El Partido del Trabajo ((PT) en la Cámara de Diputados solicitó al Senado de la República iniciar el procedimiento de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, luego de que se revelara la operación de agentes estadounidenses en territorio de la entidad.
Sin embargo, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, pidió prudencia y llamó al diálogo, la conciliación y no a la confrontación. «No soy partícipe de juicios políticos que alteren la relación republicana de gobernadores con la Presidenta de la República o con el gobierno federal», afirmó.
El líder morenista reconoció que el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, está en su derecho de plantear la petición de juicio político contra la gobernadora panista.
«Lo respeto, no sabía. Platicaré con él y vamos a conversar sobre el sentido, el propósito y el alcance de este juicio político que presentan contra la gobernadora de Chihuahua», señaló Monreal.
El coordinador de los diputados de Morena aseguró que el Senado tiene facultades explícitas e implícitas para llamar a cualquier gobernador o gobernadora, ya que representa a los estados y es el reflejo del pacto federal.
Diálogo y sensatez
Planteó establecer «con precisión que no debe suceder con ningún estado ninguna intromisión o colaboración al margen del gobierno federal y de la ley, que eso es lo que reclama la presidenta y tiene razón».
Acusaciones del PT
Por su parte, Reginaldo Sandoval solicitó juicio político contra la gobernadora panista por violaciones a la Constitución mexicana y actos de traición a la patria, y sostuvo que la soberanía de México no está a negociación ni puede quedar sometida a intereses extranjeros.
La soberanía no se negocia
«No podemos normalizar que gobiernos extranjeros intervengan en territorio mexicano al margen de las instituciones federales», sentenció Sandoval, quien afirmó que México tiene leyes, instituciones y dignidad, y que «la soberanía no se entrega ni se negocia»
El diputado del PT recordó que las relaciones internacionales, acuerdos de cooperación y mecanismos de seguridad bilateral corresponden exclusivamente al gobierno de la República, y no son decisiones unilaterales de los gobiernos estatales.
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