Familias exigen que la búsqueda se traduzca en resultados
El gobierno de México busca fortalecer su estrategia de búsqueda de desaparecidos después de años de reclamos de madres, padres y familiares que continúan buscando a sus seres queridos.
Los compromisos anunciados abarcan búsqueda, investigación e identificación humana, pero también una relación más directa y periódica con los colectivos y una mayor coordinación con las autoridades estatales.
La dimensión del problema explica la presión sobre las instituciones. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) acumula más de 135 mil registros, de acuerdo con la información disponible en el registro oficial. La cifra es dinámica y se modifica con nuevos reportes y localizaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que las desapariciones constituyen una grave crisis de derechos humanos en México y formuló 40 recomendaciones para fortalecer la respuesta del Estado.
Después de años de reclamos, compromisos con las familias
Uno de los componentes centrales de esta etapa es el compromiso de mantener un diálogo permanente con quienes llevan años buscando.
En mayo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, anunciaron recorridos por seis regiones del país para reunirse directamente con familias y colectivos.
Gobernación planteó además que las máximas autoridades de las 32 entidades federativas atiendan periódicamente a los colectivos. La propuesta es que estos encuentros ocurran al menos una vez al mes o, cuando ello no sea posible, cada dos meses.
El gobierno también comprometió el fortalecimiento de las fiscalías estatales especializadas en desaparición, recursos federales para infraestructura forense y supervisión de su aplicación, además de condiciones de seguridad mediante policías estatales y Guardia Nacional durante las búsquedas acordadas con familias y colectivos.
Las autoridades reportaron posteriormente más de 13 mil 300 atenciones y reuniones con familiares y colectivos. Como parte de la estrategia territorial, se prevé acercar a las familias con fiscalías y comisiones locales, además de verificar perfiles genéticos y carpetas de investigación.
El Gobierno sostiene que varias de las medidas incorporadas a la estrategia surgieron de propuestas planteadas por las propias familias y colectivos.
Diez acciones para reforzar la búsqueda de desaparecidos
El 28 de agosto, la Secretaría de Gobernación presentó diez acciones para fortalecer la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas.
Entre las medidas principales están completar la información del RNPDNO, garantizar que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación, reforzar la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata, intensificar las búsquedas en vida y ampliar las capacidades operativas y técnicas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
El paquete incluye también un Plan de Identificación Humana, encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), para enfrentar el rezago forense.
La estrategia contempla además prevenir el reclutamiento y la cooptación de jóvenes mediante plataformas digitales, mantener el diálogo con familias y colectivos y llevar las acciones de búsqueda directamente a las entidades federativas.
Para revisar técnicamente la información del Registro Nacional, Gobernación anunció la participación de especialistas en análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación.
Búsqueda de desaparecidos: herramientas ya en operación
Parte de las herramientas que sustentan la estrategia fueron creadas o fortalecidas con la reforma de julio de 2025 y ya se encuentran en operación.
La Alerta Nacional de Búsqueda distribuye de manera inmediata información sobre una persona reportada como desaparecida a instituciones con capacidad para intervenir en su localización. En marzo, Gobernación informó que participaban 512 instituciones públicas, sociales y privadas.
La Plataforma Única de Identidad permite cruzar información de distintas bases de datos. Gobernación informó en agosto que, desde la reforma de 2025, se habían detectado 40 mil 628 coincidencias correspondientes a personas reportadas como desaparecidas que presentaban trámites o actividades posteriores al reporte.
De ese universo, 6 mil 939 ya contaban con reporte de localización. Se trata de coincidencias que requieren verificación y no equivalen por sí mismas a una localización.
Según cifras reportadas por el Gobierno federal, también se registraron 3 mil 39 localizaciones derivadas de búsquedas generalizadas con las entidades federativas durante los dos meses previos al anuncio de agosto, y 2 mil 572 mediante la Alerta Nacional durante los seis meses anteriores.
Las brigadas territoriales de la CNB reportaron, por su parte, mil 75 localizaciones con vida.
Xalisco muestra el desafío de coordinar búsqueda e identificación
El caso de La Curva, en Xalisco, Nayarit, muestra cómo esa coordinación se traduce en una búsqueda de desaparecidos concreta mientras las autoridades intentan determinar qué ocurrió con los indicios encontrados en un predio.
La Comisión Nacional de Búsqueda informó que la Fiscalía General del Estado de Nayarit mantiene a su cargo la investigación ministerial, el procesamiento del sitio, la recolección de indicios y los trabajos periciales para determinar el número y la identidad de las posibles víctimas.
La CNB, por su parte, mantiene comunicación con la Fiscalía, da seguimiento a las diligencias mediante su personal en la entidad y envió un equipo técnico especializado para fortalecer las labores de búsqueda y contribuir al procesamiento del predio.
La precisión es relevante: hasta ahora, la autoridad federal no ha establecido cuántas personas podrían estar relacionadas con los hallazgos ni sus identidades.
Los trabajos ministeriales y periciales deberán establecer qué ocurrió en el lugar, determinar el número de víctimas y, en su caso, confirmar sus identidades.
El caso también muestra por qué hallar indicios no equivale todavía a identificar víctimas. La investigación debe establecer qué personas podrían estar relacionadas con los restos encontrados y qué evidencia permite confirmar sus identidades.
La CNB señaló que mantendrá el acompañamiento a las familias y contribuirá a que reciban información verificada, transparente y oportuna sobre los avances y resultados.
Buscar en vida y encontrar a quienes murieron sin identificar
La estrategia mantiene como prioridad la búsqueda en vida en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones.
Pero existe otra dimensión de la crisis: las personas fallecidas cuyos restos permanecen sin identificar.
La CIDH ha advertido que la identificación humana continúa siendo uno de los principales desafíos y ha llamado a fortalecer las capacidades institucionales, técnicas y financieras para enfrentar el problema.
En México, el rezago forense obliga a que la búsqueda no termine con el hallazgo de restos. Es necesario establecer identidades, cruzar información genética, garantizar la trazabilidad de los procesos y entregar los restos a las familias.
Por ello, el Plan de Identificación Humana anunciado por el Gobierno y el fortalecimiento de las capacidades de la CNB son componentes centrales de la estrategia.
Gobernación informó que la Comisión cuenta con más de 400 especialistas vinculados a tareas de búsqueda, incluidos perfiles jurídicos y forenses, además de drones, georradares y otros equipos.
Búsqueda de desaparecidos también significa proteger a quienes buscan
La seguridad de las madres, padres y familiares buscadores forma parte del problema.
El compromiso anunciado por Gobernación contempla que policías estatales y Guardia Nacional proporcionen condiciones de seguridad durante las búsquedas acordadas con colectivos y familias.
El 30 de septiembre, el gobierno federal reiteró que la búsqueda de personas es una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas y sostuvo que trabaja con la FGR y las fiscalías estatales para evitar la impunidad y ampliar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.
La CIDH ha documentado, por su parte, graves situaciones de riesgo y amenazas contra personas buscadoras y ha señalado desafíos persistentes en la coordinación entre las instituciones de búsqueda y las encargadas de procurar justicia.
Una estrategia bajo observación
Los compromisos se producen mientras México mantiene una interlocución con organismos internacionales.
En su informe de mayo, la CIDH reconoció las políticas e iniciativas desarrolladas por el Estado mexicano, pero señaló desafíos en prevención, búsqueda, investigación, sanción, reparación e identificación humana. Sus 40 recomendaciones buscan fortalecer esas áreas.
El contraste resulta relevante: mientras el Gobierno presenta nuevas acciones y reporta localizaciones, el diagnóstico internacional señala problemas estructurales que todavía requieren atención.
La evaluación de resultados será, por ello, parte importante de esta etapa y deberá considerar no sólo el número de búsquedas realizadas, sino también sus resultados concretos en localización, identificación, investigación y acceso a la justicia.
El compromiso tendrá que convertirse en resultados
Después de años de reclamos, las familias tienen ahora una lista más concreta de compromisos institucionales: reuniones periódicas, recorridos regionales, atención territorial, fortalecimiento de fiscalías, infraestructura forense, búsqueda en vida, identificación humana y seguridad durante las búsquedas.
El caso de Xalisco añade una dimensión concreta a ese desafío: una investigación puede requerir la intervención de distintas autoridades, pero para las familias el resultado debe traducirse finalmente en información cierta sobre sus seres queridos.
Los anuncios no resuelven por sí mismos la crisis.
El cumplimiento de estos compromisos podrá medirse por resultados verificables: personas localizadas, restos identificados, investigaciones que avancen y, cuando corresponda, responsables identificados y llevados ante la justicia, además de familias que conozcan finalmente qué ocurrió con sus seres queridos.
Porque para quienes llevan años en la búsqueda de desaparecidos, un compromiso no equivale a una respuesta.
Una reunión no sustituye una búsqueda. Una base de datos no sustituye una investigación. Un protocolo no sustituye un resultado.
Los compromisos abren una etapa de mayor exigencia institucional. El reto será sostenerlos, medirlos y convertirlos en hechos.
Para las familias, la búsqueda no termina con el compromiso institucional. Termina cuando encuentran a sus familiares desaparecidos.
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