
A poco más de un mes de cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, sorpresiva fue la aprehensión de quien era gobernador de Guerrero en septiembre de 2014, Ángel Heladio Aguirre Rivero, acusado por la Fiscalía General de la República, (FGR), que encabeza Ernestina Godoy, de ocultar y destruir pruebas clave en la investigación de este caso.
Independientemente de que quien fuera dos veces gobernador de dicha entidad, una por el PRI y la otra por el PRD, resulte culpable y sea vinculado a proceso, no deja de llamar poderosamente la atención que es el segundo exgobernador que es señalado y trasladado al penal del Altiplano, donde ya está Ernesto Ruffo Appel.
La detención, que se realizó en Tepotzotlán, Morelos, se dio el mismo día en que por las redes circulaba intensamente la versión de que supuestamente ya estaba lista la orden de aprehensión de Estados Unidos en contra, ni más ni menos, que del senador morenista Adán Augusto López Hernández y cuando no han cesado los señalamientos en contra de Andy (al que no le gusta que le digan Andy) López Beltrán, que hace campaña abiertamente y sin prohibición alguna en el Distrito tabasqueño que quiere representar en la Cámara de Diputados.
Así que la aprehensión de Aguirre Rivero tiene, como puede verse y se reitera, independientemente de que sea culpable o no, el tinte político que utiliza el partido Morena para tapar a sus correligionarios y que el caso Rubén Rocha Moya se vaya quedando cada vez más rezagado.
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LA FRUSTRACIÓN DE LOS PADRES DE AYOTZINAPA
Los padres y madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, de entrada, no se mostraron muy conformes con este giro que evidentemente da el caso. Su demanda principal es que caigan todos los involucrados en la trágica noche de septiembre de 2014; quieren saber quién los mató y quién facilitó esas brutales acciones.
Las reuniones que han tenido este grupo de padres y madres, primero con Andrés Manuel López Obrador y luego con Claudia Sheinbaum, no les han servido de mucho; la mayoría de las veces salen frustrados de esos encuentros porque nada termina por aclararse y, como se recordará, el tabasqueño sólo los utilizó como bandera política, mientras que la presidenta les ha venido dando “atole con el dedo”.
Habrá que estar atentos a lo que Ángel Aguirre declare, pero por lo pronto, el partido guinda orena ya “pintó su rayita” asegurando que el exgobernador nunca militó en Morena.
La actuación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que se avocó a ver este tema, empezó por desmentir la “verdad histórica” que presentó el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, comprobando científicamente que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula, y demostró la participación y el encubrimiento de autoridades de todos los niveles, incluidas las Fuerzas Armadas, y fue el propio López Obrador quien se encargó personalmente de deslindar al Ejército en estas acciones.
Vale la pena recordar que desde 2015, el GIEI solicitó todas las grabaciones que se habían tomado y les informaron que éstas no existían. Durante los años posteriores siguieron insistiendo en obtener las grabaciones, que son prueba clave para esclarecer a todos los involucrados en la cadena de mando que participaron y todos los que negaron la investigación.
A un año de investigado el caso, el GIEI evidenció: una investigación fragmentada; omisiones en el proceso para investigar los delitos cometidos como desaparición forzada en lugar de secuestro; tortura; tentativa de homicidio; encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad.
Hasta 2023, la respuesta al GIEI fue siempre la misma: no hay videos y grabaciones, pero hace falta saber quiénes conocieron la existencia de estas grabaciones y quién o quiénes ordenaron ocultarlas, cuando el propósito era preservarlas.
La detención de Ángel Aguirre Rivero tiene que ver con saber si él dio la orden de ocultar información o con qué elementos probatorios se cuentan, mismos que saldrán a flote cuando se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso del exgobernador.
El GIEI ha venido denunciando que el deber del gobernador era proteger a los estudiantes, cosa que no hizo.
Este tema genera que no sean pocos los que se pregunten quién seguirá en la lista de gobernadores no morenistas perseguidos para cubrir a sus erráticos y corruptos mandatarios estatales.
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