La controversia internacional contrasta con las exigencias de las familias.
El gobierno mexicano rechazó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la decisión de solicitar que la situación de las desapariciones forzadas en México sea examinada por la Asamblea General, mientras el Comité especializado defendió el procedimiento como una vía para movilizar cooperación internacional en búsqueda, investigación y protección de las víctimas.
Durante la sesión de la Tercera Comisión de la Asamblea General, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, cuestionó la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el artículo 34 de la Convención internacional.
“México rechaza la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención”, declaró el funcionario.
La controversia ocurre en un país que acumula más de 130 mil personas desaparecidas o no localizadas en el registro oficial, según cifras citadas durante la sesión. El gobierno federal mexicano defiende sus medidas de búsqueda y cooperación, mientras el organismo internacional considera que la magnitud del problema y las deficiencias persistentes justifican una intervención internacional de carácter preventivo.
Desapariciones forzadas: qué decidió el Comité de la ONU
El Comité adoptó el 17 de abril de 2026 una decisión para que la situación de México fuera llevada con carácter urgente a la consideración de la Asamblea General, al considerar que existen indicios bien fundados de desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada o sistemática.
La decisión se apoyó en información proporcionada por el Estado mexicano, contribuciones de víctimas y organizaciones civiles, y antecedentes recopilados desde 2012. El organismo sostuvo que algunos hechos podrían reunir características de crímenes de lesa humanidad, una valoración que no equivale a una sentencia penal ni determina por sí misma la responsabilidad internacional del Estado.
El fundamento jurídico es el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este permite al Comité llevar una situación ante la Asamblea General cuando encuentra indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se practican de manera generalizada o sistemática en un Estado parte, después de solicitar información a sus autoridades.
El presidente del Comité, Juan Pablo Albán Alencastro, explicó que se trata de un mecanismo excepcional de alerta preventiva, diseñado para movilizar atención y cooperación internacionales. Aclaró que la decisión no establece por sí misma la responsabilidad internacional de México ni concluye que exista una política federal deliberada para cometer desapariciones forzadas.
El gobierno mexicano defiende sus resultados de búsqueda
Ante las delegaciones de los Estados miembros, Medina Padilla sostuvo que México mantiene una política de cooperación internacional y destacó las acciones para fortalecer la búsqueda de personas, la identificación humana y la investigación de desapariciones.
El subsecretario informó que, con asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se conformó un grupo de expertos internacionales para revisar científicamente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
También mencionó la cooperación con Alemania, España, Noruega, Canadá y Guatemala, además de la colaboración con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para fortalecer las capacidades de búsqueda e identificación humana.
Según el balance presentado por el funcionario, la Estrategia Nacional de Búsqueda permitió localizar a más de 16 mil personas durante 2026. La cifra corresponde a los resultados reportados por el gobierno y no implica que todos los casos hayan concluido con una investigación penal o una sentencia judicial.
“Nuestro compromiso es claro: encontrar a las personas desaparecidas, combatir la impunidad y garantizar los derechos de las familias”, afirmó Medina Padilla.
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ONU reconoce localizaciones, pero advierte deficiencias persistentes
Durante la sesión, Albán reconoció las más de 16 mil localizaciones reportadas por México y pidió que la cooperación anunciada con otros países y organismos internacionales tenga continuidad. El Comité consideró que esos avances son relevantes, pero insistió en que no eliminan los problemas estructurales documentados.
Entre las preocupaciones señaladas por el organismo figuran la impunidad, las deficiencias en las investigaciones, los problemas de coordinación institucional y las dificultades de identificación forense. También ha documentado información sobre posibles vínculos entre funcionarios públicos y grupos criminales, asuntos que requieren investigación y esclarecimiento por las autoridades competentes.
El Comité planteó que la Asamblea General considere opciones de asistencia técnica, apoyo financiero y cooperación especializada para fortalecer las búsquedas, las investigaciones, el esclarecimiento de la verdad, la atención de la crisis forense y la protección de las familias.
Retiran de la sesión a familiares de desaparecidos
En paralelo a la discusión diplomática, familiares de personas desaparecidas fueron retirados de la sala de Naciones Unidas cuando mostraron fotografías de sus seres queridos, según reportes de prensa.
El episodio expone la distancia entre el debate institucional y la exigencia de las familias, que reclaman búsqueda efectiva, verdad sobre el paradero de sus seres queridos y acceso a la justicia.
La diferencia es fundamental: mientras el gobierno federal mexicano cuestiona el alcance jurídico de la decisión del Comité de la ONU, el organismo sostiene que el procedimiento puede abrir nuevas vías de cooperación internacional.
El punto de fondo sigue siendo cómo traducir los compromisos oficiales y el escrutinio internacional en resultados sostenidos para las personas desaparecidas y sus familias.
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