El coordinador de los diputados del PAN, Elías Lixa Abimerhi formalizó ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la solicitud para que se someta de inmediato al Pleno el acuerdo que cita a comparecer al secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, con el propósito de informar con precisión sobre la crisis nacional de sarampión y el estado real de las coberturas de vacunación.
México enfrenta un brote epidémico con 9 mil 478 casos confirmados en las 32 entidades federativas y 29 defunciones acumuladas; el 66% corresponde a menores de edad.
Se requiere respuesta inmediata
El líder parlamentario comentó que la dimensión del impacto en la niñez obliga a una respuesta institucional inmediata.
«Para el PAN, la comparecencia es un deber constitucional, donde el Congreso tiene la facultad de llamar a los secretarios de Estado a rendir cuentas bajo protesta de decir verdad cuando el interés público así lo exige».
Los datos presupuestales agravan el escenario., pus señala que entre 2022 y 2025, la Secretaría de Salud dejó sin ejercer 44 mil 457 millones de pesos destinados específicamente al Programa de Vacunación, más del 70% de los recursos aprobados por esta soberanía. Con ese monto se habrían podido financiar más de 347 millones de dosis.
Resaltó que una vacuna contra el sarampión cuesta aproximadamente 128 pesos; inmunizar a los cerca de dos millones de niñas y niños que nacen cada año en México implicaría alrededor de 256 millones de pesos anuales.
El recurso no ejercido habría sido suficiente para cubrir esa necesidad durante décadas. «Cuando el dinero público destinado a proteger a la niñez no se ejerce plenamente, la consecuencia no es contable, es epidemiológica», señaló.
Emite PAN un extrañamiento al Ejecutivo
Adicionalmente, la bancada panista emitió un extrañamiento formal al Ejecutivo Federal por incumplir el plazo legal para responder las preguntas parlamentarias derivadas del análisis del Informe de Gobierno.
Conforme al artículo 69 constitucional y al artículo 130, numeral 8, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el plazo máximo de respuesta es de 15 días; sin embargo, han transcurrido 61 días sin contestación oficial.
«El respeto a la ley no es opcional. Responder al Congreso no es una cortesía política, es una obligación legal», enfatizó Lixa Abimerhi.
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