El trabajo infantil continúa afectando a 3.5 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años en México, equivalente a 12.6% de la población de ese grupo de edad, un fenómeno que se concentra en Guerrero, Oaxaca y Chiapas y que aparece estrechamente relacionado con la pobreza, la pérdida de ingresos familiares y el aumento de los precios.
Al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2025, el titular de la Unidad de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, Mauricio Rodríguez Abreu, explicó que la medición permite identificar no sólo la magnitud del problema, sino también los factores económicos y sociales asociados.
El funcionario destacó que la encuesta aporta información para diseñar y evaluar políticas públicas dirigidas a proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de dar seguimiento a compromisos internacionales asumidos por México para erradicar el trabajo infantil.
Guerrero, Oaxaca y Chiapas encabezan las tasas más altas
La entidad con la mayor incidencia de trabajo infantil es Guerrero, donde 22.6% de las niñas, niños y adolescentes se encuentran en esa condición.
Le siguen Oaxaca y Chiapas, ambos con tasas superiores a 20%, lo que confirma una concentración del problema en el sur y sureste del país.
En contraste, Sinaloa, Baja California, Coahuila y la Ciudad de México registran los niveles más bajos.
De acuerdo con la ENTI, el trabajo infantil incluye tres situaciones: ocupación no permitida por la edad, empleo en actividades peligrosas y quehaceres domésticos realizados en condiciones inadecuadas que ponen en riesgo la salud, el desarrollo o la asistencia escolar.
Altos precios y pérdida de ingresos, detrás del trabajo infantil
Uno de los hallazgos centrales de la encuesta es la relación entre el trabajo infantil y las dificultades económicas de los hogares.
Los principales problemas reportados por las familias con menores en trabajo infantil fueron los altos precios de los alimentos, la pérdida de ingresos por cierre o fracaso de negocios, así como las afectaciones provocadas por sequías, inundaciones y aumentos en los costos de insumos agrícolas.
Además, 83.3% de los hogares con niñas, niños o adolescentes en situación de trabajo infantil reportó al menos un problema grave o muy grave durante los últimos tres años.
Rodríguez Abreu señaló que en estos hogares también se registra una mayor incidencia de enfermedades graves, accidentes o fallecimiento de integrantes que aportaban ingresos, factores que reducen la capacidad económica familiar y aumentan la vulnerabilidad.
Población indígena enfrenta mayor riesgo
La encuesta también identificó brechas importantes entre distintos grupos de población.
Mientras la tasa nacional de trabajo infantil es de 12.6%, entre la población indígena asciende a 25%, prácticamente el doble.
Entre la población afrodescendiente llega a 15.6%.
Asimismo, el fenómeno afecta más a quienes no asisten a la escuela. Según datos presentados por el vicepresidente de la Junta de Gobierno del INEGI, Arturo Blancas Espejo, la incidencia alcanza 48.4% entre quienes abandonaron sus estudios, frente a 9.9% entre quienes continúan asistiendo a clases.
Persisten los riesgos laborales
Del total de menores en ocupación no permitida, una parte importante se concentra en actividades agropecuarias, comercio y servicios.
La encuesta muestra que tres de cada cuatro menores en ocupaciones peligrosas trabajan en sectores considerados de alto riesgo, como actividades agropecuarias, pesca, caza o minería.
También se identificaron casos de exposición a sustancias químicas, herramientas peligrosas, jornadas excesivas y condiciones que pueden afectar la salud física y emocional.
Ligera reducción del trabajo infantil, pero sin cambios de fondo
Entre 2022 y 2025, el número de menores en trabajo infantil pasó de 3.7 millones a 3.5 millones.
La reducción se explica principalmente por una disminución en la ocupación no permitida, que bajó de 2.1 millones a 1.8 millones de personas.
Sin embargo, los quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas permanecieron en alrededor de 1.8 millones, por lo que el INEGI advirtió que el fenómeno se mantiene prácticamente estable.
Para las autoridades estadísticas, el reto ahora consiste en transformar la evidencia en políticas que permitan reducir las desigualdades económicas y sociales que continúan empujando a millones de menores a trabajar.
