La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), consumada legalmente el 16 de octubre de 2025, no cerró todos los expedientes que abrió. Entre ellos, uno sigue creciendo como un conflicto político, laboral y jurídico que el gobierno federal ha optado por administrar con dilación: el de decenas de extrabajadores que, a más de tres meses de la extinción del organismo, continúan sin indemnización y sin una respuesta institucional clara.
No se trata de un grupo residual que se resiste a aceptar una decisión tomada por el Congreso. Es un caso que expone con nitidez cómo el Estado mexicano ha gestionado —o evadido— las consecuencias laborales de la desaparición de organismos autónomos constitucionales, y cómo esa evasión ha convertido derechos laborales básicos en daños colaterales de un proyecto político que privilegia la concentración del poder sobre la responsabilidad institucional.
Un conflicto que no terminó con la extinción
La extinción del IFT afectó a alrededor de mil 200 trabajadores. De ellos, cerca de 900 recibieron indemnizaciones entre el 22 y el 23 de septiembre de 2025, semanas antes de que el organismo dejara de existir formalmente. Sin embargo, un grupo de 133 personas —trabajadores de “libre designación”, es decir, puestos de confianza— quedó fuera de ese proceso, pese a haber desempeñado funciones sustantivas en regulación, competencia y supervisión del sector.
Desde entonces, el número de afectados se ha reducido a alrededor de 70. No porque el problema se haya resuelto, sino porque el desgaste económico, emocional y organizativo ha hecho mella. La precarización también es una forma de presión. Hoy, ese grupo mantiene demandas individuales ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), realiza protestas periódicas y exige la intervención directa del gobierno federal.
En enero de 2026, las manifestaciones regresaron a la calle: bloqueos en Avenida Insurgentes frente a la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y una protesta frente a Palacio Nacional, donde los extrabajadores pidieron la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum. Nadie renunció, el organismo fue extinguido y el Estado sigue sin hacerse cargo de las consecuencias.
Extinción no es renuncia
El centro del conflicto no está en si los trabajadores eran de base o de confianza, ni en si ingresaron por concurso o por designación. Ese debate ha sido funcional para desviar la atención. El punto crítico es otro y de fondo: la utilización de una figura administrativa para simular renuncias donde hubo una extinción legal por ministerio de ley.
Para poder acceder a su Seguro de Separación Individualizado (SSI), administrado por MetLife, los extrabajadores firmaron un documento de “baja definitiva”, un requisito técnico para liberar recursos de ahorro. La CRT utilizó ese mismo documento para sostener que la relación laboral había concluido por voluntad de los empleados, cerrando así la vía administrativa para cualquier indemnización y trasladando el conflicto a los tribunales.
La consecuencia: se canceló la mediación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se clausuró el diálogo político y se dejó a los trabajadores atrapados en un limbo legal que el propio Estado provocó y que ahora se desentiende de resolver.
Audios difundidos por periodistas documentan promesas oficiales de pago en plazos de 15 días o seis semanas, condicionadas a trámites administrativos que nunca condujeron a una solución real. Los hechos no sólo alimentaron la percepción de engaño, sino que confirmó una práctica de desgaste deliberado.
El limbo como forma de gestión pública
Lo que ocurre con los extrabajadores del IFT es una forma de gestión política del conflicto laboral que el actual gobierno ha normalizado.
Durante meses, el Estado sostuvo una narrativa de “análisis”, “revisión” y “cumplimiento de la ley”, mientras utilizaba el tiempo como principal mecanismo de contención. En ese lapso, los trabajadores agotaron ahorros, enfrentaron divisiones internas y quedaron expuestos a intermediaciones opacas, incluidas denuncias sobre supuestas comisiones exigidas por algunos gestores. El vacío institucional no sólo desprotege, también degrada.
Nada de esto altera el hecho de que el Estado extinguió un organismo constitucional sin diseñar una política laboral de transición, sin reglas claras y sin asumir costos. La improvisación, lo sabemos, no es una falla del sistema sino su método.
Lo mismo que en otros organismos
El caso del IFT no es una excepción. Es un antecedente dentro de un patrón más amplio que atraviesa a otros organismos autónomos constitucionales desaparecidos o reformados entre 2024 y 2025.
En el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), cientos de trabajadores enfrentaron meses de incertidumbre antes de alcanzar acuerdos de liquidación percibidos como insuficientes. En la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la absorción de funciones dejó zonas grises sobre continuidad laboral y derechos adquiridos. En el Poder Judicial de la Federación, la reforma constitucional derivó en despidos, reasignaciones forzadas y denuncias de renuncias inducidas.
El denominador común son las transformaciones institucionales profundas sin reglas laborales de transición, donde la carga del ajuste recae en los trabajadores y la salida estándar es la judicialización prolongada. No se trata de fallas de implementación, sino de la decisión política de diferir el costo humano del rediseño del Estado y desplazar el conflicto fuera del espacio público inmediato.
Derechos laborales frente a la demolición de contrapesos
Defender los derechos laborales de los extrabajadores del IFT no es una causa gremial ni una defensa de privilegios burocráticos. Es una discusión sobre la coherencia mínima del Estado democrático.
Los organismos autónomos constitucionales fueron creados como contrapesos al poder político en áreas estratégicas. Su desaparición puede debatirse políticamente, pero no puede ejecutarse sin asumir sus consecuencias. Un Estado que presume compromiso con la justicia social no puede tratar los derechos laborales como variables prescindibles cuando interfieren con su proyecto de poder.
Viven en la contradicción permanente: se invoca la legalidad para extinguir instituciones, pero se la relativiza cuando se trata de proteger a quienes las integraban. Para la 4T cuando los contrapesos estorban, también estorban todos los derechos que los acompañan.
Pregunta evadida
El conflicto de los extrabajadores del IFT sigue abierto. No hay sentencias, no hay acuerdos y no hay señales claras de voluntad política para resolverlo fuera de los tribunales. Pero más allá del desenlace jurídico, el caso deja una pregunta que el gobierno federal ha preferido esquivar: ¿qué tipo de Estado se construye cuando elimina instituciones sin hacerse cargo de quienes las sostuvieron? Nosotros lo sabemos: un gobierno autoritario.
Normalizar el limbo laboral como efecto colateral de la concentración del poder no es una anécdota administrativa, es un precedente político que terminará por convertirse en regla.
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