En la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, el PAN propuso sancionar con penas de 80 a 140 años de prisión a quienes, desde el servicio público, se coludan, colaboren o faciliten las actividades del crimen organizado, y exigió que la CFE reduzca el pago de luz a los usuarios afectados por el reciente apagón masivo en el sureste del país.
En el primer caso, se trata de una iniciativa que plantea reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para establecer penas de 80 a 140 años de prisión, multas de hasta 24 mil días y el carácter imprescriptible de las sanciones previstas para estas conductas.
La propuesta forma parte de las prioridades legislativas anunciadas por los panistas en su reunión plenaria en La Paz, Baja California Sur, para combatir la infiltración del crimen organizado en las instituciones y poner fin a la impunidad de los llamados “narcopolíticos”.
Punto final a la era
El coordinador parlamentario del PAN, Elías Lixa Abimerhi, sostuvo que México debe poner punto final a lo que calificó como la “era de los narcopolíticos”, como el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la complacencia criminal.
Ello implica, expuso, garantizar que quienes utilicen las instituciones públicas para favorecer a grupos criminales enfrenten sanciones efectivas y ejemplares. “El Estado mexicano no puede seguir secuestrado por los intereses de los criminales”, afirmó.
A su vez, José Manuel Hinojosa Pérez, proponente de la iniciativa, explicó que el planteamiento busca sancionar las alianzas entre servidores públicos y miembros de la delincuencia organizada que tengan como propósito facilitar la actuación de grupos criminales o influir en las decisiones de autoridades, instituciones democráticas o procesos electorales.
De acuerdo con la iniciativa, las penas propuestas se prisión se aplicarían tanto a integrantes de la delincuencia organizada que atenten contra las instituciones democráticas y la división de poderes mediante acciones encaminadas a influir en las decisiones de las autoridades o en los procesos electorales.
Asimismo, a los titulares del Ejecutivo federal o estatales, secretarías de Estado, fiscalías y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que participen, colaboren o faciliten dichas conductas, así como para quienes incumplan deliberadamente sus atribuciones legales con el propósito de permitirlas.
PAN exige a CFE reducir pago de luz a usuarios afectados por apagón en el sureste
Tras el apagón en la Península de Yucatán y Chiapas, registrado entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, el PAN en San Lázaro exigió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retribuir a los consumidores con reducciones en su pago de luz por las afectaciones.
El diputado panista, Ernesto Sánchez Rodríguez, aseguró que no se trata de un tema de vandalismo, sino de falta de infraestructura e insuficiencia en la generación de electricidad, así como falta de seguridad en las instalaciones de CFE.
Señaló que los apagones complicaron la movilidad en varias ciudades de estas entidades, donde los cuerpos de seguridad estatales y municipales no se dieron abasto para proteger a la comunidad de saqueos, robos y actos delictivos, sin descontar los contratiempos en los hogares por falta de energía eléctrica para mitigar el calor.
Pedirán investigación para revisar los gastos de a CFE
Adelantó que su bancada ingresará denuncias ante la Secretaría Anticorrupción y el Órgano Interno de Control para revisar los gastos de la CFE y la forma en que se ha invertido en el mantenimiento en las plantas y almacenes, y conocer la calidad de materiales que se emplean para darle luz al sureste de México.
La presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Abreu Artiñano, dijo que, tras contactarse con la CFE, se constató que la causa del apagón fue el robo de cables dentro de la misma infraestructura.
Además de mencionar aspectos como clima y apagones programados por cambios de líneas de media, alta y baja tensión como causas de los apagones, la legisladora morenista reconoció que la infraestructura de la empresa tiene unos 30 años de rezago.
