Comunicadores de Michoacán, a través del colectivo #NiUnoMás, denunciaron agresiones físicas, intimidaciones y destrucción de equipo de trabajo durante la cobertura informativa de la movilización en Morelia de habitantes del poblado indígena de Arantepacua.
El lunes 6 de abril, los pobladores incendiaron camiones y lanzaron cohetones a la Fiscalía General del estado, en protesta por el asesinato de cuatro comuneros y agresiones ocurridos el 5 de abril de 2017, durante la administración del exgobernador Silvano Aureoles, ahora prófugo de la justicia.
Los periodistas señalaron que en la protesta en la que los manifestantes incendiaron vehículos comerciales y dañaron edificios de gobierno, a algunos de sus colegas los golpearon con palos, a otros les quitaron cámaras y los obligaron a borrar videos y suspender transmisiones en vivo.
El pronunciamiento
“Manifestamos nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo ante las agresiones sufridas por más de una decena de compañeras y compañeros periodistas durante la cobertura de la movilización de comuneros de Arantepacua”, señalaron los periodistas a través del colectivo.
Indicaron que a varios comunicadores los obligaron a borrar material informativo, mientras que otros recibieron agresiones con piedras y amenazas.
Libertad de prensa en riesgo
Subrayaron que la cobertura informativa no debe interpretarse como provocación, sino como un ejercicio profesional destinado a documentar hechos de interés público, y advirtieron que las agresiones contra periodistas vulneran la libertad de expresión y afectan el derecho de la ciudadanía a recibir información.
“El ejercicio periodístico tiene como finalidad informar a la sociedad y documentar hechos de interés público. Cualquier acto de intimidación o violencia vulnera la libertad de expresión”, abundaron.
Respeto del trabajo periodístico
Tras reiterar que la libertad de prensa es pilar fundamental de la vida democrática, los comunicadores exigieron condiciones para el desarrollo de coberturas informativas seguras y libres de violencia.
La libertad de prensa es un pilar fundamental de la vida democrática y debe ser protegida y garantizada en todo momento por todas y por todos, puntualizaron.
El 5 de abril de 2017, la Policía Michoacán –ahora Guardia Civil- realizó un operativo para recuperar vehículos que los indígenas retenían en Arantepacua para presionar hacia la solución de un conflicto agrario que mantenían con el poblado de Capácuaro, del municipio de Uruapan.
En ese operativo hubo un tiroteo en el que además de los cuatro indígenas muertos, uno de ellos menor de edad, hubo 35 heridos por golpes y balas, y 38 detenidos que después liberaron.
Y aunque el gobierno de Silvano Aureoles explicó que el tiroteo lo iniciaron personas al servicio de Benito Morales Jiménez “El Beny”, jefe de plaza del Cártel de Los Viagras y exintegrante de Cártel de «Los Caballeros Templarios», el presunto delincuente no fue detenido.
Los hechos de este lunes
Este lunes 6 de abril, los comuneros realizaron una marcha que comenzó en las instalaciones de la Fiscalía, donde lanzaron cohetones y destruyeron al menos dos cámaras de vigilancia de los accesos, además de incendiar un camión repartidor de agua purificada.
Al continuar su recorrido, pararon a un camión de jugos y despojaron al chofer de la mercancía y al llegar a la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) realizaron pintas con la consigna “5 de abril no se olvida” y quebraron cristales.
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