En menos de 48 horas y sin cambios a la propuesta original, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados ya circulan el proyecto de dictamen de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El documento, de 130 páginas, establece la disminución del costo del sistema electoral. El cálculo del financiamiento ordinario de los partidos pasa del 65% de la UMA por cada ciudadano del padrón electoral al 48.75% de la UMA.
Se mantiene la fórmula: 30% igualitario y 70% según la votación obtenida en la elección anterior.
Cambios en la integración del Congreso
La iniciativa, enviada el miércoles pasado por la mandataria federal, mantiene el tamaño de la Cámara de Diputados: 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.
Sin embargo, la propuesta cambia cómo se asignan los plurinominales:
- 100 para los mejores perdedores o candidatos que no ganaron el distrito, pero obtuvieron el mayor porcentaje de votos.
- 100 por votación directa en circunscripciones regionales, incluyendo la representación de mexicanos en el extranjero.
El documento señala que el Senado se constituirá con 96 senadores, con lo que se eliminan las 32 senadurías plurinominales.
Nuevas reglas de financiamiento
En el documento se plantea fortalecer los controles financieros y para ello se propone:
- Prohibición expresa de recibir recursos de gobiernos u organismos extranjeros, así como de personas residentes fuera de México.
Además, todas las aportaciones privadas deben hacerse vía el sistema financiero; no se permiten aportaciones en efectivo.
Los bancos e instituciones financieras deberán reportar las operaciones relacionadas con campañas al Instituto Nacional Electoral (INE).
Regulación de propaganda con inteligencia artificial
El proyecto de dictamen establece que todo contenido electoral generado o alterado con inteligencia artificial (IA) debe estar etiquetado.
Las plataformas digitales, la radio y la televisión deben advertirlo y evitar difundir contenido no etiquetado.
Además, se reducen los tiempos del Estado para propaganda electoral: de 48 minutos a 35 minutos diarios en radio y televisión durante las campañas.
