A unos días que concluya el cierre del periodo legislativo, Antón Aguilar, director ejecutivo de Humane World for Animals, advirtió que México mantiene un rezago en la emisión de la Ley General de Bienestar Animal, pese a que su aprobación fue mandatada desde la reforma constitucional de 2024.
En entrevista para Amexi, explicó que la urgencia responde a un incumplimiento legal claro que, además, contrasta con el creciente respaldo social a la protección animal.
“Este tema de la Ley General de Bienestar Animal deriva de una reforma constitucional que se aprobó a fines de 2024 y que consagró en la Constitución la protección animal en tres de sus artículos… además de eso, el decreto incluía que se debía expedir una ley en los siguientes 180 días. Entonces, los 180 días ya pasaron”, indicó.
Reforma avanzada, pero sin aterrizaje legal
Aguilar detalló que esa reforma implicó cambios estructurales en la Constitución, al incorporar el bienestar animal como principio rector en educación, responsabilidad del Estado y facultades legislativas.
“Se modificó el artículo tercero para incluir la educación compasiva hacia los animales, el artículo cuarto que establece la responsabilidad del Estado de protegerlos y prohibir la crueldad, y el artículo 73 para facultar al Congreso a legislar en la materia”, explicó.
Sin embargo, pese a que en 2025 se presentaron diversas iniciativas, ninguna prosperó.
“Se presentaron numerosas iniciativas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pero no se ha hecho ningún dictamen… muchas incluso ya precluyeron, es decir, caducaron, y ahora se han vuelto a presentar”, comentó.
Una sociedad más consciente y exigente
Para dimensionar el contexto social, la organización impulsó una encuesta nacional elaborada por Parametría, cuyos resultados reflejan un respaldo abrumador a una legislación más estricta.
“Encontramos resultados muy positivos… hay un consenso amplio en la sociedad de que se debe proteger a los animales, que no haya maltrato y que si lo hay, se sancione”.
Entre los datos más relevantes destacan que el 79 por ciento considera muy importante reconocer a los animales como seres sintientes; el 91 por ciento apoya prohibir la crueldad con sanciones severas; mientras que el 94 por ciento respalda programas de esterilización.
Además, 92 por ciento apoya prohibir el consumo de carne de perro y gato y 86 por ciento de los encuestados pide incluirlos en planes de emergencia.
Sobre el concepto de “sintiencia”, Aguilar enfatizó su relevancia científica y ética.
“Hay un consenso científico en que los animales son capaces de sentir emociones, tanto positivas como negativas… alegría, pero también miedo, estrés o angustia. Y de esa capacidad deriva una responsabilidad ética de protegerlos y procurar su bienestar”, indicó.
Intereses y falta de prioridad frenan la ley
El especialista reconoció que el avance legislativo enfrenta obstáculos estructurales, derivados de la diversidad de actores involucrados.
“Esto supone articular muchísimos intereses divergentes: la industria ganadera, veterinarios, académicos, organizaciones, actores políticos… es todo un universo que tiene su nivel de complejidad”, comentó.
En ese sentido, dijo que a esos factores se suma la falta de prioridad política en la agenda legislativa.
“No se le ha dado la prioridad que debiera tener… sí se le dio a la reforma constitucional, pero ya a la hora de aterrizarlo en una ley general no ha habido el mismo ímpetu, y se ha ido postergando”, destacó.
Los pilares de una ley efectiva
Desde su perspectiva, una Ley General de Bienestar Animal debe ser integral y ambiciosa, incorporando principios científicos, sociales y éticos.
“De entrada, reconocer la sintiencia animal… por otro lado, prohibir la crueldad y el maltrato en todas sus formas con penas severas, realmente desalentar y castigar estas conductas”, dijo.
También subrayó otros elementos esenciales como “apoyar los programas de esterilización como medida de control de la población de animales en calle… prohibir el consumo de carne de perro y gato… incluir a los animales en la planificación y respuesta ante desastres… y limitar las pruebas en animales a situaciones de último recurso”.
En este último punto, explicó que “ya existen muchos métodos alternativos que no requieren el uso de animales y que incluso son más precisos… debe aplicarse el principio de reemplazar, reducir y refinar”.
Maltrato animal, un indicador de otras violencias
Aguilar advirtió que la crueldad hacia los animales suele estar vinculada con otros tipos de violencia social.
“Ahí donde hay un animal maltratado, por lo general hay correlación con violencia hacia mujeres, hacia las infancias o violencia intrafamiliar… por eso debemos poner penas severas y mandar un mensaje contundente”, señaló.
Llamado a la acción ciudadana
Ante el estancamiento legislativo, el directivo llamó a la ciudadanía a involucrarse para impulsar la aprobación de la ley.
“Si podemos mostrar que hay respaldo ciudadano, evidencia científica y una petición pública, todo eso puede ayudar a que esto avance”, dijo.
Entre las acciones propuestas destacan firmar peticiones, difundir información y adoptar prácticas de consumo responsables.
“En nuestras decisiones de consumo también podemos elegir productos que no sean probados en animales… o alimentos provenientes de sistemas más éticos”, afirmó.
Finalmente, Aguilar advirtió que el país se encuentra ante un momento decisivo, pues “necesitamos una ley ambiciosa, progresista y alineada con los valores de la sociedad… no una versión desdibujada o descafeinada para salir del paso”.
