La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en México no se cometen crímenes de lesa humanidad en materia de desaparición forzada, al tiempo que rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, al considerar que contiene “debilidades” y una orientación política contra su gobierno.
La mandataria fue enfática al diferenciar entre las desapariciones forzadas cometidas por el Estado, como ocurrió en el pasado, y las que hoy están vinculadas principalmente a la delincuencia organizada.
“Un crimen de lesa humanidad, dicho por Naciones Unidas, es aquel que se perpetra desde el Estado… no es lo mismo lo que ocurre con el crimen organizado”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que actualmente no existe una política estatal para desaparecer personas, como sí ocurrió durante la llamada “guerra sucia”.
“Eso ya no ocurre en México. Si llega a ocurrir por un servidor público, debe ser sancionado, porque no es una orden del Estado”, puntualizó.
Críticas a la metodología del comité
Sheinbaum insistió en que el informe del comité incurre en una interpretación incorrecta al equiparar fenómenos distintos y al extrapolar conclusiones sin considerar el contexto actual.
“No pueden acusar a un gobierno que luchó contra la desaparición forzada del Estado de estar cometiendo el mismo delito”, dijo.
La presidenta explicó que el análisis del organismo se basa en información de entre 2009 y 2017 en solo cuatro entidades, lo que, afirmó, limita su validez.
“Ellos utilizan un análisis del 2009 al 2017 y extrapolan hasta 2025; no toman en cuenta las observaciones que presentamos ni lo que se ha hecho recientemente”, señaló.
Además, criticó que el comité no haya incorporado las respuestas enviadas por el gobierno mexicano al borrador del documento.
“Ni siquiera se tomaron el tiempo para dialogar sobre las observaciones que enviamos”, reprochó.
Sheinbaum sostuvo que su administración no niega la problemática de las desapariciones, pero sí rechaza la forma en que el informe la caracteriza.
“No negamos la situación, la estamos atendiendo; lo que no estamos de acuerdo es hacia dónde quiere llevar este documento”, indicó.
Acciones del gobierno y relación internacional
La mandataria destacó que, a diferencia del pasado, hoy existe una política pública enfocada en la búsqueda de personas y la atención a víctimas, con la participación de distintas instituciones.
“Por primera vez se instaló una comisión de búsqueda, se han fortalecido leyes, se trabaja con colectivos y se han destinado más recursos”, enumeró.
También cuestionó que el informe no reconozca acciones como la sanción a funcionarios implicados en estos delitos.
“El hecho de que un funcionario público sea acusado y detenido por desaparición forzada es una señal de que hay cero impunidad”, afirmó.
Sobre la cooperación internacional, Sheinbaum aclaró que México mantiene colaboración con diversas instancias de la ONU, aunque marcó distancia con el comité responsable del informe.
“Trabajamos con Naciones Unidas en distintos temas; este comité de expertos emite un documento que, cuando uno lo lee, es evidente que tiene otra orientación”, señaló.
En ese contexto, advirtió que el documento busca escalar el tema a la Asamblea General de la ONU.
“Tiene la intención de llevar una posición en contra del gobierno de México, cuando nosotros estamos atendiendo el problema”, sostuvo.
La presidenta aseguró que, si el objetivo fuera brindar apoyo técnico o financiero para fortalecer las búsquedas, su gobierno estaría abierto.
“Si lo único que concluye el reporte es cómo apoyarnos, bienvenido; pero el documento tiene otra orientación”, reiteró.
Compromiso con las víctimas y próximos pasos
Finalmente, refrendó el compromiso de su administración con las víctimas y sus familias.
Sheinbaum anunció que las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, junto con especialistas en derechos humanos, ofrecerán una conferencia para explicar con detalle las razones técnicas y jurídicas por las que el gobierno federal rechaza el informe.
Respuesta del comité de la ONU y aclaración de alcances
En tanto, el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán, respondió a las críticas del gobierno mexicano a través de su cuenta de X (@JuanPablo_Alban), donde defendió la independencia del organismo y desmintió que el informe se limite a administraciones pasadas.
Albán aclaró que el análisis examina la evolución del fenómeno desde 2012 hasta la actualidad, incorporando datos recientes que reflejan la magnitud de la crisis. En ese sentido, advirtió que para febrero de 2026 se registraron más de 132 mil 400 personas desaparecidas y cerca de 72 mil restos humanos sin identificar, cifras que demuestran un aumento constante sin una tendencia a la baja.
Frente a los señalamientos de que el documento tiene una orientación política, el especialista explicó que la decisión de remitirlo a la Asamblea General de la ONU responde a la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional. Este mecanismo se activa, precisó, cuando existen indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático en un país.
“El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”, afirmó Albán, al tiempo que hizo un llamado a preservar el respeto institucional hacia los órganos supervisores de derechos humanos. Finalmente, reiteró que el objetivo común debe centrarse en fortalecer la prevención, mejorar las investigaciones y erradicar este fenómeno en beneficio de las víctimas y sus familias.
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