La Fiscalía General del Estado de Quintanan Roo confirmó la detención de la exalcaldesa de Playa del Carmen, Roxana Lili Campos, como lo informó el Registro Nacional de Detenciones, que refiere la captura el día de ayer en la confluencia de las calles Emiliano Zapata y Congreso de la Unión, en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.
La exprimera edil fungía como fiscal de Investigación contra el Narcomenudeo de la Fiscalía General de Justicia en la capital del país. Trascendió que según la Auditoría Superior de la Federación enfrenta faltantes por más de 60 millones de pesos del ejercicio fiscal 2023 en Playa del Carmen.
Por este motivo, el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo la llamó a comparecer; sin embargo, habría evadido sus responsabilidades mediante amparos y constancias médicas.
Fiscalía investiga a Lili Campos por presunto daño al erario por más de 62 millones de pesos
Al respecto, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cumplimentó orden de aprehensión, en la Ciudad de México, en contra de Roxana Lili “N”, por su probable relación en hechos posiblemente constitutivos del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en perjuicio del municipio de Solidaridad, hoy Playa del Carmen.
La investigación señala que las presuntas irregularidades ocasionaron un daño económico al erario superior a 62 millones de pesos, relacionado con contratos públicos para el lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
De acuerdo con las indagatorias, durante su administración el gobierno municipal otorgó irregularmente tres licitaciones públicas a un particular, entre 2022 y 2024, para prestar ese servicio.
Investigan contratos por lavado de vehículos municipales
En ese entonces, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales contaba con un parque vehicular de 123 unidades, de los que daban cuenta de hasta 865 lavados durante un mes, sin días de descanso, aun cuando la empresa encargada únicamente contaba con 15 empleados.
Asimismo, el prestador del servicio no tenía los comprobantes fiscales digitales por internet de los primeros contratos y aún así, continuaron los pagos no comprobables de más de 62 millones pesos.
Cabe destacar que los servidores públicos involucrados en los hechos mencionados, fueron omisos al no cumplir con su facultad de revisión y seguimiento, ya que no verificaron el cumplimiento, así como tampoco se cercioraron de que contaran con la documentación de soporte que exige la ley en la materia.



