acompañamiento por integrantes del colectivo Existimos porque Resistimos, quienes respaldaron a la familia y reiteraron la necesidad de mantener visibles los casos de feminicidio para impedir su olvido.
El crimen a Serymar y sus consecuencias familiares
Serymar, de 21 años, fue asesinada en 2017 por su pareja, quien la atropelló de manera intencional. En un primer momento, el responsable intentó presentar el hecho como un accidente; sin embargo, la investigación permitió acreditar el feminicidio.
Tras su muerte, la hermana de la víctima asumió el cuidado del hijo de Serymar, quien actualmente tiene 12 años.
Desde el asesinato, la familia desplazó su residencia por cuatro estados: Coahuila, Estado de México, Ciudad de México y, más recientemente, en Morelos, como medida de protección ante amenazas en relación con el caso.
En Cuernavaca, al conmemorar el noveno aniversario luctuoso, reiteraron la exigencia de que el Estado mexicano garantice que las sentencias se cumplan sin concesiones, para permitir a las víctimas indirectas reconstruir su vida en condiciones de seguridad y dignidad.
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