La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no detendrá al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de por presuntos nexos con el narcotráfico, como lo solicitó Estados Unidos, porque no hay ni evidencias ni fundamentos.
«En el pedimento que nos ocupa, no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional» del gobernador de Sinaloa, expuso Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR.
Expuso que sólo hay una solicitud por escrito, sin un expediente de investigación que lo respalde que contenga todas las evidencias suficientes que establecen las leyes nacionales y los acuerdos internacionales para hacerlo y que no puede proceder únicamente con los dichos públicos de los funcionarios estadounidenses.
Es una medida cautelar
Aclaró que la solicitud del gobierno de Estados Unidos no es un pedimento de extradición, sino de una medida cautelar de detención provisional que se encamina a la extradición.
Por ello, señaló que, en cumplimiento de las leyes de México y los tratados internacionales, así como de la protección de los derechos ciudadanos de los mexicanos, no existen elementos para detener a dichos ciudadanos, como lo pide el Departamento de Justicia norteamericano.
En conferencia de prensa, indicó que la FGR estaría a la espera de la respuesta de las autoridades de ese país y en función de la documentación y evidencias, se realizaría segundo análisis. «En este momento es imposible emitir un juicio acerca de un posicionamiento institucional», anotó.
«La esencia de esa medida cautelar es evitar la sustracción de la acción de la justicia por parte de las personas reclamadas y, en razón de ello, lógicamente y jurídicamente, se tiene que acreditar más allá de toda duda razonable la urgencia de la autorización de la detención provisional», especificó.
Pruebas por vías que garanticen confidencialidad
Jiménez Vázquez indicó que a través de la Cancillería mexicana se solicitará al gobierno de Estados Unidos entregue las pruebas, argumentos, informes y documentos necesarios «por las vías que garanticen la confidencialidad de la información” para que la FGR pueda analizar la documentación y fijar dicho posicionamiento institucional.
«La difusión pública de la información base de este pedimento pone en riesgo el debido proceso«, sostuvo.
Reiteró que la FGR seguirá analizando el caso y realizará su propia investigación para determinar si existen elementos para proceder en el caso que implica, además de Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez, y a otros funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa.
Actualmente, sólo hay una solicitud de detención provisional, regida por el artículo 11 del Tratado Bilateral de Extradición México-Estados Unidos, y el artículo 17 de la Ley de Extradición Internacional.
Una extradición formal, es decir, la entrega de las personas, sería un paso posterior, que también se apegaría estrictamente al tratado y la ley mexicana. La decisión final sobre extradición recae en la SRE.
«Implica el desahogo de una secuela de actos ante la SRE y luego ante el poder Judicial para obtener una opinión de un juez de control y posteriormente la emisión de un acuerdo de la cancillería acerca de si se accede o no a la petición de acuerdo internacional», expresó el fiscal.
Agregó que la determinación de la Cancillería puede ser objetada con un amparo ante el Poder Judicial de la Federación.
Lee: Somos MX exige romper “pacto de impunidad” tras acusación contra Rocha Moya
