El caso del exgobernador Ernesto Ruffo Appel no es una persecución política contra alguien de extracción panista, sino un proceso legal contra un sospechoso de contrabando de hidrocarburos (huachicol), dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En la Mañanera del Pueblo, la presidenta desmintió al Grupo IDEA, integrado por exmandatarios latinoamericanos y los expresidentes mexicanos Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada. Ellos defendieron ayer a Ruffo Appel en un desplegado que calificó la vinculación a proceso del exgobernador de Baja California como una supuesta venganza o persecución política.
Investigación de la FGR y daño fiscal
La mandataria federal aseveró que las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) se sustentan en indicios sólidos sobre una red de contrabando de hidrocarburos (gasolina desde los Estados Unidos) y fraude fiscal que operó durante años en detrimento del erario nacional.
Sentenció: “Es un tema de una persona que presuntamente, de acuerdo a todas las pruebas, cometió graves delitos por contrabandear combustible, así de sencillo. Entonces, quienes firman diciendo que es un asunto político están equivocados”.
Amplió que la indagatoria de la FGR involucra a otras siete personas, presuntas cómplices, y documenta un esquema financiero ilícito con un daño fiscal millonario.
Insistió Sheinbaum: “No tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal”.
Caso Vulcan
En otro tema, la presidenta Sheinbaum informó acerca de la minera Vulcan-Calica, acusada de contaminar una zona de Quintana Roo. Desestimó las reclamaciones de Vulcan Materials (Calica), minera acusada de daño ambiental y que fue favorecida por tribunales.
Aunque están involucrados mil 700 millones de dólares reclamados, Sheinbaum deslindó: “No podemos dar muchos más detalles por estos 30 días en donde todavía se solicita confidencialidad”. Además, reafirmó la exigencia de remediación ambiental.
Recordemos que Calica (Calizas Industriales del Carmen), filial de la estadunidense Vulcan Materials Company, es un complejo minero dedicado a la extracción de piedra caliza ubicado en el estado de Quintana Roo, en la costa de la Riviera Maya, próxima a Playa del Carmen.
El CIADI (Banco Mundial) desestimó la mayor parte de la demanda de Vulcan Materials contra México, reduciendo la exigencia original de casi mil 700 millones de dólares a una reclamación menor por un cierre ordenado en 2018 por parte del gobierno mexicano por contaminación.
Clausura por impacto ecológico y acciones de la 4T
Durante 40 años, Calica extrajo roca caliza en Quintana Roo, causando daños severos a mil 200 hectáreas de selva y al acuífero subterráneo. Debido al impacto ecológico documentado por la Semarnat, el gobierno federal clausuró las operaciones en 2022 y, en septiembre de 2024, declaró la zona como Área de Protección de Flora y Fauna en Felipe Carrillo Puerto.
Esto se considera una de las primeras acciones de este tipo por parte del régimen de la 4T a partir de denuncias ciudadanas.
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