La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo señala que Estados Unidos no ha sido recíproco en cuanto a tratados de extradición con México, al puntualizar que exigen que se les envíen delincuentes, pero ellos no han regresado a nadie.
En la Mañenera del Pueblo, en Palacio Nacional, Sheinbaum planteó que «desde 2018 hasta mayo de 2026, el país vecino del norte no ha completado ninguno de los 269 requerimientos judiciales presentados por la administración mexicana«.
La mandataria federal cuestionó los severos filtros que Washington impone para la entrega de prófugos de la justicia mexicana, contrastándolos con las exigencias de ellos hacia las autoridades nacionales.
«Cuando hemos hecho solicitudes de que se extraditen personas que están allá, que han cometido delitos en México, nos piden pruebas o no los extraditan«.
De acuerdo con el informe oficial presentado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la lista de peticiones incluye perfiles de alto nivel acusados de delincuencia organizada y desvíos financieros.
Entre los casos rechazados o retenidos bajo la petición de «información adicional» por parte de las autoridades estadounidenses, destacan exgobernadores y empresarios ligados a tramas de corrupción nacional.
De acuerdo a su estilo, Sheinbaum relacionó el tema con la defensa de la soberanía jurídica de México en el marco de la cooperación bilateral. Rechazó las críticas de quienes exigen acciones inmediatas y unilaterales por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas.
«Es lo mismo que hace Estados Unidos cuando nosotros le pedimos una orden de extradición: ‘preséntanos pruebas’, pero toda la comentocracia dice: ‘cómo se le ocurre a la presidenta pedir pruebas’, si es lo mismo que hace Estados Unidos».
Postura de la SRE y estándar bilateral
La SRE detalló que esta perspectiva con respecto a Estados Unidos no solo valida, sino que confirma la corrección de la interpretación mexicana de acuerdo a las leyes bilaterales, y enumeró:
- Estándar aplicado por EU.: Para delitos complejos, corrupción y desaparición forzada, las autoridades estadounidenses solicitan sistemáticamente información complementaria, aplicando un alto estándar de revisión. Por ejemplo, las solicitudes del caso Ayotzinapa llevan más de 18 meses de retraso por requerimientos de información adicional.
- Implicación jurídica y política: Esta práctica bilateral establece que ambos países entienden y aplican el tratado de manera que permite y, en los hechos, requiere una evaluación exhaustiva desde la fase provisional.
Precisa que no es una interpretación unilateral mexicana, sino un entendimiento compartido que parte del principio de reciprocidad.
Cifras de requerimientos judiciales
Se enumeró que del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026:
- Se formularon 269 requerimientos de extradición. No se ha entregado ninguno.
- 36 fueron negados y 233 permanecen pendientes de concluir.
- 183 corresponden a peticiones formales de extradición.
- Los 50 restantes corresponden a solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
- En 47 de las 50 solicitudes de detención provisional con fines de extradición pendientes de concluir, EUA requirió a México presentar información adicional.
Solicitudes de extradición de México a EU
- Francisco Javier ‘N’, caso Tamaulipas. Delito: uso ilícito de atribuciones y facultades. Estatus: se solicita petición formal. Delito: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estatus: se solicitó información adicional. Fecha de presentación: 8 de agosto de 2025.
- Víctor Manuel ‘N’ (desfalco a Segob y factureras). Delito: delincuencia organizada. Estatus: se negó por no ser delito violento. Fecha de presentación: 4 de diciembre de 2025.
- Rafael ‘N’ y Elías ‘N’, Infonavit. Delito: delincuencia organizada. Estatus: se solicitó petición formal por no ser delito violento ni considerarse a los acusados como un riesgo para la sociedad. Fecha de presentación: 1 de octubre de 2025.
Solicitudes de detención provisional a destacar
- José Ulises ‘N’ (juez caso Ayotzinapa). Delito: delincuencia organizada. Estatus: se requirió información adicional y pruebas en su proceso. Fecha de presentación: 7 de junio de 2024.
- Pablo ‘N’ “El Transformer” (miembro de Guerreros Unidos y caso Ayotzinapa). Estatus: solicitud de detención provisional en proceso de evaluación.
Proceso de evaluación de peticiones
Explicaron que, en el caso de peticiones de EU a México, la SRE, de estimarlo fundado, transmite formalmente la petición a la Fiscalía General para su promoción judicial.
Se evalúa si la solicitud cumple con los requisitos formales del artículo 11 del Tratado y del artículo 17 de la Ley de Extradición, particularmente la claridad de la «expresión del delito». Para esta valoración técnica-jurídica, la SRE puede apoyarse en la opinión de la Fiscalía General de la República como autoridad especializada en materia penal.
Esta es la autoridad que, a petición de la Fiscalía General, valora la legalidad, fundamentación y proporcionalidad de la medida cautelar solicitada (arraigo o detención). Apuntaron que, ante una solicitud extranjera insuficientemente clara o sustentada, esta carecería del fundamento necesario para superar este escrutinio judicial.
Defensa de la soberanía y apego al derecho
Siempre la postura de México es:
- Legal y convencional: Fundada en el artículo 12 del Tratado, armonizado con el artículo 17 de su Ley de Extradición.
- Recíproca y previsible: Refleja el mismo estándar de evaluación exhaustiva que Estados Unidos aplica.
- Garantía del debido proceso: Busca que toda medida restrictiva de la libertad, especialmente respecto de nacionales (artículo 9), se base en solicitudes claras y suficientemente fundamentadas.
La presidenta Sheinbaum reafirmó el compromiso de una cooperación internacional en materia de justicia que opere con estricto apego al derecho y a la soberanía. Delimitó que ni los embajadores de México en otras naciones ni los de otras naciones en nuestro país deben intervenir en asuntos locales.
Finalmente, en la sesión de preguntas y respuestas se denunció con imágenes el caso de patrullas municipales en Chihuahua capital, que ostentan el escudo de la Policía de Nueva York.
La presidenta Claudia Sheinbaum lo calificó como «ilegal» y criticó esta acción como parte de la costumbre de simulación neoliberal que admira lo extranjero en lugar de enaltecer lo mexicano.
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