El Congreso de Baja California aprobó por unanimidad una reforma a la Ley de Expropiación del estado para armonizar su contenido con la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal y actualizar la denominación de las autoridades responsables en estos procesos.
Con 16 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, el pleno aprobó el Dictamen 81 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (CGLyPC), derivado de la iniciativa presentada por la diputada Dunnia Montserrat Murillo López.
La reforma busca precisar la denominación de la autoridad expropiante y de la secretaría encargada de ejecutar los procedimientos, conforme a la estructura vigente del Poder Ejecutivo estatal.
Lenguaje incluyente y no discriminatorio
De acuerdo con la legisladora promovente, la modificación también responde a la necesidad de incorporar un lenguaje incluyente y no discriminatorio en la legislación, así como actualizar los nombres de dependencias y secretarías conforme a la reorganización administrativa reciente.
El ajuste legal se enmarca en los cambios derivados del Plan Estatal de Desarrollo presentado en 2021 por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, que contempló una reconfiguración de las dependencias estatales y la creación de nuevas estrategias administrativas.
En ese contexto, se identificó que diversos ordenamientos jurídicos, como la Ley de Expropiación, aún contenían nomenclaturas y estructuras que ya no corresponden a la realidad institucional actual, debido a la desaparición, fusión o cambio de nombre de algunas dependencias.
La reforma aprobada busca, además, fortalecer la certeza jurídica en los procesos de expropiación, al alinear el marco normativo con la organización vigente del gobierno estatal y promover principios de igualdad e inclusión en el lenguaje legal.
El dictamen fue elaborado por la comisión que preside el diputado Juan Manuel Molina, como parte de los trabajos de actualización del marco jurídico estatal.
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