La sesión de la Comisión Permanente no podía ser un espacio en el que no se discutiera el tan llevado y traído derecho de las audiencias que quiere imponer el oficialismo y pese a que, en dicha sesión -tensa, por cierto- Morena envió a sus belicosos legisladores como Manuel Huerta Ladrón de Guevara o Gerardo Fernández Noroña, no consiguieron convencer a nadie de que el gobierno no será juez y parte, y será quien determine qué decir o qué no, o sea, será el que amordace.
El común denominador es que Palacio Nacional, Morena y sus rémoras atentan contra la libertad de expresión y suponen que lo pueden hacer a base de mentiras, pues es más que sabido que en la gustadísima “Mañanera del Pueblo” es donde más se falta a la verdad y se intenta manipular, y ahí también tendrían derecho las audiencias.
Por ejemplo, la diputada panista, Verónica Pérez Herrera, dijo que su grupo parlamentario no está en contra de proteger los derechos de las audiencias, sino que le preocupa que al Estado se le entregue la potestad de determinar qué es verdad y qué no lo es, lo cual, advirtió, “nunca ha terminado bien” en países donde se han aplicado medidas similares.
El coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, Manuel Añorve Baños, advirtió que, con eso de los derechos de las audiencias, Morena atenta contra la libertad de expresión. Lo que quieren, dijo, es cambiar la narrativa y con un “chícharo” indicar a los medios de comunicación difundir lo que conviene o no al gobierno. O sea, que el oficialismo siga tapando sus escándalos que cada día se incrementan más y más.
Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, consideró que con la propuesta de lineamientos sobre derechos de las audiencias se arma una censura por parte del gobierno, por lo que acusó: “el estalinismo está triunfando dentro de la mayoría y al estalinismo no le gustan otras ideas”.
El diputado de MC, Gibrán Ramírez Reyes, indicó que en los últimos meses han circulado diversos temas para ocultar hechos como una conspiración avalada por el gobierno de Sinaloa con participación de agentes extranjeros y del crimen organizado que derivó con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada García, y la entrega de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, a Estados Unidos.
Pero indudablemente, a este último asunto se tienen que agregar otros más que el oficialismo pretende cubrir; por ejemplo: la declaración de guerra que hizo el jefe de la DEA, Terry Cole, al Cartel Jalisco Nueva Generación, subiendo a 25 millones de dólares la recompensa por la captura de Juan Carlos Valencia González, “El Pelón”, cabeza del CJNG, hijastro de Nemesio Oceguera y uno de sus siete de sus compinches, lo que elevaría a 100 millones de dólares la recompensa, considerada ya histórica.
Hay una doctrina unilateral norteamericana con dedicatoria a México que actuará con o sin la ayuda de México; y Estados Unidos no piensa ceder en esto de las operaciones extraterritoriales y ahí está el dato de que realizará este tipo de operaciones más allá de las fronteras de prácticamente todos los países del mundo.
El gobierno norteamericano tapizará con la recompensa por el hijastro de “El Mencho” tanto Estados Unidos como México y confían que eso dará resultados. ¿Será?
UNAM HIZO LO QUE DEBÍA
Y como era de esperarse, porque no podía ser de otra forma, la UNAM anunció la terminación anticipada del contrato con la empresa Territorium Life, encargada de aplicar el examen de admisión a la Licenciatura en línea que, por cierto, resultó un rotundo fracaso, tras detectar anomalías durante la prueba.
Como producto de lo anterior, el abogado general de la máxima casa de estudios, Hugo Concha, dio a conocer que realizarán dos tipos de auditorías a través de una empresa especializada, así como algunas revisiones y acciones legales sobre el proceso que se llevó a cabo durante el periodo del 23 de mayo al 10 de junio.
La pregunta es entonces qué resultados se obtendrán de dicha auditoría; si hay involucrados, más allá de ser o no parte de la UNAM.
Y para profundizar más, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llevar a cabo una revisión de contrato entre la compañía de tecnología educativa y la universidad, así que de esto último podrían esperarse más cosas. ¿Quién se pondrá a temblar?
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