Protesta en juzgados de Otumba expone tensiones en justicia familiar del Edomex
Una protesta frente a los juzgados del municipio de Otumba volvió a poner en el centro del debate los conflictos que rodean los procesos de custodia de menores en el sistema de justicia familiar del Estado de México.
Familiares de un padre de familia se manifestaron en las instalaciones judiciales para denunciar presuntas irregularidades en un proceso que derivó en la entrega de la custodia de dos menores a su madre.
Los inconformes señalaron que la resolución la emitió el juez Óscar Cueto Cruz, pese a que —según afirman— los niños llevaban alrededor de ocho meses viviendo con su padre mientras se desarrollaba el litigio.
Durante la protesta también aseguraron que, en la audiencia de “escucha del menor”, los niños habrían expresado su deseo de permanecer con su padre.
Protesta en Otumba: la disputa legal comenzó en 2025
De acuerdo con los manifestantes, el conflicto legal inició el 16 de julio de 2025, cuando comenzó el proceso judicial por la guardia y custodia de los menores.
Durante los meses posteriores, los niños permanecieron bajo el cuidado del padre en el municipio de Otumba mientras el caso avanzaba en los tribunales.
Sin embargo, tras la audiencia celebrada el 10 de marzo de 2026, el juzgado resolvió otorgar la custodia a la madre.
Los familiares del padre consideran que la resolución no tomó en cuenta la estabilidad que los menores habían desarrollado durante ese periodo. Señalaron que tampoco se habrían establecido medidas claras de convivencia para el padre.
Manifestantes denuncian presuntas irregularidades
Durante la movilización, algunos participantes señalaron presuntas irregularidades en la conducción del expediente judicial.
Entre los funcionarios mencionados por los inconformes se encuentran el secretario Javier Olivares Castillo, así como los actuarios Chayanne Nava Martínez y Fabiola Espejel Andrade.
Los manifestantes afirmaron que enfrentaron dificultades para consultar el expediente y retrasos en diligencias. Esa circunstancia —según dijeron— generó dudas sobre la forma en que se condujo el proceso.
También mencionaron versiones sobre un supuesto soborno previo a la audiencia, aunque las autoridades judiciales no confirmaron todavía esas afirmaciones.
Poder Judicial sostiene que decisiones priorizan a los menores
En casos de custodia, el Poder Judicial del Estado de México sostiene que las resoluciones deben basarse en el principio del interés superior de la niñez. Ese criterio figura en la legislación mexicana y en tratados internacionales.
Este principio obliga a jueces y juezas a evaluar factores como seguridad, estabilidad emocional, entorno familiar y condiciones de desarrollo de los menores antes de emitir una resolución.
Autoridades judiciales señalan que los procesos familiares suelen ser complejos a causa de la confrontación entre las partes y la necesidad de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Justicia familiar, uno de los sistemas más saturados
Especialistas en derecho familiar señalan que los conflictos de custodia y convivencia forman parte de los litigios más frecuentes en los tribunales familiares del país.
Estos procesos suelen prolongarse durante meses o incluso años y con frecuencia generan tensiones entre familiares que consideran injustas las resoluciones judiciales.
Además, organizaciones civiles y académicos han advertido que los juzgados familiares enfrentan sobrecarga de casos, procesos prolongados y alta conflictividad entre las partes, lo que complica la resolución de los litigios.
En ese contexto, protestas como la registrada en Otumba reflejan la desconfianza que a veces generan las decisiones judiciales en disputas familiares altamente sensibles.
Familiares anuncian que llevarán el caso a otras instancias
Durante la manifestación, los inconformes colocaron pancartas frente a los juzgados y exigieron que el caso sea revisado por instancias superiores del sistema judicial mexiquense.
Advirtieron que continuarán con movilizaciones públicas mientras buscan que el proceso sea revisado y se investiguen las presuntas irregularidades señaladas.
Los manifestantes sostienen que su objetivo es que el caso se analice nuevamente bajo el principio del interés superior de la niñez. Ese principio, anotaron, debe guiar todas las decisiones judiciales en materia familiar.
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