La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró en su conferencia que “no hay persecución política ni justicia selectiva” contra Ernesto Ruffo Appel, y detalló cómo funcionaba el contrabando de combustible de la empresa Ingemar, propiedad del exgobernador de Baja California.
Señaló que la detención responde a una investigación de un año por el llamado “huachicol fiscal”, nombre coloquial dado al contrabando de combustible.
La presidenta afirmó que el exfuncionario tiene la oportunidad de probar su inocencia legalmente.
“Modus operandi” de Ingemar
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el “huachicol fiscal” de Ingemar operaba al ingresar tanques de ferrocarril con combustible no reportado completamente.
“Entraron tanques de ferrocarril y no reportaron que traían diésel, sino que traían otro material. ¿Con qué objetivo? Evitar el pago de impuestos”.
Se declaraba ante aduanas solo el 10 % de la capacidad real de cada carro-tanque de ferrocarril, reportando cerca de 10 mil litros en lugar de los 110 mil que realmente transportaban, o se registraban sustancias distintas para evadir el IEPS.
Hallazgo en Coahuila y proceso legal
Respecto al hallazgo de unas unidades en Coahuila, la presidenta narró: “Hace aproximadamente un año fueron encontrados unos tanques de ferrocarril, ferro-tanques, en Coahuila, derivado de una investigación. Sabían que iban a detenerlos y finalmente los dejaron en la vía”.
Reiteró desde Palacio Nacional que las autoridades federales y la Fiscalía General de la República (FGR) relacionaron estos operativos con el desmantelamiento de una red de contrabando imputada a directivos de empresas importadoras, aclarando que las investigaciones llevan más de un año de integración.
Legalmente, el huachicol es tipificado como “contrabando de combustible y delincuencia organizada vinculados a una red de hidrocarburos”.
Situación de la empresa
El robo de hidrocarburos se realizaba bajo la razón social Ingemar, S.A. de C.V., cuyo principal accionista es Ernesto Ruffo Appel, y en tal carácter lo investigan las autoridades federales. Se han ejecutado múltiples órdenes de aprehensión y se reitera que el proceso es completamente autónomo y jurídico, no político.
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