A 88 años del decreto que cambió el rumbo de la economía nacional, los registros históricos permiten reconstruir con precisión técnica y documental los eventos que llevaron a la expropiación de la industria petrolera.
Lejos de la retórica, los hechos de marzo de 1938 se cimentaron en un conflicto legal, laboral y diplomático que puso a prueba la soberanía del Estado mexicano frente a los intereses de las mayores potencias de la época.
El origen: la crisis laboral de 1936
El camino hacia la expropiación no comenzó como una decisión política repentina, sino como un conflicto de gremios. En 1936, se fundó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que de inmediato presentó un proyecto de contrato general a las compañías extranjeras exigiendo una jornada de 40 horas, pensiones y aumentos salariales.
Ante la negativa de empresas como la Standard Oil (EE. UU.) y la Royal Dutch Shell (Reino Unido/Holanda), el sindicato acudió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
La investigación económica de la Junta determinó que las petroleras tenían utilidades suficientes para cubrir las demandas, pero estas se negaron sistemáticamente a pagar.
El fallo de la Suprema Corte
El momento crítico llegó en los primeros días de marzo de 1938. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó un laudo a favor de los trabajadores ordenando a las empresas el pago de 26 millones de pesos en salarios caídos y beneficios.
El 16 de marzo, las 17 compañías petroleras extranjeras declararon públicamente su rebeldía, afirmando que no podían —ni querían— cumplir con la ley mexicana. Este desacato legal fue el fundamento jurídico que permitió al presidente Lázaro Cárdenas invocar la Ley de Expropiación de 1936.
La noche del decreto: 22:00 horas
El 18 de marzo de 1938, a las 10 de la noche, Cárdenas leyó por radio el histórico manifiesto. El decreto afectó a los bienes de 17 empresas, incluyendo gigantes como:
- Compañía Mexicana de Petróleo El Águila (subsidiaria de Shell).
- Huasteca Petroleum Company (subsidiaria de Standard Oil of New Jersey).
- Sinclair Pierce Oil Company.
El fundamento constitucional fue el artículo 27, redactado en 1917, que establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la Nación.
El boicot internacional y la respuesta social
La respuesta extranjera fue inmediata y severa. El Reino Unido rompió relaciones diplomáticas con México y Estados Unidos suspendió las compras de plata, vitales para la economía mexicana.
Las compañías iniciaron un bloqueo tecnológico, retirando a sus técnicos y prohibiendo la venta de refacciones y tetraetilo de plomo (esencial para la gasolina de la época).
Ante la urgencia de pagar las indemnizaciones para evitar una intervención militar o sanciones mayores ocurrió el fenómeno de la colecta nacional. Entre el 23 de marzo y los meses siguientes, miles de ciudadanos entregaron ahorros y objetos de valor. Aunque la recaudación fue simbólica frente a la deuda total, legitimó el movimiento ante la comunidad internacional.
La consolidación: el nacimiento de PEMEX
Tres meses después del decreto, el 7 de junio de 1938, se fundó Petróleos Mexicanos (PEMEX) como el organismo encargado de administrar los activos expropiados.
La industria tuvo que aprender a operar «a ciegas«, ya que las empresas se llevaron los mapas de los pozos y los planos de las refinerías.
No fue sino hasta 1942, tras la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que se fijó la indemnización definitiva de 23.9 millones de dólares más intereses para cerrar el conflicto con las empresas estadounidenses.
