Si después del Mundial de Futbol volvieron a salir a la luz los enormes errores de Andrés Manuel López Obrador, como, por ejemplo, “el deslizamiento hacia la izquierda”, que no descarrilamiento del Tren Maya, exactamente en el mismo tramo donde en diciembre de 2025 perecieron 14 personas, a estos dislates contribuye también su familia, pero esto tiene su propia historia.
Resulta que en esa espiral de violencia en la que está inmerso prácticamente todo el país gracias a los “buenos oficios” de esta errada y llamada Cuarta Transformación, de Zacatecas, donde se encontraron 10 cuerpos de personas asesinadas, ahora en Centro, Tabasco, en la ranchería Río Tinto, se hallaron dos cuerpos desmembrados con una lona verdaderamente amenazante.
Al respecto, el flamante secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador, afirmó que los cuerpos encontrados en el estado pertenecían a grupos de la delincuencia organizada, esto es, por un enfrentamiento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Barredora, que se disputan el control de la entidad.
La pregunta inmediata que surge es, si es bien sabido que las piezas más importantes que encabezan a La Barredora son el senador Adán Augusto López y su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, ¿por qué esta administración no ha hecho nada contra el exsecretario de Gobernación y mantiene en el silencio más hermético y absoluto a Bermúdez Requena? Pues porque por lo visto, la presidenta Claudia Sheinbaum está dispuesta a protegerlos haciendo hasta lo imposible.
LA EXCUSA FACILITADORA
Por otra parte, esta, la excusa de que la violencia, las matanzas, los secuestros, se deben a la cruenta guerra entre las diferentes organizaciones delincuenciales, permite a los gobernadores de esta errada y llamada Cuarta Transformación “lavarse las manos”.
Como ejemplo de la anterior situación están Alfredo Ramírez Bedoya, de Michoacán, que en reiteradas ocasiones ha señalado que los episodios de violencia en la región de Tierra Caliente y la sierra son producto de la disputa encarnizada que mantiene el CJNG contra células como «Los Viagras», «La Familia Michoacana», entre otros grupos locales.
El flamante exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, durante su administración, al igual que la actual gobernadora, la zacatecana Rocío Nahle, justificaron de manera recurrente las ejecuciones y hallazgos de cuerpos en la zona norte y centro del estado como ajustes de cuentas y choque de frentes entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
Cómo olvidar que la actual gobernadora habló hasta de muerte por infarto y no por tortura.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también justifica que la inacción de las fuerzas de seguridad y los desafortunados bloqueos carreteros en zonas limítrofes con Nuevo León y Veracruz, se dan hasta por el “lógico” reacomodo y disputas armadas entre facciones locales del Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste y células del CJNG que intentan incursionar en la entidad.
Así, en resumidas cuentas, a estos y otros gobernadores morenistas se les ha ido el tiempo en enmarcar esta violencia como un problema derivado del trasiego de drogas y el crimen organizado. Con esto y de manera por demás oportuna, los morenistas justifican la evidente omisión de las policías estatales y buscan que los delitos de alto impacto sean prevenidos por las Fuerzas Armadas.
Finalmente, en el caso de Tabasco hay que hacer notar que el no menos flamante gobernador Javier May tiene otro recurso del cuál echar mano: enviar al hermano de López Obrador a dar la cara y así él, doblemente “pinta su rayita”.
Una reciente encuesta de hace un poco menos de un año elaborada por Mitofsky sobre el ranking de gobernadores, los mandatarios estatales que tienen menor aprobación por los escándalos que protagonizan y el clima de inseguridad que aún subsiste son: el propio Javier May, de Tabasco; de Zacatecas, David Monreal, y de Tamaulipas, Américo Villarreal. Claro que el de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “se cuece aparte”, y Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California, resultó demasiado cándida e ingenua.
MUNICIONES
*** Pues resulta que la administración del presidente Donald Trump solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que respalde la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una demanda civil que se presentó en una Corte Federal de Miami por tres ciudadanos estadunidenses que denunciaron haber sido secuestrados, torturados y retenidos por el régimen venezolano. Este pedimento podría sorprender a muchos, pero no, todo tiene una explicación. La comunicación entre la señora Rodríguez y el poderoso secretario de Estado, Marco Rubio, es muy estrecha, ya sea por las redes o por llamada telefónica y ha llegado a grado tal que se dice en Estados Unidos que Rubio es el presidente, digamos virtual, de Venezuela y que la presidenta interina es una marioneta de la Casa Blanca.
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