La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inició una investigación de oficio tras la difusión de un video en el que la senadora Mariela Gutiérrez Escalante reconoce que durante su administración municipal en Tecámac se realizó el sacrificio de perros.
La dependencia informó que revisará si los hechos pudieran constituir delitos de maltrato animal, conforme al Código Penal del Estado de México, particularmente en lo relacionado con la muerte de animales que no sean considerados plaga y la posible responsabilidad agravada de servidores públicos.
Investigación por posible maltrato animal
De acuerdo con la fiscalía, la indagatoria se sustenta en los artículos 235 Bis y 235 Ter de la legislación estatal, que contemplan sanciones para quienes causen la muerte a animales sin justificación legal.
En caso de acreditarse responsabilidades, las penas podrían alcanzar hasta seis años de prisión, especialmente si se comprueba la participación de funcionarios públicos encargados del control y resguardo de animales.
La FGJEM señaló que el objetivo de la investigación será determinar si existieron actos de maltrato animal y establecer quiénes habrían intervenido en la toma de decisiones o en la ejecución de los sacrificios.
Video viral reaviva polémica sobre sacrificio de perros en Tecámac
La apertura de la carpeta de investigación se produjo después de que el video de las declaraciones de la ahora senadora se viralizó en redes sociales y medios informativos, lo que reactivó cuestionamientos sobre la política de control animal implementada durante su administración municipal en Tecámac.
En la grabación, Gutiérrez Escalante defendió la práctica y sostuvo que se aplicó durante su gobierno, lo que generó reacciones de colectivos defensores de animales y organizaciones civiles.
La difusión del material amplificó una controversia que ya había provocado inconformidad entre activistas y ciudadanos por el manejo de perros callejeros en ese municipio mexiquense.
Investigación entra a fase ministerial
Con la apertura de la carpeta de investigación, el caso pasó de la discusión pública a una ruta formal de carácter ministerial, en la que la fiscalía analizará si las muertes de los caninos ocurrieron dentro de los márgenes legales o si derivaron de decisiones ilegales.
Las autoridades también evaluarán la posible responsabilidad de funcionarios que hubieran tenido bajo su encargo la atención, control o resguardo de animales durante la administración municipal señalada.
El avance de la indagatoria determinará si existen elementos suficientes para fincar responsabilidades penales o administrativas derivadas de los hechos.
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