Después de una audiencia inicial que se prolongó durante 11 horas y media, un juez vinculó a proceso a la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro simulado. El juzgador concedió la suspensión condicional del proceso durante seis meses; por lo tanto, la alcaldesa continuará en libertad mientras cumpla con las condiciones impuestas.
Entre las medidas cautelares se encuentran presentarse periódicamente ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares y mantenerse alejada de uno de los testigos. Asimismo, deberá residir en el domicilio registrado ante el juzgado, prestar servicio social a favor del Estado o de una institución de beneficencia pública, someterse a vigilancia judicial y acudir a firmar cada tres meses. Cabe destacar que, entre las medidas divulgadas por el Poder Judicial, no se incluyó la separación temporal de su cargo como presidenta municipal.
Agresiones a manifestantes y prensa al concluir la audiencia
Al concluir la audiencia, policías municipales uniformados y agentes vestidos de civil formaron una valla para trasladar a Nápoles Pacheco desde la reja de los juzgados hasta el vehículo en el que abandonó el lugar. Los elementos se abrieron paso con empujones, golpes y codazos contra los manifestantes que se habían concentrado afuera del inmueble desde la mañana para exigir la renuncia o destitución de la alcaldesa. Durante la maniobra, también fueron agredidos reporteros, fotógrafos y camarógrafos que documentaban su salida.
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A lo largo del día, los inconformes lanzaron consignas contra la presidenta municipal y reclamaron el hecho de que permanezca al frente del ayuntamiento, pese a la imputación formulada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
Detalles de la indagatoria y el presunto montaje
El caso comenzó a partir de los hechos que ocurrieron el 31 de mayo. Ese día, Nápoles Pacheco reportó que dos hombres y una mujer la privaron de la libertad a bordo de un automóvil rojo. Al día siguiente, ella presentó una denuncia y declaró que sus captores le exigieron un rescate de 40 millones de pesos. Los secuestradores le indicaron que utilizara recursos del ayuntamiento si no contaba con dicha cantidad.
La investigación ministerial modificó la condición inicial de la alcaldesa de denunciante a imputada. La Fiscalía sostiene que la funcionaria simuló la privación de la libertad para obtener dinero de las arcas municipales. Esta acción buscaría justificar un presunto faltante de recursos públicos por la misma cantidad.
De acuerdo con la indagatoria, dos hombres cercanos a la presidenta municipal planearon el supuesto secuestro desde principios de este año. Ambos contactaron a Christian “N” y le ofrecieron un pago de 500 mil pesos por participar en el montaje. Este último incorporó a su pareja, Karla Valeria “N”, y al hermano de ella, Víctor Manuel “N”.
Las autoridades detuvieron a los tres implicados en Oaxaca el 11 de junio. Posteriormente, un juez vinculó a proceso a Karla Valeria “N” y a Víctor Manuel “N” por secuestro simulado y los dejó bajo prisión preventiva justificada. Además, el juzgador concedió dos meses para cerrar la investigación complementaria.
Pruebas recabadas y postura de la funcionaria
Uno de los involucrados declaró ante el Ministerio Público que el objetivo consistía en exigir 40 millones de pesos como rescate para sacar esos fondos del ayuntamiento. Presuntamente pretendían justificar un faltante existente mediante este montaje.
Como parte de los datos de prueba, la Fiscalía analizó videograbaciones del momento exacto en que la alcaldesa cambió del vehículo original a un Volkswagen Virtus rojo. Según la acusación, las imágenes no muestran actos de violencia, sometimiento o resistencia. De hecho, uno de los implicados incluso la ayudó a descender.
La investigación también señala que la presidenta municipal indicó la ruta a seguir para evitar las cámaras de vigilancia. Cuando comenzó la movilización policial para localizarla, ella advirtió que la situación se había salido de control. Por esta razón, pidió que la dejaran en un camino de terracería cercano a la comunidad de San Pedro Zictepec, en el municipio de Tenango del Valle.
Por su parte, Nápoles Pacheco ha rechazado las acusaciones en diversas ocasiones de manera pública. Ella sostiene firmemente que sufrió un secuestro real. También niega la existencia de un desfalco de 40 millones de pesos en el gobierno municipal y atribuye la investigación en su contra a intereses políticos. Asimismo, la alcaldesa solicitó auditorías a las finanzas del ayuntamiento para acreditar que no existe el faltante que señaló uno de los detenidos.
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