La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que envió al Congreso capitalino, con el propósito de combatir la especulación inmobiliaria, frenar la gentrificación y proteger a las familias capitalinas.
Aclaró que la propuesta no prevé el congelamiento de rentas ni mucho menos se ataca a la propiedad privada, y aseguró que en la ciudad todo desalojo se realizará con respeto a los derechos humanos.
La iniciativa de Rentas Justas, Razonables y Asequibles propone medidas para combatir los procesos de gentrificación, proteger a quienes rentan y a quienes ofrecen vivienda, y garantizar orientación, asesoría y defensoría jurídica gratuita a través de la Defensoría Inquilinaria.
Frente a la especulación, ¡derecho a la vivienda!, y frente a la expulsión, ¡derecho al arraigo!
— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 22, 2026
Tras subrayar que la vivienda es la gran causa de los movimientos sociales urbanos de esta época, recordó que en la capital casi 30% de las familias rentan una vivienda, y que en los últimos 20 años el precio de la misma se ha multiplicado por cinco en las alcaldías centrales.
En los últimos 15 años, refirió, la cantidad de personas que rentan se ha incrementado un 54%, lo que ha provocado que las familias destinen hasta 40% de sus ingresos mensuales al pago de vivienda.
Siete puntos estratégicos de la iniciativa
- Las rentas no podrán subir por encima de la inflación anual, dotando de instrumentos jurídicos para garantizar su cumplimiento.
- Crea una Carta de Derechos y Obligaciones que permitirá exigir solo una garantía para rentar, eliminando la práctica de pedir avales múltiples y pólizas jurídicas excesivas, así como prohibir la discriminación.
- Crea la Defensoría Inquilinaria, adscrita a la Procuraduría Social, que ofrecerá defensa jurídica gratuita.
- Promoverá contratos estables con una duración mínima de un año y un registro digital protegido para dar seguimiento a los acuerdos.
- Ampliará la oferta de vivienda social y asequible, sumando a la iniciativa privada mediante apoyos a los propietarios que suscriban contratos multianuales.
- Creación del Gabinete de Acompañamiento Social en caso de desalojos para intervenir, siempre respetando las resoluciones judiciales, y ofrecer alternativas habitacionales o apoyo para renta.
- Regular a los cargadores exigiendo personal capacitado que será contratado por el Poder Judicial.
En caso de desalojos, la funcionaria capitalina afirmó que «en esta ciudad ningún desalojo puede violar los derechos humanos” y que habrá un monitoreo a través de un nuevo Observatorio Público de Vivienda para una mejor planeación.
Al respecto, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, dijo que el Gabinete de Acompañamiento Social ante los Desalojos brindará asistencia institucional y buscará alternativas habitacionales, asegurando que las diligencias sean pacíficas.
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