La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Poder Ejecutivo federal incurrió en una omisión reglamentaria inconstitucional al no expedir el Reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, pese a que la propia ley ordenó su emisión desde el 2008, afectando a más de 2 millones de personas en comunidades pesqueras, quienes vieron precarizada su economía debido al vacío legal, lo cual se convirtió en un detonante de pobreza.
En un fallo histórico, el asunto se resolvió bajo el amparo en revisión 100/2026, aprobado en sesión de pleno el 10 de agosto de 2026, y promovido por pescadores artesanales de la comunidad de Las Barrancas, en el municipio de Alvarado, Veracruz.
Se demostró que este vacío legal de 18 años dejó a la ley “sin dientes”, imposibilitando la protección de sus derechos laborales, del medio ambiente y de las especies marinas de las cuales dependen para subsistir.
¿Cuántas comunidades pesqueras se vieron afectadas por la ausencia del reglamento?
De acuerdo con información oficial, la ausencia de este reglamento afectó directamente a un estimado de entre 2 mil 500 y 3 mil comunidades pesqueras distribuidas a lo largo de los 11 mil 500 kilómetros de litorales del país. Ello significa que, sumando a las familias y a las cadenas locales de comercio, más de 2 millones de personas en localidades costeras sufrieron la precarización de su economía debido al vacío legal.
- Pescadores ribereños: Más de 247 mil personas que se emplean directamente en la pesca, de las cuales la inmensa mayoría (es decir, más del 90 %) pertenece al sector pesquero ribereño o artesanal.
- Embarcaciones afectadas: La parálisis en las reglas de ordenamiento impactó la operación de 78 mil 168 embarcaciones menores, como pangas y/o lanchas, que componen la flota ribereña nacional.
- Sumando a las familias y a las cadenas locales de comercio, significa una afectación a más de 2 millones de personas en localidades costeras, quienes sufrieron la precarización y el daño a su economía debido al vacío legal, convirtiéndose en un detonante de pobreza para todos ellos.
Daños en cadena
De acuerdo con los especialistas y datos estadísticos, los daños no solo fueron para las comunidades de Alvarado, Veracruz, sino que golpearon sistemáticamente a las comunidades de los 17 estados costeros del país.
- Del litoral en el Pacífico y golfo de California: Se dañó severamente a los pueblos pesqueros de Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur, que son los que encabezan la producción nacional. Aquí, la falta reglamentaria facilitó la invasión de grandes barcos industriales en las primeras millas náuticas, reservadas por la ley para los pescadores locales.
- Del Golfo de México y mar Caribe: Castigó a comunidades de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La ausencia de un reglamento de trazabilidad facilitó la entrada masiva de producto ilegal, lo cual desplomó el precio del pescado capturado legalmente por las cooperativas costeras.
¿Graves afectaciones para el país?
De acuerdo con especialistas y organizaciones civiles como Oceana México, el daño de operar durante casi dos décadas sin un reglamento actualizado dejó graves afectaciones en el país.
- Ecológicos: Se paralizó la creación de zonas de refugio pesquero y planes de manejo, detonando la sobreexplotación de especies y el uso desmedido de artes de pesca destructivas, como el arrastre de fondo.
- Inseguridad jurídica: La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) se ha visto en la necesidad de operar bajo un reglamento obsoleto de 1999, que regula una ley ya derogada, originando lagunas jurídicas y discrecionalidad en la entrega de permisos.
- Económicos: Propició la proliferación de la pesca ilegal, que representa hasta el 50 % de la captura total en México. Esto merma los ingresos de las cooperativas locales y vulnera la seguridad alimentaria en los litorales.
¿Los pescadores podrían demandar al Estado?
Luego de la determinación de la Corte, de acuerdo con expertos juristas, los afectados se encuentran legalmente habilitados para demandar al Gobierno federal mediante la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado.
Al haberse acreditado formalmente la actividad administrativa irregular (esto es, la omisión inconstitucional), las comunidades pesqueras costeras pueden exigir la reparación del daño emergente y el lucro cesante.
Según los especialistas, es complejo evaluar el impacto económico total a nivel nacional. Resulta que el sector pesquero genera cerca de 40 mil millones de pesos anuales. Los expertos señalan que, de comprobarse un impacto acumulado de entre el 5 % y el 10 % anual, atribuible al desorden y la piratería pesquera durante 18 años, el reclamo global contra el erario público podría oscilar entre los 35 mil y 70 mil millones de pesos.
¿Triquiñuelas para evadir la responsabilidad?
Señalan que el principal reto de los pescadores será sortear las defensas de prescripción que el Estado mexicano suele interponer en juicios patrimoniales prolongados. Sin embargo, aunque el Ejecutivo federal agote el plazo perentorio de 180 días hábiles otorgado por la SCJN para publicar el reglamento, o si las cortes mexicanas niegan el pago de indemnizaciones argumentando tecnicismos, los afectados podrán recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según los entendidos, las comunidades podrían demandar al Gobierno de México por la violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, al trabajo y a la alimentación, incluyendo los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Así, una condena internacional forzaría al Estado mexicano no únicamente al pago de reparaciones económicas tasadas en dólares, sino además a presupuestar fondos obligatorios para la regeneración ecológica integral del golfo de México.
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