La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que la elección judicial se llevará a cabo en 2027, al tiempo que defendió los ajustes incluidos en el denominado “Plan B” electoral, luego de que no se alcanzara la mayoría calificada en el Congreso para aprobar una reforma constitucional en la materia.
“Tomé la decisión de que siga siendo en el 27, aprovechar ya la elección del 27 para atender todo de una vez”, afirmó la mandataria, al explicar que la modificación busca empatar los procesos electorales y facilitar su organización.
Además de fijar la realización de la elección judicial en 2027, se proponen cambios para reducir el número de candidatos en las boletas y fortalecer los filtros de selección. “Que las comisiones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial puedan hacer una mayor revisión de los perfiles”.
Detalló que, aunque la reforma constitucional no prosperó —“sólo votó Morena, algunos diputados del Verde y algunos del PT, pero no se consiguió la mayoría calificada”—, su gobierno mantendrá la ruta de cambios legales orientados a reducir costos y limitar excesos en el sistema político-electoral.
Disminución de gasto a INE y partidos
Uno de los principales ejes del “Plan B” es la reducción del gasto del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los partidos políticos. “Voy a seguir insistiendo que es indispensable que no se gaste tanto en los procesos electorales, ni en los partidos políticos”, sostuvo.
En este sentido, explicó que, aunque no se logró disminuir el financiamiento público a los partidos, la iniciativa sí incorpora nuevas obligaciones de transparencia. Entre ellas, que ningún dirigente partidista pueda percibir ingresos mayores a los de la titular del Ejecutivo federal, así como la prohibición de bonos y seguros médicos financiados con recursos públicos.
“Se está poniendo en la ley que se transparente todos los recursos, que ningún presidente de partido o secretario general pueda ganar más que la presidenta”, puntualizó.
Asimismo, indicó que se fortalecerán los mecanismos de fiscalización, incluso con la posibilidad de intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando el INE lo solicite, con el fin de verificar el origen de los recursos y evitar financiamiento ilícito.
Pese al revés legislativo a su propuesta original, Sheinbaum insistió en que el debate sobre la austeridad en el sistema político debe mantenerse. “No por eso uno debe dejar de decirlo”, señaló.
Finalmente, recordó que ya existen cambios aprobados en la Constitución, como la prohibición de la reelección inmediata y el impedimento para que familiares directos ocupen el mismo cargo de manera consecutiva a partir de 2030.
“Para una reforma constitucional se requieren las dos terceras partes, y en este caso no se alcanzaron”, concluyó.
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