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Especulación inmobiliaria: el negocio que encarece la CDMX y desplaza a sus habitantes

Las decisiones públicas y la inversión privada han impulsado transformaciones cuyos costos recaen sobre quienes enfrentan mayores dificultades para permanecer en la ciudad.

Benjamín Bravo Por Benjamín Bravo
17 de noviembre de 2026
En Nacional
Un contraste entre edificios ejemplifica la especulación inmobiliaria que pone en riesgo el derecho a la ciudad en la CDMX.

El derecho a la ciudad en riesgo: gentrificación y despojo en la CDMX. AMEXI/Foto: Especial

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De Santa Fe al Centro Histórico, Nuevo Polanco, Xoco y Roma-Condesa, la valorización del suelo ha reconfigurado barrios y comunidades.

La especulación inmobiliaria encarece la vida en la Ciudad de México, pero el fenómeno no se explica únicamente por la llegada de extranjeros, nuevos comercios o alojamientos turísticos. Detrás de esa transformación opera un negocio: la valorización del suelo y la vivienda para obtener rentabilidad.

Durante décadas, desarrolladores, propietarios e inversionistas han encontrado oportunidades para adquirir, transformar, vender o arrendar inmuebles en zonas donde aumenta el atractivo económico. Las autoridades, mediante políticas urbanas, infraestructura, permisos e incentivos, también han intervenido en ese proceso.

El resultado aparece en distintos territorios: edificios de mayor valor, cambios en los usos del suelo, rentas crecientes y comunidades que pierden capacidad económica para permanecer en sus barrios. La gentrificación y el desplazamiento son algunas de las consecuencias de esta transformación, aunque no todos los proyectos producen los mismos efectos.

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El suelo como activo de inversión

La especulación inmobiliaria convierte el suelo y los inmuebles en activos cuyo valor depende de las expectativas de rentabilidad. El negocio puede consistir en comprar terrenos, esperar su valorización, desarrollar construcciones o aprovechar el aumento de las rentas.

La vivienda deja de responder exclusivamente a una necesidad habitacional y también funciona como instrumento de inversión y acumulación de capital. Cuando la rentabilidad depende de atraer compradores o arrendatarios con mayor capacidad adquisitiva, cambian los precios y las condiciones de acceso a los barrios.

Los habitantes con menores ingresos enfrentan entonces mayores dificultades para conservar sus viviendas o encontrar alternativas cercanas. El proceso puede producir desplazamiento directo, pero también expulsión económica paulatina: propietarios que venden, inquilinos que no pueden renovar contratos, comercios tradicionales que pierden clientes y familias que buscan vivienda en zonas periféricas.

La llegada de extranjeros con altos ingresos puede incrementar la demanda en determinados mercados, especialmente en zonas turísticas y corredores de alojamiento temporal. Sin embargo, no son los extranjeros quienes organizan por sí mismos la transformación inmobiliaria: detrás están los propietarios, desarrolladores, intermediarios, plataformas y condiciones regulatorias que hacen rentable ese mercado.

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El encarecimiento tiene cifras

Los precios de oferta permiten dimensionar la valorización inmobiliaria en algunas de las colonias más representativas de este proceso. La Radiografía del Mercado Inmobiliario, elaborada por Propiedades.com para el segundo trimestre de 2025, utiliza la mediana de precios anunciados por metro cuadrado.

Entre 2015 y el segundo trimestre de 2025, el precio mediano de venta por metro cuadrado en Condesa pasó de 45 mil a más de 76 mil pesos; en Roma, de 35 mil a 75 mil 600 pesos. En la colonia Juárez aumentó de 30 mil a más de 87 mil pesos.

En Granada superó los 86 mil pesos por metro cuadrado y en Ampliación Granada rebasó los 83 mil. La valorización también alcanzó zonas de reconversión industrial, donde el desarrollo inmobiliario modificó los usos del suelo y el perfil económico de los nuevos conjuntos habitacionales.

Las rentas anunciadas también aumentaron. En Condesa pasaron de 200 a 380 pesos por metro cuadrado; en Roma, de 180 a 370 pesos; y en Juárez, de 208 a más de 410 pesos.

Estos datos corresponden a precios anunciados, no a escrituras de compraventa ni a contratos de arrendamiento efectivamente celebrados. Sin embargo, la continuidad de la metodología permite observar la evolución del mercado de oferta en esas colonias.

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La Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México documentó, con datos de octubre de 2023, que las rentas promedio anunciadas para departamentos superaban los 19 mil pesos mensuales en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. En Cuajimalpa, donde se encuentra buena parte de Santa Fe, el promedio fue superior a 22 mil pesos. Son referencias por alcaldía, no precios específicos de cada colonia o desarrollo.

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El Estado también transforma el mercado

La especulación inmobiliaria no nació con una administración ni puede atribuirse a un solo gobierno. Su expansión responde a transformaciones económicas, urbanas y regulatorias acumuladas durante décadas.

Sin embargo, las decisiones públicas pueden facilitar o impulsar la valorización privada del territorio. Los cambios de uso de suelo, las autorizaciones de construcción, la infraestructura, los estímulos fiscales y los programas de renovación modifican las oportunidades de inversión.

El Estado también tiene la responsabilidad de regular el mercado, proteger a los residentes y garantizar vivienda asequible. La aplicación —o ausencia— de esas medidas influye en quién obtiene los beneficios de la transformación urbana y quién enfrenta sus costos, es decir: influye en la especulación inmobiliaria.

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Santa Fe, transformación operada desde el poder público

Santa Fe ofrece un antecedente de esa relación. Su desarrollo comenzó a mediados de los años ochenta, antes de que Andrés Manuel López Obrador gobernara la capital. El Departamento del Distrito Federal expropió en 1984 un conjunto de 22 predios con una superficie aproximada de 4.26 millones de metros cuadrados.

En 1987, el gobierno capitalino y Servicios Metropolitanos propusieron establecer una Zona Especial de Desarrollo Controlado para unas 850 hectáreas. Posteriormente, la planeación urbana y la creación de instrumentos de gestión permitieron desarrollar un nuevo polo económico de oficinas, comercio y vivienda.

La transformación de Santa Fe fue una operación territorial organizada desde el poder público, que articuló adquisición de suelo, planeación, infraestructura y participación privada.

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano publicado en 2012 reconoció que los cambios acelerados de uso de suelo habían generado fuerte especulación inmobiliaria, modificaciones de la fisonomía urbana e irregularidades en usos y construcciones, con deterioro de la calidad de vida de los habitantes.

Santa Fe no puede presentarse como un proyecto originado durante el gobierno de López Obrador. Su historia demuestra que la articulación entre planeación pública y capital inmobiliario antecede a esa administración.

Centro Histórico: inversión privada e incentivos públicos

Durante el gobierno capitalino de López Obrador, entre 2000 y 2005, el Centro Histórico vivió una nueva etapa de recuperación urbana. La intervención combinó obras públicas, rehabilitación patrimonial e inversión privada.

El Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico había sido publicado en septiembre de 2000. En agosto de 2001 se instaló el Consejo Consultivo para su recuperación, cuyo Comité Ejecutivo estuvo encabezado por el empresario Carlos Slim.

El investigador Víctor Delgadillo documentó que el gobierno capitalino destinó 500 millones de pesos a obras públicas en un polígono de 34 manzanas. También registró que Slim adquirió 63 inmuebles entre abril de 2002 y mayo de 2004, mediante sociedades y empresas vinculadas con su grupo.

El estudio identifica beneficios fiscales locales y federales para las inversiones inmobiliarias. También señala que Slim había anunciado una inversión de mil millones de pesos para la zona en agosto de 2001, antes de que el gobierno hiciera pública su propia inversión.

La secuencia impide afirmar que toda la inversión privada fue consecuencia del programa gubernamental. Algunos desarrolladores ya tenían operaciones o planes de adquisición en el Centro Histórico.

El Bando 2, emitido en diciembre de 2000, buscaba repoblar las delegaciones centrales y contener la expansión urbana periférica. Su objetivo declarado incluía promover vivienda para sectores populares, aunque sus efectos sobre la disponibilidad y el precio del suelo también favorecieron la concentración de oportunidades inmobiliarias en determinadas zonas.

La recuperación del Centro Histórico articuló obra pública, incentivos fiscales y capital privado, con grandes inversionistas en una posición privilegiada.

Nuevo Polanco: la reconversión industrial

En Granada y Ampliación Granada, antiguas instalaciones industriales dieron paso a conjuntos habitacionales, oficinas, centros comerciales y desarrollos de usos mixtos. Los promotores inmobiliarios difundieron el nombre de Nuevo Polanco para identificar ese corredor de inversión, aunque no corresponde a una colonia oficialmente reconocida.

El Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de 1997 ya identificaba ambas colonias como zonas con potencial de reciclamiento. Sin embargo, fue en 2000 cuando el uso de suelo industrial cambió a habitacional mixto y comenzó la transformación inmobiliaria.

La investigadora Adriana Aguayo Ayala documentó que la reconversión produjo nuevas formas de segregación, fragmentación territorial y gentrificación. El cambio de usos industriales a habitacionales y comerciales modificó el paisaje y el valor económico del suelo.

Los precios anunciados permiten observar la magnitud de esa transformación y de la especulación inmobiliaria. En Granada, la mediana de venta superó los 86 mil pesos por metro cuadrado en 2025; en Ampliación Granada rebasó los 83 mil. La renta anunciada alcanzó 400 pesos por metro cuadrado en Granada y más de 430 en Ampliación Granada.

La valorización de Nuevo Polanco no puede separarse de la transformación de antiguas zonas industriales en un mercado de vivienda y servicios dirigido a segmentos de mayor capacidad adquisitiva.

El crecimiento también abrió problemas de movilidad, infraestructura y servicios. La expansión inmobiliaria y la especulación avanzaron más rápido que la capacidad pública para ordenar sus consecuencias territoriales.

Gentrificación en la CDMX: cuando el capital desplaza y "asesina" a la ciudad.
Cartel difundido por la Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco.

Xoco: el megaproyecto frente a la comunidad

En San Sebastián Xoco, pueblo originario de la alcaldía Benito Juárez, el desarrollo de Mítikah convirtió la transformación inmobiliaria en una disputa por el territorio.

El proyecto comenzó en 2009 bajo el nombre de Ciudad Progresiva. Ese año obtuvo un dictamen positivo de impacto urbano y una autorización ambiental condicionada. Posteriormente recibió modificaciones y registros para distintas etapas de construcción.

En diciembre de 2017 se aprobó una modificación que pretendía pasar de seis a siete edificios, con una superficie total proyectada de construcción superior a un millón de metros cuadrados. La resolución de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) del 7 de febrero de 2019 también documentó una diferencia entre los 22 niveles amparados por una autorización de uso y ocupación y los 23 que constató en una torre ya ocupada.

Por esa discrepancia, la PAOT solicitó a la Alcaldía Benito Juárez realizar las acciones legales y verificaciones correspondientes. La Procuraduría no declaró ilegal la totalidad del complejo ni impuso en esa resolución una sanción definitiva por ese nivel adicional.

La misma resolución registró autorizaciones ambientales que incluían el derribo de 119 árboles y el trasplante de cinco, con una propuesta de restitución de 660 ejemplares. La autoridad ambiental informó que las condicionantes de la primera etapa se tuvieron por cumplidas en marzo de 2015.

Impacto social y ambiental de Mítikah

La Secretaría del Medio Ambiente informó en julio de 2021 que las obras de integración urbana de Xoco derivaban del dictamen de impacto urbano de 2009 y contaban con autorizaciones ambientales condicionadas. Incluían un pozo de agua potable, ampliaciones viales, un paso a desnivel y un espacio público arbolado.

La evaluación de impacto social de Mítikah, elaborada en 2020 para el proceso de consulta pública, registró inquietudes vecinales sobre movilidad, arbolado, agua, drenaje y transformación comunitaria. Identificó 33 posibles impactos sociales, 26 de ellos clasificados como negativos y susceptibles de medidas de prevención, mitigación o compensación.

El documento también registró que 61.6% de la población encuestada llevaba más de 20 años habitando la zona. El dato refleja el arraigo de una comunidad cuya historia no comenzó con la llegada del megaproyecto.

En 2020, habitantes denunciaron problemas en calles, fugas de agua y drenaje, así como obras de mitigación inconclusas. También cuestionaron la integración de una comisión que discutiría las medidas correspondientes. El gobierno capitalino sostuvo, en contraste, que las obras habían sido avaladas por la mayoría de los vecinos y que modificó el proyecto para evitar la privatización de Real de Mayorazgo.

En noviembre de 2025, vecinos todavía reclamaban que el pozo construido como medida de mitigación pasara formalmente al patrimonio público. El conflicto enfrentó distintas posiciones sobre quién debía decidir el destino del espacio público y cómo distribuir los beneficios de las obras de integración urbana.

Roma-Condesa: la vivienda como alojamiento turístico

En Roma Norte, Roma Sur, Condesa e Hipódromo, el alojamiento turístico de corta estancia introdujo otra presión sobre el mercado habitacional.

Una investigación académica sobre estas colonias registró un aumento de 2 mil 898 viviendas anunciadas en Airbnb en 2019 a 5 mil 33 en 2023. El incremento fue de 74 por ciento.

La expansión de las plataformas permite la Especulación inmobiliaria: propietarios e inversionistas orientan inmuebles hacia visitantes temporales, con expectativas de rentabilidad distintas de las del arrendamiento residencial. El crecimiento de los alojamientos temporales puede influir en las rentas y en las decisiones de otros propietarios.

Sin embargo, el número de anuncios no equivale al número de viviendas retiradas del mercado residencial ni permite calcular cuántas familias fueron desplazadas. El fenómeno debe examinarse junto con los precios de vivienda, las condiciones de los contratos, la regulación de las plataformas y las decisiones de los propietarios.

Testimonios de desplazamiento

En julio de 2025, habitantes de la colonia Roma describieron en entrevistas periodísticas el encarecimiento de las rentas y los cambios experimentados en sus barrios. Sus testimonios muestran que la presión inmobiliaria forma parte de la experiencia cotidiana de residentes de larga permanencia.

Otros dos testimonios permiten observar las consecuencias de la dificultad para regresar a una vivienda después de una emergencia. Guadalupe Maldonado vivió durante 22 años en un edificio de Puebla 74, en Roma Norte, junto con otras 30 familias. El inmueble sufrió daños durante el sismo de 2017 y sus habitantes fueron desalojados con la promesa de regresar después de la rehabilitación.

Según contó en entrevista, el edificio fue remodelado y convertido en alojamiento de Airbnb. Ella permaneció en la zona porque un familiar le ofreció espacio. Natividad Hernández, quien vivió más de 35 años en Mérida 60, tampoco pudo regresar después del desalojo. De acuerdo con su testimonio, el apoyo de cuatro mil pesos mensuales que recibió para rentar no le permitió encontrar vivienda en la zona y terminó trasladándose a Chimalhuacán.

Desde allí realiza un recorrido de dos horas para llegar al trabajo y llevar a sus hijos a la escuela. En ambos casos, el sismo provocó los desalojos iniciales; la rehabilitación de los inmuebles y las condiciones posteriores del mercado dificultaron el regreso de sus antiguos habitantes.

Desplazamiento: el costo social de la valorización

La dificultad para medir el desplazamiento por colonia no significa que el problema sea inexistente. Significa que las fuentes disponibles no permiten establecer una cifra precisa de familias expulsadas por la gentrificación en cada territorio.

El propio Gobierno de la Ciudad de México reconoció en su Primer Informe de Gobierno 2024-2025 que el encarecimiento de la vivienda ha impedido a sectores de menores ingresos acceder a zonas centrales y ha contribuido a su desplazamiento hacia las periferias y entidades vecinas.

El proyecto del Plan General de Desarrollo 2025-2045 aporta una dimensión metropolitana. De acuerdo con su diagnóstico, entre 2000 y 2020 salieron de la Ciudad de México un millón 610 mil 992 personas, alrededor de 30 mil familias por año. Cerca de 70 por ciento se desplazó hacia la región metropolitana y megalopolitana, aunque continuó trabajando o estudiando en la capital.

El documento relaciona esa tendencia con el encarecimiento de la vivienda y la falta de opciones asequibles. También estima en 89 minutos el tiempo promedio de traslado metropolitano para las personas afectadas.

Más costos de la especulación inmobiliaria

El mismo diagnóstico señala que el precio promedio de una vivienda alcanza 3.9 millones de pesos, mientras 54.2 por ciento de los hogares dispone de presupuestos inferiores a 700 mil pesos para adquirir una.

La cifra de personas que salieron de la capital no equivale a un conteo de víctimas de gentrificación en las cinco colonias estudiadas. Es un indicador de desplazamiento residencial metropolitano que el diagnóstico relaciona con la crisis de vivienda y la falta de asequibilidad.

Los censos del INEGI muestran otra transformación estructural. Entre 2000 y 2020, la proporción de viviendas propias en la capital disminuyó de 70.1 a 55.6 por ciento, mientras las viviendas alquiladas aumentaron de 20.5 a 24.5 por ciento.

Estos datos no prueban que la gentrificación haya causado por sí sola el cambio en la tenencia. También intervienen factores demográficos, económicos y familiares. Pero, junto con los incrementos de precios y rentas, permiten observar un mercado habitacional cada vez más difícil para determinados sectores.

La consecuencia territorial es una ciudad donde muchas personas deben buscar vivienda lejos de sus centros de trabajo, estudio y redes familiares. El ahorro en el alquiler puede convertirse en más horas de traslado, mayores gastos de transporte y menos tiempo disponible para la vida cotidiana, productos también de la especulación inmobiliaria.

Cuando la transformación urbana se convierte en urbicidio

La pérdida de una comunidad no requiere que desaparezcan sus edificios. También puede ocurrir cuando se rompen las relaciones sociales, las prácticas cotidianas y las formas de convivencia que dan sentido a un barrio.

Giovanni Perea Tinajero, investigador sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, plantea que la gentrificación puede entenderse como una forma de urbicidio. En entrevista con UNAM Global, publicada el 12 de noviembre de 2026, explicó que la muerte de una ciudad puede producirse mediante la transformación de sus espacios y relaciones sociales, no solamente por la demolición de construcciones.

El académico sostiene que los inmuebles han adquirido una función de intercambio comercial: se utilizan para generar rentas, intereses y financiamiento, es decir, para la especulación inmobiliaria, mientras pierden su función como espacios para habitar.

Perea Tinajero también advierte que quienes no pueden pagar los alquileres terminan desplazándose hacia zonas distantes, con traslados cotidianos que pueden consumir entre tres y cuatro horas. El costo no se limita al dinero: afecta el descanso, la salud y la convivencia familiar.

Su planteamiento coloca el derecho a la ciudad en el centro del debate. No basta con tener acceso a una vivienda en cualquier punto de la metrópoli; también importa poder permanecer cerca del trabajo, los servicios, los espacios públicos y las redes comunitarias.

Los desafíos frente a la especulación inmobiliaria

La especulación inmobiliaria puede elevar el valor económico de una zona mientras deteriora las condiciones sociales que hacen posible habitarla.

La contradicción atraviesa los casos de Santa Fe, Centro Histórico, Nuevo Polanco, Xoco y Roma-Condesa. La inversión transforma el territorio, pero sus beneficios y costos no se distribuyen de manera equitativa.

El desafío no consiste en impedir toda renovación urbana ni en responsabilizar a quienes llegan a vivir a un barrio. Consiste en regular el mercado, garantizar vivienda asequible y evitar la especulación inmobiliaria, a fin de que no ocurra que la rentabilidad del suelo determine quién tiene derecho a permanecer en la ciudad.

Cuando la posibilidad de habitar depende cada vez más del poder adquisitivo, la pregunta deja de ser cuánto vale una colonia y se convierte en quién puede seguir viviendo en ella.


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Etiquetas: CDMXgentrificaciónPortada 1vivienda
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