La jueza federal Alejandra Ramírez de la Vega modificó este viernes la situación cautelar del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y le concedió continuar en prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.
La determinación se produjo durante una audiencia de aproximadamente dos horas y media en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez.
Ruffo Appel permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número uno, Altiplano, desde el 19 de julio pasado, cuando le fue impuesta la prisión preventiva.
De acuerdo con información conocida al término de la diligencia, la defensa, encabezada por Arturo Germán Rangel, solicitó modificar la medida cautelar por la edad del exmandatario y su estado de salud. Entre los elementos presentados ante la juzgadora se documentaron padecimientos crónicos, entre ellos hipertensión.
Restricciones domiciliarias
Ramírez de la Vega aceptó el planteamiento y ordenó que Ruffo Appel permanezca en su domicilio mientras continúa el procedimiento. El exmandatario bajacaliforniano deberá cumplir diversas restricciones, entre ellas no establecer contacto ni acercarse a personas relacionadas con la causa penal.
Esta resolución, que ocurre tras ganar un amparo, no implica su libertad ni pone fin al proceso.
Ruffo Appel continuará sujeto a prisión preventiva, pero ahora bajo la modalidad domiciliaria, durante el plazo de seis meses fijado para el cierre de la investigación complementaria.
Saldrá de prisión en menos de 48 horas
Se prevé que abandone el penal federal en un plazo no mayor a 48 horas, una vez concluidos los trámites administrativos derivados de la resolución judicial, lo que podría ser este domingo o el lunes.
La defensa había intentado desde julio obtener este beneficio. Al momento de su vinculación a proceso solicitó que permaneciera en su domicilio, petición que inicialmente fue rechazada. Para finales de agosto había promovido cuatro juicios de amparo relacionados con la vinculación a proceso y la negativa de la jueza a sustituir la prisión preventiva por domiciliaria.
Ruffo Appel, quien gobernó Baja California de 1989 a 1995 y fue el primer mandatario estatal surgido del PAN en el país, fue detenido en julio pasado. La Fiscalía General de la República (FGR) lo relaciona con una organización dedicada presuntamente a introducir combustible de manera ilegal desde Estados Unidos mediante transporte ferroviario.
La jueza Ramírez de la Vega lo vinculó a proceso junto con otras siete personas al considerar que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada aportó datos de prueba suficientes para que continuara el procedimiento penal.
Ingemar, involucrada en operaciones
Según la investigación de la FGR, parte de las operaciones se realizaron mediante Ingemar, empresa de la cual Ruffo Appel era accionista. La acusación sostiene que se efectuaron al menos nueve embarques de combustible procedente de Texas y que el producto ingresó a México sin cubrir las obligaciones fiscales correspondientes.
El exgobernador ha rechazado tener conocimiento de actividades ilícitas relacionadas con la empresa. La FGR, por su parte, sostuvo en julio que la investigación no deriva de sus antecedentes o posiciones políticas, sino de su presunta participación en las operaciones investigadas.
Con la resolución de este viernes, suman cuatro los imputados en esta causa que enfrentan el procedimiento bajo prisión domiciliaria. La investigación complementaria continuará antes de que la Fiscalía determine la acusación que llevará a la etapa intermedia del proceso.
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