La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, anunció la presentación de una iniciativa para crear una ley general en materia de feminicidio, acompañada de una reforma constitucional, con el objetivo de homologar su tipificación en todo el país, fortalecer la investigación y endurecer las sanciones.
Durante la presentación, la funcionaria subrayó la dimensión social y humana del problema. “Hablar de feminicidio no sólo es hablar de cifras o de normas jurídicas, es hablar de vidas que fueron arrebatadas”, afirmó, al señalar que se trata de un fenómeno que refleja una deuda histórica en el acceso a la justicia para las mujeres.
Godoy Ramos adelantó que el próximo 15 de abril la Fiscalía General de la República dará a conocer su plan estratégico de procuración de justicia, documento que ya fue entregado al Senado y al Ejecutivo federal. “El feminicidio debe entenderse no sólo como un delito, sino como una grave violación a los derechos humanos que exige respuestas estructurales de todas las instituciones del Estado mexicano”, sostuvo.
Homologación del delito y agravantes
La propuesta contempla modificar el inciso a de la fracción XXI del artículo 73 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de prevención, investigación y sanción del feminicidio. “Se requiere una reforma constitucional […] que permita una adecuada articulación de acciones desde los distintos niveles de gobierno”, explicó.
Entre los ejes centrales destaca la homologación del tipo penal a nivel nacional, lo cual incluye el reconocimiento de al menos nueve razones de género que permitirán acreditar el delito, tales como:
- Signos de violencia sexual o lesiones degradantes.
- Antecedentes de violencia.
- Relaciones de poder o subordinación.
- Incomunicación de la víctima o exposición del cuerpo.
Además de establecer penas de entre 40 y 70 años de prisión y sanciones para la tentativa de feminicidio —de la mitad hasta dos terceras partes de la pena—, se incorpora un catálogo de 21 agravantes. Estas aplicarán, por ejemplo, en casos donde la víctima:
- Sea niña, adolescente o adulta mayor.
- Tenga alguna discapacidad.
- Sufra el delito frente a sus hijos.
- Sea mujer en contexto de movilidad, migrante o perteneciente a pueblos originarios y comunidades afrodescendientes.
Investigación con perspectiva de género y consecuencias jurídicas
Uno de los elementos clave es la obligación de investigar toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio desde el inicio. “Para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis del feminicidio”, señaló.
La iniciativa también establece que el delito será perseguido de oficio, con carácter imprescriptible tanto en la acción penal como en las sanciones y la reparación del daño. Asimismo, contempla consecuencias jurídicas para los agresores, como la pérdida de derechos sucesorios, patria potestad, tutela, guarda y custodia, así como cualquier beneficio legal relacionado con la víctima.
Creación de fiscalías especializadas y protocolos
En materia institucional, el proyecto plantea la homologación de protocolos de investigación en todo el país. Esto requiere la incorporación obligatoria de la perspectiva de género, la debida diligencia reforzada y el análisis de contexto de violencia. “Existe una obligación de investigar con la debida diligencia en forma reforzada”, enfatizó la fiscal.
También se prevé la creación o fortalecimiento de fiscalías especializadas, integradas por ministerios públicos, policías y peritos capacitados y certificados en investigación de feminicidio, atención a víctimas y técnicas de investigación criminal.
En este sentido, se busca garantizar continuidad en las indagatorias mediante esquemas que eviten interrupciones por cambios de turno, para la protección efectiva de los derechos de las víctimas.
Finalmente, la fiscal destacó que la propuesta incluye el derecho de las víctimas a la reparación integral del daño. Se busca el establecimiento de políticas públicas y mecanismos de coordinación interinstitucional para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia feminicida en México.
“Combatir las violencias contra las mujeres es una lucha permanente en la que deben converger las instituciones del Estado, las colectivas feministas, la academia y la sociedad civil”, concluyó.
La ley general atenderá a menores en orfandad
A su vez, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, aseguró que la nueva ley en materia de feminicidio busca garantizar atención integral a las víctimas y fortalecer la prevención de este delito, con especial atención a niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad.
Al presentar los alcances de la iniciativa, señaló que el feminicidio tiene consecuencias que van más allá de la pérdida de la vida. “Es un delito que arrebata la vida de las mujeres, pero sin duda también transforma la vida de sus familias, especialmente de sus hijas e hijos”, indicó.
Enfoque de derechos y reparación del daño
Explicó que la legislación incorpora un enfoque amplio de derechos, que incluye acceso a la verdad, justicia, atención médica y psicológica para sobrevivientes, así como acompañamiento jurídico gratuito para familiares. “Se reconocen también a las víctimas indirectas, como los hijos e hijas, quienes requieren protección integral”, dijo.
Uno de los ejes centrales es la reparación del daño, la cual, subrayó, debe ser “adecuada, efectiva, rápida y proporcional”, además de contemplar acciones del Estado para restituir derechos, particularmente de menores afectados por el feminicidio de sus madres.
Prevención y límites en medios digitales
La funcionaria también destacó que la propuesta establece límites a la difusión de información en medios digitales. “No se puede permitir la exhibición de imágenes de las víctimas de manera amarillista ni contenidos que hagan apología del delito”, advirtió.
En materia de prevención, señaló que el feminicidio no ocurre de forma aislada, sino como resultado de violaciones sistemáticas a derechos humanos, por lo que se plantea fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno y ampliar los mecanismos de atención temprana.
Entre las medidas contempladas se encuentran:
- Acceso a refugios, servicios especializados y líneas de atención para mujeres en situación de violencia.
- Litigios estratégicos.
- Creación de una comisión especial que dé seguimiento a la implementación de la ley y promueva campañas permanentes.
- Integración de grupos técnicos en fiscalías especializadas.
- Actualización de registros nacionales de feminicidio.
Finalmente, Gómez Saracíbar anunció la creación de un registro nacional de niñas, niños y adolescentes en orfandad por feminicidio, en coordinación con autoridades federales.
Este registro “permitirá mejorar la atención, actualizar protocolos y garantizar la restitución de derechos de quienes son víctimas indirectas”, concluyó.
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