Jueces protestan frente a la Corte
Integrantes del Comité Coordinador de Titulares Federales Cesados se manifestaron esta mañana frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir el pago de indemnizaciones y pensiones complementarias a más de 250 juzgadores federales que perdieron su cargo tras la reforma judicial publicada el 15 de septiembre de 2024.
Los manifestantes llegaron desde las 08:30 horas a las puertas del máximo tribunal del país portando carteles y una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum.
En el documento, los jueces y magistrados denunciaron que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) ha incumplido durante seis meses lo dispuesto en el artículo 10° transitorio del decreto constitucional de la reforma judicial.
Exigencias claras: indemnizaciones y pensiones constitucionales
Los manifestantes recordaron que la propia reforma judicial establece el derecho a recibir un pago equivalente a tres meses de salario integrado más veinte días de salario por cada año de servicio prestado. Además, los presupuestos de egresos deben considerar los recursos necesarios para cubrir las pensiones complementarias de quienes ya se encontraban jubilados.
“Las mujeres que son cabeza de familia y tienen a su cargo hijos y padres mayores de edad, compromisos escolares, pagos de hipotecas y deudas en general se encuentran en una situación crítica”, advirtieron los inconformes.
A esta problemática se suma el impedimento constitucional que les prohíbe ejercer su profesión durante dos años en la entidad donde fueron cesados.
Protestas se extienden a otros puntos de la capital
Paralelamente a la manifestación de los juzgadores federales, diversas organizaciones sociales convocaron concentraciones en puntos estratégicos como Palacio Nacional y la propia Suprema Corte. Los colectivos exigen desde indemnizaciones para jueces cesados hasta justicia por maltrato animal y el esclarecimiento de desapariciones.
La nueva Corte cumple seis meses entre protestas
El 1 de marzo la Suprema Corte cumplió sus primeros seis meses operando con ministras y ministros electos por voto popular.
La nueva conformación, encabezada por Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Guerrero y Sara Herrerías, ha enfrentado protestas ciudadanas por proyectos considerados polémicos.
Presión ciudadana frena proyectos controversiales
La presión social ha logrado aplazar o retirar proyectos de sentencia en al menos dos ocasiones relevantes. El 9 de octubre de 2025, Repartidores Unidos de México logró detener una iniciativa, mientras que el 19 de enero, organizaciones vecinales por el derecho a la vivienda protestaron contra un proyecto de la ministra María Estela Ríos que pretendía validar cambios a la Constitución capitalina.
Los colectivos denunciaron que dichas modificaciones podrían eliminar garantías mínimas y legalizar desalojos arbitrarios en la Ciudad de México. El proyecto de la ministra Lenia Batres sobre indemnizaciones por causa de muerte civil también continúa pendiente de resolución tras las críticas recibidas.
Juzgadores afectados mantendrán presión hasta obtener respuesta
Los jueces y magistrados del Comité Coordinador advirtieron que continuarán con sus movilizaciones hasta obtener una respuesta satisfactoria del gobierno federal. El incumplimiento en los pagos, señalaron, afecta gravemente la estabilidad económica y emocional de sus familias.
Mientras tanto, el Órgano de Administración Judicial en Avenida Revolución #1508, colonia Guadalupe Inn, se mantiene como uno de los puntos de exigencia para los manifestantes, quienes demandan una solución inmediata a su situación laboral y de seguridad social.
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