El gremio busca ampliar sus facultades y ganar peso en inversiones, desarrollo agrario y certeza jurídica
Por Ivonne Cárdenas Pérez
A casi cinco siglos del nombramiento del primer corredor público en México, el gremio intenta reposicionarse como un actor estratégico en la modernización del campo, la atracción de inversiones derivadas del T-MEC y la asesoría integral a empresas, productores e inversionistas, en medio de reformas legales que buscan ampliar las facultades de la correduría pública en México y fortalecer su reconocimiento institucional.
El director del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana A.C., Eduardo Manuel Ruiz Orozco Pérez, sostuvo que la correduría pública ha evolucionado durante 500 años hasta convertirse en una profesión multidisciplinaria que va mucho más allá de la certificación de actos jurídicos.
“Sí tenemos similitud con los notarios en razón de la fe pública, ambos ejercemos la fe pública, pero nosotros somos abogados multidisciplinarios”, explicó.
El dirigente afirmó que los corredores públicos no sólo cuentan con formación jurídica, sino también en finanzas, economía, contabilidad, valuación y cumplimiento regulatorio. Esto les permite ofrecer asesoría integral a comerciantes, inversionistas, pequeñas y medianas empresas.
“No somos simples formalizadores de hechos o actos, sino verdaderamente lo que hacemos es dar una asesoría integral al comerciante”, subrayó.
La correduría pública en México busca entrar con mayor fuerza al sector agrario
Uno de los principales frentes que actualmente impulsa la correduría pública es su participación en proyectos vinculados al campo mexicano. En particular en operaciones relacionadas con tierras ejidales, infraestructura y desarrollo regional.
Ruiz Orozco reconoció que existen interpretaciones administrativas que han limitado la intervención de los corredores públicos en asuntos agrarios y de núcleos ejidales. Sin embargo, explicó que legisladores federales ya promovieron iniciativas para modificar la Ley Agraria y reconocer explícitamente sus facultades dentro del sector rural.
Precisó que una de las reformas ya fue aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados, mientras otra continúa en análisis legislativo en el Senado.
“Permitirá que nosotros como corredores públicos podamos asesorar de manera integral precisamente a la gente del campo”, afirmó.
El objetivo, explicó, es brindar certeza jurídica tanto a productores como a inversionistas que participen en proyectos de infraestructura, energía, logística o desarrollo económico vinculados con tierras ejidales y comunales.
“Podemos ayudar a que esas inversiones aterricen correctamente, asesorándolos para que puedan llegar a buenos términos con estos proyectos de infraestructura”, indicó.
El planteamiento ocurre en un contexto donde el gobierno federal impulsa proyectos de relocalización industrial, corredores logísticos y nuevas inversiones asociadas al fenómeno de nearshoring. Particularmente en regiones conectadas al comercio con Estados Unidos.
T-MEC, inversión extranjera y seguridad jurídica
Otro de los ejes que el gremio considera prioritarios es el fortalecimiento de la seguridad jurídica para inversiones nacionales y extranjeras en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Aunque Ruiz Orozco aclaró que la correduría pública no participa directamente dentro del tratado comercial, sí consideró que puede convertirse en un apoyo técnico y jurídico para empresas que formen parte de cadenas de suministro, manufactura o inversión derivadas del acuerdo comercial norteamericano.
“Lo que buscamos nosotros al momento de asesorar es brindar certeza jurídica y seguridad jurídica, principalmente al inversionista extranjero”, señaló.
Explicó que los corredores públicos pueden intervenir en la revisión de contratos, análisis de proyectos de inversión, constitución de sociedades mercantiles, valuación de activos tangibles e intangibles y elaboración de dictámenes valuatorios.
En paralelo, el dirigente rechazó que los corredores públicos tengan responsabilidad directa en la creación de empresas utilizadas posteriormente para esquemas ilegales de facturación o evasión fiscal.
Argumentó que, al momento de constituirse una empresa, no existe forma legal de anticipar si después servirá para encubrir operaciones ilícitas. Aun así, aseguró que el gremio cumple con las disposiciones antilavado, controles regulatorios y mecanismos de compliance establecidos en la legislación mexicana.
“Nosotros le damos nacimiento, cumplimos con las reglas del lavado de dinero y hacemos un verdadero compliance”, sostuvo.
La correduría pública en México, gremio pequeño que busca mayor reconocimiento
Actualmente existen alrededor de 420 corredores y corredoras públicas en todo el país, una cifra reducida frente al tamaño de la actividad económica nacional.
Ruiz Orozco consideró que parte de esta limitada presencia obedece precisamente a las restricciones históricas y a interpretaciones jurídicas sobre el alcance de sus atribuciones.
La Secretaría de Economía otorga la habilitación para ejercer como corredor público, mediante un examen de aspirante y posteriormente un examen definitivo.
En el marco de la conmemoración de los 500 años de la correduría pública en México, el gremio también impulsa la declaratoria oficial del Día Nacional de la Correduría Pública Mexicana. La iniciativa será promovida en el Senado por el legislador de Morena, Emanuel Reyes Carmona.
Ruiz Orozco recordó que el origen formal de la correduría pública en México se remonta al 11 de mayo de 1526. En esa fecha se otorgó el nombramiento del primer corredor público en la entonces Ciudad de Temextitán, hoy Ciudad de México.
El primer corredor público registrado fue Diego de Villar, cuyo nombramiento quedó asentado en el Libro Primero de Actas de Cabildo, actualmente resguardado en el Archivo Histórico de la Ciudad de México.
“Es importante que el país reconozca una profesión que se ha mantenido durante 500 años”, concluyó.
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