La presunta participación del FBI en la operación mediante la cual Ismael «El Mayo» Zambada fue trasladado de México a Estados Unidos encendió los ánimos en el marco de la sesión de la Comisión Permanente del congreso de la Unión, que en este receso legislativo se realiza en el Senado de la República.
Allí, legisladores de Morena y del Partido del Trabajo (PT) exigieron al gobierno estadounidense una explicación sobre los hechos. También plantearon revisar las posibles omisiones de autoridades mexicanas que habrían permitido el ingreso y salida de la aeronave involucrada sin ser detectada.
Acusaciones de injerencismo
El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, calificó el traslado del cofundador del Cártel de Sinaloa como un acto de «injerencismo» por parte de Estados Unidos. Además, aseguró que para su bancada se trató de un «secuestro» ejecutado por el gobierno de ese país.
El legislador sostuvo que México debe privilegiar la defensa de su soberanía. Sin embargo, reconoció que la estrecha relación económica y comercial con Estados Unidos limita la posibilidad de una confrontación directa.
«Tenemos que exigir que nos respeten, somos un país soberano e independiente», expresó. Consideró que las acciones de Washington responden a una nueva estrategia geopolítica orientada a fortalecer su capacidad industrial mediante políticas de corte proteccionista.
Omisiones de autoridades mexicanas
No obstante, Sandoval también admitió la posibilidad de que autoridades mexicanas incurrieran en omisiones. Esto respecto al ingreso y posterior salida del avión que el 25 de julio de 2024 despegó de Culiacán con destino a El Paso, Texas, transportando a Zambada.
Explicó que en ese momento la supervisión administrativa de las aeronaves correspondía a la entonces Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Por lo tanto, posteriormente se realizaron modificaciones legales para fortalecer las atribuciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en esa materia.
En ese contexto, consideró necesario revisar las responsabilidades institucionales. Por ello, no descartó la comparecencia de exfuncionarios o servidores públicos que puedan aportar información sobre lo ocurrido.
«Quien tenga que explicar, que lo explique. Si es mediante comparecencias, no está mal», afirmó.
Posible vulneración a la soberanía
Por separado, el vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, señaló que el aspecto más delicado del caso no radica en la captura de un presunto integrante del crimen organizado. Destacó los siguientes puntos:
- La eventual vulneración de la soberanía mexicana.
- El presunto ocultamiento de información por parte del gobierno de Estados Unidos.
Recordó que inicialmente se difundió la versión de que Zambada había sido secuestrado por un grupo rival. Sin embargo, posteriormente surgieron elementos que apuntan a una presunta participación del FBI. Entre ellos destaca la exhibición de la aeronave utilizada durante la operación en un museo de El Paso.
Ávila sostuvo que, de confirmarse una intervención de autoridades estadounidenses sin el consentimiento del gobierno mexicano, podrían haberse vulnerado:
- Disposiciones de la Constitución.
- La Ley de Seguridad Nacional.
- El tratado bilateral de extradición vigente entre ambos países.
Deterioro de la confianza bilateral
Asimismo, cuestionó el trato que, dijo, habría recibido la familia de Ovidio Guzmán al ingresar a territorio estadounidense, mientras Washington mantiene un discurso de combate frontal contra las organizaciones criminales.
El legislador reconoció que corresponde al Poder Ejecutivo determinar la respuesta diplomática ante este episodio; sin embargo, advirtió que los hechos han generado un deterioro en la confianza entre ambos gobiernos.
«El gobierno de Estados Unidos tiene que llevar a cabo acciones concretas para que el gobierno de México pueda recuperar la confianza», concluyó.
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