Integrantes de la Asociación Civil de Camioneros Tamexun, encabezada por Manuel Mendoza, bloquearon la autopista México-Querétaro, poco antes de la caseta de cobro de Tepotzotlán, en dirección a la Ciudad de México, en apoyo a propietarios de restaurantes, bares y otros establecimientos cerrados durante el Operativo Atarraya, desplegado por autoridades estatales y federales en el Estado de México.
La movilización provocó severas afectaciones viales en uno de los accesos carreteros más transitados hacia la capital del país, utilizado por transporte de carga, automovilistas y usuarios que se desplazan desde Querétaro, Hidalgo y municipios del norte del Valle de México.
Reclamos por falta de respuesta y presuntos actos de corrupción en la Fiscalía
En un mensaje difundido en la cuenta Tamexun Oficial, de Facebook, Manuel Mendoza informó que la organización se sumó a la protesta por la falta de respuesta a comerciantes cuyos negocios permanecen cerrados, pese a que, según los inconformes, ya hubo acuerdos con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para revisar expedientes y avanzar en la reapertura.
Los manifestantes señalaron que, después de las clausuras y aseguramientos derivados de Atarraya, varios propietarios han acudido a mesas de diálogo, entregado documentación y cumplido trámites solicitados por las autoridades, sin que ello se traduzca en la devolución de sus locales.
También acusaron presuntos actos de corrupción, pues afirmaron que, en algunos casos, se les ha condicionado la reapertura de los establecimientos al pago de dinero. Hasta el momento, la Fiscalía estatal no ha fijado una postura pública sobre esos señalamientos ni ha informado si abrió una investigación interna por las acusaciones.
Transportistas respaldan la movilización para presionar al gobierno estatal
La protesta no fue encabezada directamente por restauranteros, sino por Tamexun, organización de transportistas que en otras ocasiones ha realizado cierres carreteros para exigir atención a denuncias de extorsión, abusos de autoridad y agresiones contra camioneros. En esta ocasión, el bloqueo fue utilizado como medida de presión para que el gobierno estatal y la Fiscalía atiendan a los dueños de establecimientos afectados por los operativos.
Los inconformes sostuvieron que no se oponen a las revisiones contra negocios vinculados con delitos, pero reclamaron que no todos los casos han sido tratados de manera individual ni con procedimientos claros. Aseguraron que hay restaurantes, bares y negocios familiares que siguen sin operar, con pérdidas económicas acumuladas y trabajadores sin ingresos.
Apenas el pasado 20 de abril, restauranteros, propietarios de bares y trabajadores bloquearon el Periférico Norte, a la altura de Río San Joaquín, para que se reabrieran sus negocios, cerrados por la Fiscalía mexiquense, algunos desde diciembre de 2024.
El saldo del Operativo Atarraya y la exigencia de transparencia en los expedientes
El Operativo Atarraya fue presentado por el gobierno estatal y la Fiscalía como una estrategia para intervenir bares, chelerías y establecimientos señalados como posibles puntos de venta o consumo de droga, trata de personas, extorsión o financiamiento de grupos delictivos.
Durante la segunda fase del despliegue, realizada en enero de 2025, las autoridades informaron el aseguramiento de 288 establecimientos en 47 municipios mexiquenses. Con esa etapa, la cifra acumulada llegó entonces a 505 negocios asegurados en 51 municipios.
En reportes posteriores se informó que, como parte de la operación, se inspeccionaron tres mil 282 establecimientos, de los cuales 821 fueron asegurados y 233, devueltos a sus propietarios. Sin embargo, comerciantes afectados sostienen que una parte de los expedientes sigue detenida y que no existe información pública suficiente para conocer cuántos negocios permanecen cerrados, cuántos fueron liberados y cuántos enfrentan procesos penales.
Entre los municipios incluidos en las acciones de Atarraya se encuentran Tepotzotlán, Huehuetoca, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Tenancingo, Tonatico, Ixtapan de la Sal, Valle de Bravo y Villa Guerrero, entre otros.
Incertidumbre jurídica, prolongación de las clausuras y ausencia de diálogo
Las autoridades han sostenido que los establecimientos asegurados permanecen cerrados mientras se realizan diligencias y se define su situación jurídica. También han advertido que se mantienen recorridos de supervisión para evitar el quebrantamiento de sellos.
No obstante, los afectados aseguran que la medida se ha prolongado sin que en todos los casos se les informe con precisión el motivo jurídico del cierre o la ruta administrativa para recuperar sus negocios.
Hasta las 10:00 horas no se había presentado personal de la Secretaría General de Gobierno o de otra autoridad para entablar un diálogo con los manifestantes.
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