Yanet “N”, ciudadana estadounidense considerada como operadora logística para el trasiego de armamento en Sonora de una facción del Cártel de Sinaloa, fue detenida por fuerzas federales en inmediaciones del Puente Fronterizo de San Luis Río Colorado.
La captura se realizó en el marco de la Estrategia de Seguridad, en una operación encabezada por la Secretaría de Marina (Marina) a través de la Armada de México, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
Durante recorridos de vigilancia y prevención del delito, los agentes localizaron a la mujer con un vehículo y cinco mil 445 cartuchos. El aseguramiento representa una afectación a la estructura operativa y financiera de los grupos delictivos por aproximadamente un millón 655 mil 019 pesos.
Problema medular para la seguridad nacional
El trasiego ilegal de armas hacia México se mantiene como uno de los desafíos más críticos para la seguridad nacional. De acuerdo con autoridades mexicanas y agencias binacionales, ingresan de forma ilegal entre 200 mil y 500 mil armas de fuego cada año.
Además, 70% de las armas incautadas al crimen organizado provienen directamente de comercios y fabricantes en Estados Unidos, mientras que el resto ingresa por la frontera sur o mediante filtraciones del mercado internacional.
La delincuencia organizada aprovecha vacíos legales y el esquema de “compradores de paja” en armerías de estados fronterizos estadounidenses. Arizona ha desplazado a Texas como el principal punto de origen y envío de armamento.
Predomina el tráfico hormiga: piezas desarmadas y municiones transportadas en vehículos particulares, que se distribuyen por corredores estratégicos como la Ruta de Texas, conectando hacia Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Zacatecas.
Estados con mayor aseguramiento de armas ilegales
Más de la mitad del armamento incautado se concentra en Tamaulipas, Sonora, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Baja California, lo que refleja la magnitud del problema en zonas clave para el crimen organizado.
