Aval de CEPPEMS no exime la protección de datos personales
La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Oaxaca admite públicamente que las Claves Únicas de Registro de Población (CURP) de 30 mil 924 aspirantes a ingresar al bachillerato fueron incluidas en la publicación de resultados del programa «Mi Derecho, Mi Lugar».
La titular de la dependencia, Magdala Fernanda Chávez Cruz, asegura que el procedimiento contó con el aval de la CEPPEMS, la cual participó en la aprobación del proceso. Sin embargo, este reconocimiento oficial no elimina la controversia generada por la exposición de información sensible de menores de edad.
El procedimiento y el argumento de la legalidad
Por otro lado, la funcionaria sostiene que la publicación se realizó bajo la normativa establecida, con la participación de autoridades estatales y federales, directores de subsistemas educativos y un notario público. Chávez Cruz afirma que el procedimiento quedó asentado en actas oficiales y contó con el visto bueno de todas las instancias participantes.
No obstante, las autoridades educativas enfrentan un problema fundamental: el aval de un órgano colegiado no exime a la dependencia de cumplir con las obligaciones legales para proteger los datos personales, especialmente cuando estos corresponden a menores de edad.
El marco legal y las obligaciones institucionales
La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca establece claramente las responsabilidades de las instituciones públicas. Esta legislación obliga a garantizar la confidencialidad de la información y a adoptar medidas efectivas para impedir el acceso o la difusión no autorizada de datos personales.
En este sentido, la exposición de 30 mil 924 CURP de aspirantes a bachillerato representa una vulneración evidente de estos principios, sin importar la aprobación previa de otros órganos colegiados.
La intervención de las áreas jurídicas y la modificación solicitada
Además, la titular de la SEP Oaxaca reconoció que, tras la circulación de señalamientos y capturas en redes sociales sobre las CURP publicadas, las áreas jurídicas de la SEP estatal y de la SEP federal intervinieron de inmediato. Chávez Cruz explica que el área jurídica federal solicitó modificar la forma en que aparecía la información pública. La funcionaria también sostiene que algunas imágenes difundidas en redes sociales habrían sido modificadas y contenían datos distintos a la publicación original, aunque esto no desvirtúa el hecho de que las CURP estuvieron inicialmente expuestas.
Posibles sanciones y el peso de la ley
La legislación estatal contempla responsabilidades claras por divulgar indebidamente datos personales, incumplir el deber de confidencialidad o no contar con medidas de seguridad suficientes. Las autoridades pueden aplicar medidas de apremio que incluyen amonestaciones y multas de 150 a mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Finalmente, para este 2026, estas multas equivalen aproximadamente a 17 mil 596 y 175 mil 965 pesos, lo que evidencia la gravedad de la falta. El aval de la CEPPEMS no exime a la SEP Oaxaca de responder ante estas disposiciones legales.
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