El diputado del PAN, Marcelo Torres Cofiño, presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y de la exembajadora de México en Reino Unido, Josefa González Blanco Ortiz Mena, por el presunto uso indebido de recursos públicos y de la representación diplomática mexicana en ese país.
Delitos señalados
La denuncia señala hechos que podrían constituir delitos como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado, uso indebido de atribuciones y encubrimiento.
De acuerdo con la información presentada, el hijo del entonces canciller habría habitado la residencia oficial diplomática durante aproximadamente seis meses., tiempo en el cual habría hecho uso de instalaciones, servicios y recursos públicos sin contar con cargo, comisión o función oficial que justificara su estancia en el inmueble.
«Estamos frente a hechos que no pueden normalizarse. El uso de bienes públicos para beneficio personal o familiar es una falta grave y, de confirmarse, un delito que debe sancionarse», señaló el diputado Marcelo Torres.
El legislador subrayó que la denuncia busca que las autoridades investiguen a fondo la posible utilización indebida de un inmueble destinado a funciones diplomáticas.
«No se trata de señalamientos políticos, se trata de legalidad. Los recursos del Estado son de las y los mexicanos, no de los funcionarios ni de sus familias», afirmó.
Diligencias solicitadas a la FGR
El PAN solicitó a la Fiscalía la realización de diversas diligencias para esclarecer los hechos, entre ellas, la comparecencia de las personas señaladas y el requerimiento de información a la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de solicitar registros, bitácoras y documentación administrativa de la Embajada de México en Reino Unido.
Denuncia paralela ante Secretaría Anticorrupción
De manera paralela, el PAN también presentó una denuncia por posibles faltas administrativas graves ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como abuso de funciones, tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.
«Debe investigarse quién autorizó, quién permitió y quién se benefició. En el servicio público no hay espacio para privilegios personales«, enfatizó el diputado panista.
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