La protección digital exige escuchar a las infancias y vigilar a las plataformas.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) pidió proteger los derechos digitales de la niñez sin limitar su acceso a internet ni restringir su participación. Ante el decreto presidencial sobre entornos digitales seguros, la organización advirtió que las medidas deben prevenir la violencia y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En un pronunciamiento difundido el 15 de octubre, la REDIM reconoció la importancia de impulsar medidas contra los contenidos que ponen en riesgo a las personas menores de edad. Sin embargo, señaló como una de las principales omisiones que no se haya dialogado con niñas, niños y adolescentes durante el proceso.
El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de octubre de 2026. Establece obligaciones para las plataformas digitales relacionadas con la seguridad de sus servicios, la exposición a contenidos de riesgo, la supervisión parental, los mecanismos de denuncia y la verificación de edad. Las empresas disponen de 30 días naturales, a partir de su entrada en vigor, para documentar e informar sobre las medidas adoptadas.
Derechos digitales de la niñez: REDIM cuestiona la falta de participación
La organización advirtió que excluir a niñas, niños y adolescentes de las decisiones que afectan sus vidas puede dejar fuera problemas concretos de implementación y vulnerar su derecho a participar en los asuntos que les conciernen.
“El desafío consiste en construir espacios digitales seguros, donde se garanticen los derechos de niñas, niños y adolescentes, al tiempo que se prevengan las distintas formas de violencia que enfrentan en línea”, planteó la REDIM.
Como parte de esa tarea, la organización impulsa la estrategia Clic protegido, concebida para articular a legisladores, organismos internacionales, empresas tecnológicas y de telefonía, instituciones públicas, academia, organizaciones civiles y las propias infancias y adolescencias.
Para la REDIM, los derechos digitales de la niñez deben orientar un diálogo que vaya más allá de los acuerdos entre autoridades y compañías. La organización pide abrir espacios para escuchar las experiencias, denuncias y propuestas de quienes utilizan esas plataformas.
Derechos digitales de la niñez: riesgos de privacidad y violencia digital
La REDIM expresó preocupación por la amplitud con que pueden interpretarse algunas categorías de contenido. También por la posibilidad de que las medidas no atiendan las causas y los mecanismos de las violencias digitales.
Advirtió que abordar la pornografía únicamente como un contenido que debe evitarse puede dejar de lado las estrategias de captación y los riesgos asociados con su consumo, además de desplazar la necesidad de garantizar educación sexual integral.
También pidió considerar las formas de engaño y manipulación utilizadas para captar a menores con fines de trata de personas, explotación sexual o reclutamiento forzado. La prevención requiere comprender cómo operan los mecanismos de acercamiento y enganche en redes sociales y plataformas de videojuegos.
Otro punto de preocupación es la verificación de edad mediante reconocimiento facial u otros datos biométricos. La organización advirtió que, sin reglas claras sobre la recolección, el tratamiento, el almacenamiento y la protección de esa información sensible, las medidas de seguridad podrían generar nuevos riesgos para la privacidad.
El decreto debe incorporar evidencia y mecanismos de evaluación
La REDIM consideró que el decreto puede limitarse a reproducir disposiciones que ya prevé la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA). Igualmente con las obligaciones que las plataformas ya tienen conforme al marco jurídico nacional. Esta es una valoración de la organización, no una conclusión jurídica independiente.
Para la REDIM, los ajustes deben tomar en cuenta la evidencia sobre fallas en el diseño de los servicios digitales y en la atención de denuncias, producida por la academia, las instituciones públicas, las organizaciones civiles y las propias personas menores de edad.
Entre los siguientes pasos, propuso incorporar un enfoque de derechos en los diálogos pendientes, abrir espacios legislativos para discutir posibles sanciones y establecer mecanismos de monitoreo y verificación de los cambios implementados. También planteó dar continuidad al trabajo para atender los desafíos que plantea la inteligencia artificial.
La organización insistió en que prohibir el uso del celular o restringir el acceso a internet no sustituye la educación digital ni la obligación de prevenir y atender la violencia. Las medidas, sostuvo, deben proteger a las infancias sin limitar su derecho a la información y a participar en las decisiones que les afectan.
La REDIM reiteró su disposición a contribuir al proceso regulatorio desde su experiencia en la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. En su pronunciamiento también aludió a recientes sanciones a empresas tecnológicas en tribunales estadounidenses, sin identificar los casos concretos.
La organización concluyó que una internet más segura requiere más derechos, mayor participación y corresponsabilidad efectiva entre autoridades, empresas, instituciones, organizaciones y las propias infancias y adolescencias.
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Foto: Cortesía REDIM.
