El próximo domingo 1 de noviembre se cumple un año del cobarde asesinato del edil independiente de Uruapan, Carlos Alaberto Manzo Rodríguez, cuya tragedia servirá de marco para realizar una marcha por la “Paz y la Justicia”.
La movilización social fue convocada por la alcaldesa sustituta de esa localidad Grecia Itzel Quiroz García a las 10:00 horas, del Monumento a Lázaro, en la Avenida Chiapas, a la Plaza Morelos, donde se develará una estatua en memoria del líder del Movimieno del Sombrero.
Ello, con la finalidad de hacer un llamado contra la violencia y la impunidad tanto en Michoacán como a nivel nacional, ya que tras el homicidio de Carlos Manzo, en pleno centro de Uruapan y del Festival número 28 de Las Velas, el Gobierno de México puso en marcha el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual ha sido un verdadero fracaso de acuerdo a los michoacanos.
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Y es que el estado se le cae en pedazos al gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedolla, y Uruapan, ocupa el primer lugar en inseguridad en el ámbito estatal, no obstante de que plan comprende una inversión superior a los 57 mil MDP.
La principal tarea de estas fuerzas federales es el combate a la extorsión
Además de un presupuesto en Programas para el Bienestar y becas dirigido a la población, que no aparecen o ya existían como las becas del bienestar y 65 y Más.
Es necesario recordar que el despliegue operativo, incluyó el envío de refuerzos de más de 12 mil elementos de seguridad federales, convoyes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército en Uruapan, en zonas de la Tierra Caliente y la Meseta Purépecha.
Sin embargo, algunos de estos representantes de la ley se la pasan robando en los inconstitucionales retenes, o “ puestos de revisión” y, prueba de lo anterior, es que los transportistas realizaron hace varios meses una marcha de protesta para que los retiren, sin ningún éxito.
La principal tarea de estas fuerzas federales es el combate a la extorsión enfocado especialmente en proteger actividades productivas y comerciales claves para el estado, como la producción de aguacate y limón, así como los sectores maderero y de transporte.
En el papel y en los eventos públicos, los reportes oficiales presumen avances significativos en varios frentes, empero, estos supuestos logros se desmoronan al contrastarlos con la cruda realidadque viven los michoacanos.
Principales desafíos en el estado
Inseguridad y violencia del crimen organizado, así como disputas entre cárteles, en especial los enfrentamientos constantes entre organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos locales o rivales que generan jornadas de terror con narcobloqueos, quema de vehículos y ataques armados en municipios como Zamora, Uruapan, Apatzingán, Morelia y la región de Tierra Caliente.
De ahín que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia (presentado por la administración federal en 2025) ha sido señalado por diversos sectores políticos, empresariales y analistas como fallido, debido a varios factores clave como:
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La falta de recursos frescos y presupuesto insuficiente, situación que han criticado los opositores y críticos, quienes afirman que el plan carecía de un soporte financiero real (se argumentó un recorte o falta de asignación de cerca de 10 mil millones de pesos por parte de legisladores), dependiendo de reasignaciones presupuestales y no de dinero nuevo.
Ello, aunado a la persistencia del control criminal en economías clave, en las cuales los cárteles de la delincuencia organizada siguen dominando actividades económicas vitales para la región, como la producción y exportación de aguacate, lo que llevó incluso a suspensiones temporales de envíos y reclamos del sector empresarial.
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