El pleno del Senado recibió de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos el dictamen sobre la reforma del artículo 127 de la Constitución en materia de pensiones enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone limitar la prestación en 70 mil pesos mensuales.
Con esta modificación al dictamen -que recibió primera lectura y este miércoles se someterá a discusión y votación-, ninguna pensión otorgada al sector público podrá superar la mitad del salario mensual de la o el Presidente, lo que equivale a alrededor de 70 mil pesos, salvo algunas excepciones para integrantes de las Fuerzas Armadas y otros casos específicos.
El ahorro
Los legisladores destacaron que, de aprobarse la reforma, el gobierno podría ahorrar alrededor de seis mil millones de pesos anuales, actualmente destinados a exfuncionarios con pensiones millonarias de organismos como la extinta Luz y Fuerza del Centro, Banobras, Pemex o Nacional Financiera.
Antes, en la discusión en comisiones unidas, las seis bancadas de los diferentes partidos representados en el Senado respaldaron la iniciativa, aunque el debate político fue intenso.
Pavel Jarero, de Morena, defendió la propuesta presidencial, al señalar que busca reparar décadas de privilegios:
“Estamos regresando a los trabajadores lo que el prianismo les robó durante décadas de malos gobiernos. Es inaceptable que millones de mexicanos tengan pensiones modestas y que una casta disfrute de estas jubilaciones ofensivas en los tiempos actuales”, dijo.
Por el contrario, Carolina Viggiano, del PRI, expuso que el gobierno federal trata de «ponerle un corcho a una fuga del tamaño de un río», pues el huachicol fiscal, las pérdidas de las obras faraónicas y la deuda impagable de Pemex hacen que esto palidezca.
«No hay aquí combate a la corrupción; sólo hay resentimiento, propaganda y persecución a molinos de viento del pasado», enfatizó.
A su vez, Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, advirtió que su bancada votará a favor de eliminar estas pensiones escandalosas.
No obstante, denunció la negación cerrazón de no fijar estas pensiones en Unidades de Medida y Actualización (UMAs) y de no hacerlo extensivo a la administración pública centralizada, a las Fuerzas Armadas y a los propios sindicatos.
De su lado, Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano (MC), manifestó la oposición de su fracción a que se excluya a las Fuerzas Armadas en esta determinación, como lo plantea esta iniciativa.
