A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó 17 nuevos sujetos de investigación en el caso Ayotzinapa, luego de reexaminar comunicaciones telefónicas, documentos y otros elementos reunidos durante la investigación.
El trabajo busca ordenar y contrastar registros que no se habían examinado de manera conjunta. Entre ellos están comunicaciones telefónicas, documentos, videograbaciones y datos relacionados con los teléfonos utilizados por los estudiantes después de su desaparición.
Caso Ayotzinapa: teléfonos y documentos revelan nuevas conexiones
El procesamiento de las comunicaciones correspondientes a la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 permitió identificar 17 nuevos sujetos de investigación. Los registros reconstruyen vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias.
El caso Ayotzinapa también incorporó el seguimiento de tres teléfonos pertenecientes a los estudiantes, a partir de las personas que los utilizaron después de su desaparición. Uno correspondía a Jorge Antonio Tizapa Legideño y lo utilizó, entre el 23 y el 25 de octubre de 2014, un exservidor público de Iguala.
La información derivada de ese aparato llevó a una orden de aprehensión que la autoridad emitió en agosto de 2026 por delincuencia organizada y desaparición forzada. Otro teléfono, perteneciente a Jorge Aníbal Cruz Mendoza, lo utilizó el 30 de septiembre de 2014 un policía municipal de Iguala y posteriormente su pareja.
Un tercer aparato correspondía a Israel Caballero Sánchez. Después de la desaparición del estudiante, lo utilizó por una persona cercana a un exservidor público asignado a la barandilla municipal. Para la Fiscalía, ese registro fortalece la hipótesis de un posible traslado de estudiantes a esa instalación, aunque esa posibilidad permanece bajo investigación.
En busca de conexiones
La revisión documental también identificó a una persona que habría participado en los hechos cuando tenía 14 años. Su declaración fue rendida el 30 de julio de 2026 y forma parte de los elementos que ahora son contrastados por los investigadores.
La dimensión del expediente explica la escala de esta revisión. Son alrededor de cinco millones de fojas distribuidas en tres mil tomos, de las cuales cerca de 90% ya fue digitalizado y sistematizado. El universo comprende además 162 expedientes relacionados con el caso.
El procesamiento documental busca establecer conexiones que permanecían dispersas en el caso Ayotzinapa, mediante el cruce de información acumulada durante años.
Funerarias y SEMEFO: otra vertiente del caso Ayotzinapa
Otra vertiente se concentra en la Funeraria El Ángel, el Servicio Médico Forense (SEMEFO) y las comunicaciones relacionadas con el manejo de cuerpos. La FGR documentó intercambios entre integrantes de Guerreros Unidos y Rodolfo “N”, propietario de la funeraria El Ángel.
La familia de Rodolfo “N” también tenía participación en la operación del SEMEFO y en la administración del panteón, de acuerdo con la información presentada sobre esta línea de investigación.
En agosto de 2025, la Fiscalía estableció que Rodolfo “N” utilizó el 4 de octubre de 2014 un teléfono que pertenecía a Julio César Mondragón, uno de los estudiantes asesinados aquella noche. El dato forma parte de la revisión de las comunicaciones posteriores a los hechos.
Durante las diligencias relacionadas con la funeraria las autoridades localizaron documentos, un arma de fuego y otros indicios. En las actuaciones relacionadas con el SEMEFO también fueron localizados restos óseos y un crematorio sin registro oficial, además de documentación que ahora es objeto de revisión pericial.
Entre marzo y junio de 2026 se localizaron 23 indicios. Uno de los fragmentos presentó coincidencia genética con otro recuperado en diciembre de 2021, a unos 123 kilómetros de distancia.
Los hallazgos, sin embargo, no establecen que esos restos correspondan a alguno de los 43 normalistas. La pesquisa busca determinar si las instalaciones funerarias se utilizaron para ocultar o alterar el rastro de cuerpos y, en su caso, si esa posibilidad guarda relación con la desaparición de los estudiantes.
Las autoridades contrastarán estos elementos para establecer si guardan relación con el caso Ayotzinapa y con alguna de las hipótesis abiertas.
Videograbaciones y barandilla mantienen abiertas las pesquisas
Otra línea de trabajo corresponde a la revisión de videograbaciones del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y de otros elementos documentales. La FGR sostiene que ese material aporta información relacionada con procesos contra servidores públicos y con nuevas diligencias sobre funcionarios estatales.
La hipótesis sobre la barandilla municipal también permanece abierta y será contrastada con registros telefónicos, testimonios y otros elementos incorporados al expediente. El propósito es establecer qué ocurrió con los estudiantes después de los primeros momentos de su desaparición.
Desde 2019 se han realizado diligencias de búsqueda en mil 931 sitios de nueve municipios de Guerrero, de acuerdo con el reporte oficial. Las autoridades mantienen además colaboración con instituciones y especialistas internacionales para el procesamiento de información y los estudios forenses.
El gobierno informó que las familias conocieron previamente los avances presentados este lunes. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el informe no cierra el caso y que la prioridad continúa siendo localizar a los 43 estudiantes.
La mandataria sostuvo que las autoridades deben avanzar con base en evidencia para determinar qué ocurrió y establecer responsabilidades conforme a las investigaciones ministeriales.
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