Ante el incremento de denuncias por despojo en los últimos años, el Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México lanzó la estrategia “Mi Casa es Mi Casa” para evitar que ninguna familia pase por una situación así o para recuperar su patrimonio frente a los vacíos legales.
«Acompañaremos jurídicamente a las víctimas, ayudaremos a fortalecer la organización vecinal, facilitaremos asesorías y seguiremos impulsando reformas necesarias para evitar que las redes de despojo sigan arrebatando viviendas a familias de la ciudad», ofreció el blanquiazul capitalino.
Portal y equipo jurídico para atender víctimas
El PAN CDMX anunció que recibirá los casos para darles seguimiento por medio de un equipo especializado jurídicamente para atender las demandas vecinales.
El diputado local del PAN, Federico Chávez Semerena, dijo que entre las acciones para erradicar este delito están la integración de grupos vecinales y autoridades competentes, así como recorridos permanentes para sumar a más ciudadanos al conocimiento de información relevante sobre el tema. De esta manera, se busca fortalecer la denuncia ciudadana.
Herramientas de vigilancia y acompañamiento jurídico
El plan contempla la dotación de herramientas como cámaras de vigilancia y luminarias vecinales que permitirán a los dueños de viviendas desocupadas o habitadas por personas vulnerables mantener monitoreado y estar pendiente de sus inmuebles.
Además, darán acompañamiento jurídico gratuito por medio de una red de abogados del PAN, de los comités panistas por alcaldías y los módulos de atención ciudadana de los legisladores de Acción Nacional.
Exigencias legislativas y fortalecimiento del marco jurídico
El diputado federal Federico Döring comentó que durante las últimas semanas, gracias al trabajo de vecinas y vecinos, redes sociales y medios de comunicación, se han presentado cada vez más denuncias de despojo.
Los panistas Daniela Álvarez y Andrés Sánchez Miranda coincidieron en que es necesario garantizar a los ciudadanos un marco jurídico adecuado, por lo que también exigirán que el registro público tenga un plazo máximo de cinco días hábiles para remitir información registral vigente.
Prioridad a las víctimas y persecución de responsables
Los legisladores panistas coincidieron en que el marco jurídico debe atender de manera efectiva este delito y la persecución de sus responsables, priorizando siempre a las víctimas. «Vamos a trabajar en puntos de acuerdo e iniciativas para robustecer el marco jurídico de la ciudad», puntualizaron.
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