En una jornada de movilización que culminó de manera abrupta, los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa anunciaron su repliegue hacia el estado de Guerrero. Esta decisión la tomaron tras enfrentar un fuerte dispositivo policial que bloqueó su ingreso y libre tránsito en la capital del país.
La protesta se enmarcaba en una jornada de lucha del 8 al 12 de junio, a casi 12 años de la desaparición de los normalistas. Sin embargo, las autoridades frustraron la movilización al impedir el paso de 17 autobuses en la caseta de Tlalpan.
Los familiares denunciaron que las fuerzas de seguridad los sometieron a revisiones indignantes en sus vehículos, incluyendo el uso de perros entrenados. Los voceros calificaron este trato de inaceptable y señalaron de manera contundente que ellos no son delincuentes.
Este cerco policial impidió la realización de una mesa de diálogo de alto nivel. El encuentro ya estaba programado con los titulares de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la fiscalía del caso Ayotzinapa.
¿Qué exigen a la FGR por el caso Ayotzinapa?
Durante el pronunciamiento, los voceros detallaron los reclamos que planeaban presentar a las autoridades federales. En primer lugar, acusaron que desde el año 2024 el gobierno abandonó líneas de investigación cruciales que apuntaban hacia la participación del Ejército Mexicano.
Por esta razón, los padres exigieron a la FGR que retome específicamente las investigaciones basadas en interceptaciones de comunicación militar, denominadas «CRIGS». También demandaron revisar cientos de archivos que previamente obtuvieron la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Según estos documentos, las autoridades tienen conocimiento de que al menos 17 estudiantes estuvieron detenidos en los separos de la policía municipal, conocidos como «Barandilla», en Iguala. Desde ese lugar, policías y miembros del cártel Guerreros Unidos los trasladaron a un sitio denominado «La Brecha de los Lobos». Asimismo, los archivos sugieren que otros 11 estudiantes habrían sido llevados a la colonia Jardines del Sol.
Para avanzar en el esclarecimiento, las familias propusieron la creación de un grupo de trabajo especializado. Este equipo estaría compuesto por cinco padres o madres, cuatro asesores jurídicos, la COVAJ y la fiscalía especial, con el objetivo de analizar exhaustivamente 33 documentos y extraer diligencias útiles.
Además, exigieron la entrega de 800 folios militares que continúan ocultos. Al mismo tiempo, criticaron la postura de la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual propuso prescindir de los testigos para basarse únicamente en inteligencia y tecnología. Para los padres, la tecnología es un instrumento útil, pero no constituye por sí sola una línea que revele el paradero de sus hijos.
Justicia internacional: demandan las extradiciones de Zerón y Bernabé
En el ámbito diplomático, el reclamo hacia la SRE fue contundente. Las familias exigieron colocar la extradición de exfuncionarios prófugos en el centro de las negociaciones con Estados Unidos y otros países, sin subordinar el tema a las agendas económicas o migratorias.
En específico, los familiares demandaron la extradición de Tomás Zerón de Lucio. A Zerón se le acusa de tortura, alteración de la escena del crimen y de ordenar sembrar restos en el río San Juan para apaciguar las protestas sociales.
Igualmente, exigieron la extradición de José Ulises Bernabé, quien fungía como director de Barandilla en Iguala la noche de la desaparición. Las familias señalan que Bernabé posee información privilegiada sobre el destino de los 17 jóvenes ingresados a esos separos policiales. A la par, solicitaron formalmente que se gestione el regreso del GIEI para recibir asistencia técnica internacional.
Reclamos políticos y rechazo a la criminalización
El tono de la conferencia de prensa se elevó al abordar el trato político que ha recibido el movimiento. Los padres rechazaron categóricamente que las autoridades los consideren «vándalos», que estén financiados por partidos políticos (como el PRI, PAN o Morena) o que pertenezcan a grupos de «ultraderecha».
Recordaron que son campesinos movidos por el dolor de no encontrar a sus hijos. Asimismo, explicaron que la Normal Rural Raúl Isidro Burgos tiene un enfoque de justicia social para erradicar la pobreza, una ideología que, paradójicamente, el propio gobierno afirma compartir.
El padre Mario César González lanzó duras críticas a la cúpula política. González afirmó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador «se montó en el movimiento» de los padres, vistió las playeras con los rostros de sus hijos y finalmente les falló.
También dirigió un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum, advirtiéndole que los criminales no están del lado de los padres buscadores, sino dentro de las instituciones. Además, le reprochó la protección a figuras como Omar García Harfuch, quien participó en las reuniones donde se fraguó la falsa «verdad histórica».
Solidaridad magisterial y la promesa de regresar a las calles
El evento contó con el respaldo de líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). A 12 días de haber iniciado su propia huelga, los maestros se solidarizaron con la exigencia de justicia y recordaron que los 43 desaparecidos se preparaban precisamente para ser maestros rurales.
A pesar de no haber concretado la reunión oficial, los familiares dejaron claro que su retirada a Guerrero no significa una derrota ni el fin de su lucha, la cual ya ha cobrado la vida de siete padres y madres que fallecieron esperando justicia. Por ello, anunciaron que se reorganizarán con diversas organizaciones sociales, los normalistas de Ayotzinapa y los estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) para volver a la capital.
El acto concluyó de manera emotiva cuando los asistentes entonaron el himno «Venceremos» y realizaron el histórico conteo del 1 al 43. Así, reafirmaron su inquebrantable demanda al Estado mexicano: «Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos».
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