La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, propuso a su partido en la Cámara de Diputados crear la Comisión Especial por la Verdad y la Democracia, para esclarecer el presunto fraude en los comicios presidenciales en que Andrés Manuel López Obrador perdió frente a Felipe Calderón.
Respaldada por el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal Ávila, la líder guinda presentó la propuesta, tras el reciente reconocimiento del expresidente Vicente Fox Quesada sobre su intervención en aquel proceso.
Montiel sostuvo que las declaraciones del expresidente, sumadas a señalamientos históricos como la llegada de Luis Carlos Ugalde a la presidencia del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) por recomendación de Elba Esther Gordillo, otorgan nuevos bríos para revisar las complicidades institucionales que, consideró, favorecieron al PAN.
Verdad histórica sin consecuencias penales
Aunque la dirigente morenista admitió que la iniciativa no busca encarcelar a nadie, porque «el tiempo legal ha pasado», expuso que la Comisión sería un mecanismo de «justicia histórica».
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El fantasma de 2006 en San Lázaro
Respecto a por qué enfocar los esfuerzos en una elección de hace 20 años y no en las crisis actuales, Montiel defendió el ejercicio argumentando que «el esclarecimiento de la verdad no tiene fecha de caducidad«.
Para Ricardo Monreal, quien en 2006 documentó las irregularidades en su libro «El fraude que no se vio», la creación de esta Comisión no es un capricho y aseguró que no representará un gasto extraordinario para la Cámara, pues operará con personal e instalaciones existentes.
¿Distractor o mandato político?
La Comisión operará bajo el cobijo de los artículos 205 y 207 del Reglamento de la Cámara de Diputados, con facultades limitadas: no puede emitir resoluciones vinculantes, sólo recomendaciones a la Fiscalía o al Poder Judicial.
Morena no descarta que este ejercicio abra la puerta a otras investigaciones solicitadas por la oposición, como el caso del gobernador Rubén Rocha Moya, aunque su aprobación final recae en el control de la Junta de Conciliación Política (Jucopo) y el Pleno de los diputados.
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