La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó al Congreso de Veracruz el desafuero de los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero. Ambos ganaron las elecciones bajo las siglas de Movimiento Ciudadano para el periodo 2026-2029.
Aunque las autoridades mantienen la información oficial bajo confidencialidad por tratarse de procesos judiciales, fuentes internas confirmaron a un medio que los juzgados correspondientes ya notificaron a ambos ediles sobre los procesos en su contra.
Vínculos con el caso de Roxana Guzmán
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La misma fuente reveló que, en el caso del edil de Ixhuatlán del Sureste, la FGE busca vincularlo con el homicidio de la periodista Roxana Guzmán, quien fue secuestrada el pasado 2 de junio en su domicilio en Nanchital y posteriormente hallada sin vida.
Respecto a este hecho, la FGE informó a la Comisión Instructora que un testigo supuestamente escuchó al edil comunicarse con un líder criminal de la zona para indicarle que privara de la libertad a la comunicadora, bajo el argumento de que ella poseía una fotografía en la que el funcionario aparecía portando un arma larga.
Proceso ante la Comisión Instructora
Tras recibir la notificación formal, las partes involucradas llevarán a cabo el siguiente proceso:
- Los alcaldes cuentan con un plazo de siete días hábiles —el cual vence el próximo martes— para presentar su defensa por escrito o comparecer directamente ante la Comisión Instructora.
- Al concluir dicho plazo, la Comisión Instructora fijará la fecha para la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, a fin de continuar con la integración de los expedientes.
- Posteriormente, la comisión evaluará la documentación y los argumentos que presentaron las defensas para determinar si existen elementos suficientes.
- Si los legisladores justifican el avance del procedimiento, emitirán un dictamen y lo turnarán al Pleno del Congreso para su votación.
Acusaciones cruzadas y contexto político
Es de mencionar que, desde que concluyeron las elecciones para renovar las 212 presidencias municipales, la gobernadora Rocío Nahle García acusa a MC de postular a personajes con vínculos delincuenciales.
Incluso, la mandataria puso públicamente como ejemplo el caso de Las Choapas con Jesús Uribe, de quien señaló: “tenía prisión y sentencia condenatoria a 20 años; un juez le revoca la sentencia y ahora es presidente municipal electo por Movimiento Ciudadano”. Posteriormente, el propio alcalde se cambió a Morena, donde la dirigencia estatal no volvió a tocar su tema.
Por su parte, desde que concluyó la elección, la dirigencia de Movimiento Ciudadano en Veracruz denuncia presiones y persecución política por parte de operadores de Morena hacia sus presidentes municipales, síndicos y regidores.
Los líderes del partido naranja acusan a las autoridades estatales de coaccionar a sus ediles para que renuncien a sus cargos y se sumen a las filas del partido guinda.
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