La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, con la que busca homologar los criterios de investigación en las 32 entidades federativas y fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia extrema contra las mujeres.
La propuesta plantea un cambio de fondo en el sistema de procuración de justicia al establecer un marco jurídico único para la investigación del feminicidio, con el objetivo de evitar diferencias entre las legislaciones estatales que, de acuerdo con el Ejecutivo federal, han propiciado subregistros, criterios dispares e impunidad.
Investigación con perspectiva de género
Uno de los ejes centrales de la iniciativa exige que las autoridades investiguen toda muerte violenta de una mujer desde el inicio como posible feminicidio y con perspectiva de género, hasta que descarten esa hipótesis mediante las diligencias correspondientes.
El proyecto crea un tipo penal único de feminicidio para todo el país y define diez razones de género que permitirán acreditar este delito. Algunas de estas razones incluyen:
- Antecedentes de violencia familiar.
- Agresiones sexuales.
- Amenazas y relaciones de poder.
- Discriminación y conductas sustentadas en estereotipos de género.
La iniciativa parte del diagnóstico de que las autoridades continúan clasificando inicialmente una proporción importante de los casos como homicidio o suicidio, pese a la existencia de antecedentes de violencia por parte de parejas, exparejas o familiares cercanos.
De acuerdo con la exposición de motivos, personas del entorno cercano de la víctima cometen alrededor del 90% de los feminicidios. Por ello, el documento propone otorgar mayor peso a los testimonios de familiares y a los antecedentes de violencia durante las investigaciones.
Penas uniformes y circunstancias agravantes en la nueva Ley General de Feminicidio
La nueva legislación contempla una pena uniforme de 50 a 70 años de prisión para quienes cometan feminicidio y establece 19 agravantes que permitirán incrementar las sanciones. Estos agravantes aplican cuando las víctimas sean:
- Niñas, adolescentes o mujeres embarazadas.
- Personas adultas mayores o con discapacidad.
- Periodistas, defensoras de derechos humanos o migrantes.
Asimismo, el documento incorpora circunstancias específicas como ataques con ácido u otras sustancias corrosivas, así como la participación de servidores públicos o situaciones que incrementen la vulnerabilidad de la víctima.
Otro de los cambios relevantes clasifica el feminicidio como un delito imprescriptible, además de impedir la aplicación de amnistías, criterios de oportunidad o beneficios que reduzcan las penas.
La propuesta también sanciona la tentativa del delito y contempla consecuencias adicionales para los responsables, como la pérdida de la patria potestad, derechos sucesorios, tutela y custodia de menores.
Obligaciones institucionales y atención integral
En el ámbito institucional, la iniciativa establece medidas estrictas para asegurar el avance de los casos y proteger el proceso:
- Obliga a las fiscalías de todo el país a contar con unidades especializadas, ministerios públicos, policías de investigación y peritos capacitados en perspectiva de género y derechos humanos.
- Busca garantizar la continuidad de los equipos encargados de cada expediente para evitar que los cambios administrativos retrasen las investigaciones.
La propuesta también fortalece la atención integral a las víctimas indirectas mediante las siguientes acciones:
- Brindar apoyo psicológico y asesoría jurídica gratuita.
- Garantizar la reparación del daño.
- Implementar programas específicos para niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad como consecuencia de un feminicidio.
Entre las medidas previstas, el proyecto destaca la creación del Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio. También promueve campañas permanentes de prevención y mecanismos para actualizar de manera continua las estadísticas oficiales sobre este delito.
Modelo nacional de actuación
Con esta iniciativa, el gobierno federal busca establecer un modelo nacional de actuación que garantice investigaciones homogéneas, fortalezca la coordinación entre autoridades y coloque a las víctimas y sus familias en el centro de la política pública contra el feminicidio.
La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y para la Igualdad de Género del Senado de la República, donde iniciará su proceso de análisis y dictaminación.
Lee: Senado aprueba por unanimidad reforma para crear Ley General de Feminicidio
