Democracia en voz baja
La censura ya no siempre necesita prohibir. A veces le basta con desgastar. El reciente informe de Artículo 19, Estructuras del silencio, es inquietante no únicamente por las cifras de violencia contra periodistas, sino porque retrata una transformación más profunda del ecosistema público mexicano: el desplazamiento de la censura desde la prohibición directa hacia la deslegitimación, la precarización y la erosión lenta de las condiciones que hacen posible el ejercicio periodístico. Los signos no son solamente las agresiones. También el ambiente, hay signos en el ambiente. Y el sentido de ese ambiente remite a una democracia donde hablar comienza a implicar costos crecientes, no sólo físicos, sino políticos, económicos y simbólicos.
El desgaste como forma de control
Durante años, la imagen tradicional de la censura fue relativamente clara. Un gobierno clausuraba medios, decomisaba publicaciones o encarcelaba periodistas. Había una acción visible y un responsable identificable. Pero el escenario contemporáneo parece operar bajo otras lógicas. Hoy el silenciamiento suele construirse mediante la acumulación de amenazas, campañas de desprestigio, hostilidad digital, vigilancia tecnológica, desgaste emocional y vulnerabilidad económica.
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El informe de Artículo 19 acierta cuando coloca el “ambiente hostil” como una categoría central del problema. Ahí aparece uno de los signos más importantes del momento histórico mexicano. La censura dejó de funcionar únicamente como acto excepcional y comenzó a convertirse en atmósfera. Ese cambio es decisivo porque modifica la manera en que opera el poder sobre la conversación pública. Ya no siempre se trata de impedir que alguien publique algo. Muchas veces basta con hacer cada vez más difícil sostener la palabra.
Ese desgaste tiene efectos concretos. El periodista calcula riesgos antes de investigar. Evalúa el costo político de un reportaje, la capacidad económica para resistir una demanda, el impacto emocional de las campañas de odio y el nivel de exposición frente a poderes criminales o gubernamentales. Poco a poco, el miedo deja de ser un episodio y comienza a funcionar como mecanismo cotidiano de regulación.
La normalización es un signo de la presión permanente. Su sentido es delicado: una sociedad donde la autocensura comienza a instalarse no necesariamente por prohibición explícita, sino por agotamiento acumulativo.
La democracia en voz baja
Quizá la imagen más precisa del momento que describe el informe sea precisamente la de una democracia en voz baja. No porque las libertades hayan desaparecido formalmente ni porque el silencio sea absoluto, sino porque cada vez más actores públicos hablan calculando riesgos, moderando tonos, evitando confrontaciones o midiendo el costo de sostener ciertas investigaciones. La conversación pública continúa existiendo, pero bajo presión.
Democracia en voz baja significa una esfera pública donde la crítica no siempre es cancelada, pero sí constantemente desgastada. Significa un país donde el periodismo puede seguir hablando, aunque muchas veces lo haga bajo amenaza, precariedad o descrédito. Y significa también una cultura política donde disentir empieza a requerir resistencia emocional, económica y hasta física.
Ése es el sentido más profundo del informe de Artículo 19: advertir que el deterioro democrático no siempre llega mediante censuras espectaculares o rupturas abruptas. Indica que se está instalando lentamente, normalizando condiciones que vuelven cada vez más difícil sostener una voz crítica en el espacio público.
La disputa por la legitimidad
Sin embargo, el desplazamiento más significativo de la censura contemporánea quizá no ocurra en el terreno de la violencia física, sino en el de la legitimidad pública. El informe lo sugiere cuando documenta campañas de estigmatización y discursos hostiles contra la prensa crítica. Ahí aparece otro de los signos centrales del presente: la crítica periodística ya no es cuestionada solamente por su contenido, sino por el derecho mismo a ejercerla.
En el poder político se ha instalado la idea de que periodistas y medios actúan como adversarios facciosos o
representantes de intereses oscuros. El objetivo no necesariamente es prohibir la crítica, sino volverla sospechosa frente a la sociedad. Eso ya transformó la relación entre ciudadanía, prensa y poder.
La discusión ya no se organiza alrededor de hechos, gira alrededor de identidades. El periodista ya no siempre es percibido como mediador, ahora es leído como combatiente político. El problema es que, cuando toda crítica se interpreta automáticamente como agresión ideológica, desaparece el espacio para la deliberación democrática.
La erosión de confianza hacia las voces críticas es otro signo cuyo sentido apunta hacia una esfera pública donde las lealtades pesan más que la información y donde la legitimidad de la palabra depende cada vez más de la identidad política de quien la emite.
No se trata de un fenómeno exclusivamente mexicano. La crisis de autoridad de las instituciones atraviesa buena parte del mundo contemporáneo. Medios, universidades, organismos autónomos y sistemas políticos enfrentan un desgaste profundo de credibilidad. Pero en México esa crisis coincide con violencia criminal, impunidad estructural y precariedad institucional. Esa combinación vuelve mucho más peligroso el deterioro del debate público.
Los medios también forman parte de la crisis
Defender la libertad de expresión no debería implicar una idealización automática del sistema mediático mexicano. Ahí conviene introducir un matiz. parte de la desconfianza social hacia los medios tiene raíces históricas reales.
Durante décadas, sectores importantes del ecosistema mediático convivieron con relaciones opacas con el poder político y económico. La publicidad oficial utilizada como mecanismo de control, la concentración empresarial, las coberturas selectivas y ciertos alineamientos editoriales contribuyeron a erosionar credibilidad pública. Esa historia pesa todavía sobre el presente.
Reconocerlo no disminuye la gravedad de las agresiones documentadas por Artículo 19. Tampoco relativiza la violencia contra periodistas. Pero sí obliga a entender que la crisis contemporánea del espacio público mexicano no puede reducirse a una sola narrativa. Hay responsabilidades múltiples y capas históricas distintas.
Otro signo es la pérdida progresiva de legitimidad de las instituciones mediáticas tradicionales. El sentido de esta pérdida nos revela la dificultad creciente para construir referentes informativos compartidos en una sociedad polarizada y fragmentada.
Vivimos un momento en que la ciudadanía está dejando de confiar simultáneamente en el poder político y en los medios, llevando la conversación pública a una zona de enorme vulnerabilidad. Ahí proliferan la desinformación, el rumor, la sospecha permanente y las identidades cerradas sobre sí mismas.
La precariedad también censura
Hay otro signo del problema que suele permanecer invisibilizada detrás de las cifras de violencia: las condiciones materiales del periodismo mexicano. El informe las toca indirectamente, pero quizá ahí se encuentra uno de los núcleos más profundos del deterioro actual.
Miles de periodistas trabajan en condiciones extremadamente precarias. Bajos salarios, ausencia de seguridad social, inestabilidad laboral, cobertura sin protección jurídica y exposición permanente frente a poderes locales convierten el ejercicio periodístico en una actividad vulnerable incluso antes de cualquier amenaza directa. La precariedad también funciona como mecanismo de silenciamiento.
Un periodista agotado económicamente dispone de menos tiempo para investigar, menos incentivos para confrontar intereses poderosos y menos capacidad para resistir litigios, campañas de desprestigio o presiones políticas. La vulnerabilidad material termina traduciéndose en vulnerabilidad editorial.
El problema adquiere mayor gravedad en el ámbito local. Mientras el debate nacional suele concentrarse en grandes figuras mediáticas, buena parte del periodismo regional sobrevive en condiciones mínimas, enfrentando simultáneamente poderes políticos, intereses económicos y presencia criminal. Ahí el silencio suele instalarse no mediante grandes escándalos, sino mediante desgaste cotidiano.
El signo de esta fragilidad estructural del oficio periodístico tiene como sentido un fenómeno más amplio: un régimen incapaz de garantizar condiciones mínimas para quienes producen información pública que termina debilitando su propia capacidad de comprenderse a sí misma.
La vigilancia como cultura política
Otro aspecto relevante del informe es el crecimiento de mecanismos de vigilancia y espionaje. El caso Pegasus aparece como símbolo de una transformación del poder contemporáneo. La vigilancia ya no opera solamente como instrumento excepcional de seguridad; comienza a formar parte de la normalidad tecnológica del Estado y de la vida digital.
Ese cambio tiene consecuencias culturales. La conciencia de posible monitoreo modifica conductas incluso cuando no existe evidencia concreta de vigilancia inmediata. Se investiga distinto. Se conversa distinto. Se escribe distinto.
La eficacia de la vigilancia no depende únicamente de intervenir comunicaciones. Depende también de instalar una sensación permanente de exposición.
Aquí, el signo es la expansión de capacidades tecnológicas de control y el sentido apunta hacia una cultura política donde la intimidad de la disidencia se reduce y donde la vigilancia comienza a naturalizarse como condición ordinaria de la vida pública.
No es casual que el informe relacione vigilancia, opacidad y debilitamiento institucional. Son procesos conectados. Cuando disminuyen los mecanismos de transparencia y crecen simultáneamente las capacidades de monitoreo estatal, la relación entre ciudadanía y poder se desequilibra de manera preocupante.
El riesgo de acostumbrarse
Quizá lo más inquietante del panorama descrito por el informe de Artículo 19 no sea la gravedad aislada de cada fenómeno, sino la posibilidad de acostumbramiento social. Las democracias rara vez se erosionan de manera abrupta. Lo habitual es este deterioro gradual en el que estamos, la normalización progresiva del miedo, la aceptación cotidiana de prácticas que en otro momento habrían resultado inadmisibles.
Uno se acostumbra lentamente a la violencia contra periodistas, a la hostilidad política, a la vigilancia, a la opacidad y a la polarización extrema. El deterioro deja de percibirse como anomalía democrática para convertirse en paisaje habitual.
Ahí radica la fuerza conceptual del título del informe. Las “estructuras del silencio” no describen únicamente censura directa. Describen ecosistemas donde sostener una voz crítica implica cada vez más desgaste, más vulnerabilidad y más riesgo.
A mi juicio, ése es el verdadero signo del momento histórico de la prensa en México: no sólo la existencia de agresiones en su contra, sino la transformación lenta del espacio público en un territorio crecientemente hostil para la crítica, la investigación y el disenso. Y el sentido de esa transformación resulta inevitablemente político y cultural. Una democracia no comienza a debilitarse solamente cuando prohíbe hablar. También se erosiona cuando vuelve progresivamente inviable sostener la palabra.
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